Rolando Cordera Campos
El Financiero
18/06/2020
De primeros auxilios para las empresas, en especial las pequeñas y medianas no preparadas para sostener(se) largos periodos sin flujo de caja, la Coparmex avanza tres propuestas solidarias: salario, bono y seguro. Solo con medidas audaces, firmes y decididas, podremos evitar la desaparición de un amplio universo de empresas de todos tamaños, pero con predominio claro de las pequeñas y micros, donde se refugia buena parte del trabajo que no encuentra acomodo en firmas de mayor tamaño, o de las que salen desengañados por el mal trato y los peores salarios.
Uno hubiera esperado que desde sus primeras llamadas y proclamas el gobierno de Morena planteara el drama salarial que nos aflige y constituye la antesala de la tragedia laboral mexicana. Forjado en los primeros años de la gran crisis de 1982, precipitada por un sobreendeudamiento que pronto fue presentado como insolvencia, el desplome laboral se tornó representación grotesca cuando el trabajo se puso en manos de un caciquismo gremial impresentable.
Cabeza del trabajo organizado en la industria emergente gracias al TLCAN, una camarilla de regentes laborales se volvieron bucaneros de la negociación salarial, inventaron y firmaron contratos de trabajo y “protección” y llevaron a la industria moderna y exportadora a reproducir salvajemente una estructura distributiva injusta, heredada de los años del ajuste draconiano del presidente De la Madrid y perpetuada en las nuevas franjas de la modernización económica y productiva, alabadas por profetas y publicistas del cambio estructural.
La evidencia es contundente: millones de mexicanos ocupados que apenas ganan un poco más o menos del equivalente a tres salarios mínimos, no más del 5 por ciento percibe ingresos equivalentes a cinco o más salarios mínimos y la población calificada como informal, porque no tiene seguro social y a veces ni contrato de trabajo, ronda 50 por ciento del total de la población económicamente activa. ¿Puede haber una conclusión diferente a decir que México es un país con muchos ciudadanos pobres y vulnerables, porque carecen del acceso elemental a bienes públicos garantizados constitucionalmente como derechos humanos? Hablamos de millones de personas que, como pueden, buscan “mejorar” su situación doblando o triplicando jornadas y muchos otros se forman en las filas del subempleo donde hoy no alcanza, pero da la impresión de que mañana sí.PUBLICIDAD
Una gran porción de este trabajo indecente, como se le llama en la OIT y la ONU, que nos divide y hace impresentables ante la sociedad internacional, encuentra cierto alivio en pequeñas y medianas empresas que combinan bajos salarios, informalidad y escaramuzas cotidianas con los inspectores del IMSS o las secretarías de Hacienda o del Trabajo. En ese continente perdido o ignorado por muchos, asombrosamente se tejen formas varias de solidaridad, algunas extravagantes, bajo la explotación más extrema.
Surgen así varias culturas de supervivencia y de la pobreza que en buena medida explican la intrigante estabilidad laboral y social mexicana en estos duros años de cambio y empobrecimiento social. La pasividad a cambio del sustento, o de la oportunidad de obtenerlo.
Podemos quedarnos con los testimonios y relatos de la explotación y carencia de derechos que imperan en esos desiertos o acudir al estigmatismo moral que nos rodea y nos permite ver, pero “no darnos cuenta”. Pero lo que no podemos seguir haciendo es soslayar que es en ese páramo de la productividad y los ingresos de subsistencia o casi, para empleados y muchas veces para empleadores, donde se asegura la vida cotidiana de muchas familias obligadas por tanta precariedad a convertirse en impetuosas fuerzas productivas donde todos están expuestos a la extrema informalidad y se las arreglan para conseguir el chivo diario. Por su parte, los más nuevos, los muchos niños, hacen fila.
Es, precisamente, de ese trabajo del que ahora hablamos y para el que junto con otras voces patronales, académicas, políticas, sociales y partidistas, pedimos medidas de protección para quienes ahí laboran y se sostienen. Son fuentes de empleo o ingreso que fueron tempranamente contenidas para enfrentar a un bicho ajeno a sus planes. Y a los de todos.
El alivio no es rescate, debe verse como asistencia obligada. Es solidaridad porque ve en los apoyos directos y urgentes, con dinero y comida, la justificación más elemental de una legitimidad extraviada y que este gobierno prometió recuperar y volver ariete de una transformación magna. “Tenemos ante el mundo la responsabilidad de construir una propuesta posneoliberal y de convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales” (https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf).
Esa responsabilidad hoy debe traducirse en recursos abundantes para esas empresas y sus trabajadores, para evitar que engrosen las legiones de náufragos de un proyecto modernizador que ya dio de sí y que además no cumplió. De aquí la pertinencia de las tres propuestas solidarias de la Coparmex con cargo a todos nosotros. Fue en defensa de nuestra salud, bien público como pocos, que esas empresas y esos trabajadores entraron en suspenso. Tan solo por esto, que no es dato menor, debemos evitar que caigan y ver su derrumbe como si fuera ley natural. La solidaridad debe volverse política concreta y para ya.
Insistir en la visión y el discurso de que, tras el diluvio, ese devastado mundo de las pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores, bajará de la barca y echará a andar es, por decir lo menos, una ingenuidad económica y social. Convertida en política puede ser algo más que un crimen.