María Marván Laborde
Excélsior
07/06/2018
Para no entrar en el juego de las personalidades de los diferentes candidatos y quién puede poner en mayor o menor riesgo a la democracia, me parece interesante echar un vistazo al diseño constitucional y algunas leyes que hoy tenemos. Son estas las que proporcionarán, de entrada, el marco normativo con el que deberá iniciar el próximo mandatario.
Los Órganos Constitucionales Autónomos (OCA), once en total, son producto del proceso de transición a la democracia y han replanteado la división de poderes. Todos ellos acotan al Poder Ejecutivo y han fortalecido al Poder Legislativo, al menos en la capacidad de nombramiento de los titulares.
El Banco de México fue la primera institución del Estado mexicano que obtuvo el rango de OCA en 1993, siendo presidente Salinas de Gortari. Desde su creación hasta que se reformó la Constitución para darle autonomía, pertenecía al sector de la Secretaría de Hacienda.
En el sexenio de Zedillo se elevaron a rango constitucional autónomo dos instituciones creadas en sexenio anterior, en gran medida por la crisis de legitimidad con la que llegó al poder Salinas de Gortari. El Instituto Federal Electoral (ahora INE), en 1996, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 1999. Las dos estaban en el ámbito de acción de la Secretaría de Gobernación.
En 2002, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuyo antecedente institucional fue la Dirección General de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública, se convirtió en OCA y en 2006 tocó el turno al Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Esta fue la aportación foxista a estos organismos.
En este sexenio se transformaron en OCA la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (2013). Un año después, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y, de manera inconclusa, la Fiscalía General de la República, todos transformados en 2014.
Los legisladores tienen la facultad de intervenir en el nombramiento de los titulares de estas once instituciones; siempre deben hacerlo con el voto de las dos terceras partes de la Cámara responsable. Invariablemente, en la repartición de cuotas han participado PAN, PRI y PRD. Vale la pena hacer notar que Morena no ha sido tomado en cuenta para las cuotas, paradójicamente, esto puede convertirse en mayor autonomía de los OCA en el futuro inmediato.
El próximo presidente deberá someter a aprobación de la Cámara de Diputados su propuesta de secretario de Hacienda y del Plan Nacional de Desarrollo. El Senado participará en la designación del fiscal General, del secretario de Relaciones Exteriores, asimismo aprobará la Estrategia de Seguridad Nacional.
Este pequeño recuento debería obligarnos a reconocer que hay herramientas constitucionales para
controlar las ansias autoritarias de cualquiera que gane la Presidencia.
Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. También en este sexenio se han aprobado dos leyes ampliamente criticadas porque, lejos de servir a los propósitos democráticos, favorecen la concentración del poder en el Ejecutivo y se le dota de facultades extraordinarias, a tal punto que ambas se encuentran en este momento impugnadas ante la SCJN porque es dudosa la constitucionalidad de las mismas. Me refiero, por supuesto, a la Ley de Seguridad Interior, promulgada apenas en diciembre de 2017 y la muy reciente Ley General de Comunicación Social, apodada Ley Chayote, del pasado 11 de mayo.
En conclusión, existen medios legales y constitucionales para contener las ansias autoritarias del próximo presidente de la República y también hay poderosos instrumentos legales para exacerbar su posible autoritarismo.