María Marván Laborde
Excélsior
16/06/2016
De acuerdo con el juez que el año pasado revisó su solicitud de liberación anticipada, debió haber sido condenado de por vida; sin embargo, la pena que se le impuso fue muy corta. Entregó información a las autoridades americanas a cambio de años de libertad. Es un hombre relativamente joven, apenas cumplió los 55, así que podemos suponer que puede vivir hasta 30 años más.
La deportación en su momento parecía una buena solución. Sin embargo, la brevedad de la condena ahora nos regresa la responsabilidad de su futuro en libertad. ¿Qué va a hacer Palma de ahora en adelante? ¿A qué se va a dedicar? ¿Cómo se ganará la vida?
La teoría nos dice que la privación de la libertad tiene como objetivo central reeducar al reo para vivir respetando las leyes y así funcionar armónicamente en sociedad. Es decir, prepararlo para su reinserción en la comunidad. Dicen algunos periodistas que la PGR ha estado buscando procesos pendientes que permitan volver a encerrarlo, de no encontrarlos habrá que dejarlo en libertad. Eso quiere decir que hay temores sobre el éxito de su readaptación. Por eso nos obligan a preguntarnos ¿qué va a hacer el Estado mexicano con él?
Usar la información de su propia organización y de otras como moneda de cambio puede haberle generado enemigos. ¿Es obligación del Estado mexicano cuidar de su vida? ¿Cómo establecer a su alrededor un círculo de vigilancia que alerte al sistema si es que reincide? Ya veremos si sus años como prisionero han hecho de él una persona capaz de vivir pacífica y honestamente, alejado de la vida criminal.
Es irónico que Palma regrese justo cuando se vence el plazo constitucional para la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio y, además, en un momento crítico del sistema penitenciario. La fuga de El Chapo Guzmán hace un año, el motín de Topo Chico, que dejó 49 muertos en febrero de este año, las recientes fugas del Reclusorio Oriente en la Ciudad de México y el incendio de esta semana en la cárcel de Barrientos en Tlalnepantla de Baz son síntomas de una profunda crisis.
Justo cuando debíamos concluir una verdadera reforma al sistema de justicia, su putrefacción nos encara retadora. Jueces, custodios, ministerios públicos, todos parecen cómplices. Ocho años de transición y muchos millones de pesos fueron tirados a la basura. El plazo constitucional ha vencido. Lo que debió haber sido un proceso de reconstrucción con adecuaciones en las procuradurías, los juzgados y las cárceles se convirtió en un acelerador del desastre.
Hace tiempo Adela Micha entrevistó a Popeye, uno de los sicarios más sanguinarios a las órdenes de Pablo Escobar. En la entrevista hay claves indispensables para entender qué hizo bien Colombia y qué no hemos hecho nosotros. Dice Popeyehaber entrado a la cárcel porque se entregó él mismo gracias a la política de sometimiento. Desde su perspectiva, Pablo Escobar le ganó la guerra al Estado. La deportación fue prohibida constitucionalmente.
El sicario aprendió a matar a los 17 años y confiesa que asesinó directamente al menos a 250 personas. Le fascinan las armas. En sus 23 años en prisión se convirtió al cristianismo y dice haber aprendido a llevar pan a su mesa sin sangre. Gana dinero vendiendo su historia. Formalmente coopera con las autoridades colombianas. (https://www.youtube.com/watch?v=e5tUG1UhH9k)
Al mismo tiempo que cuenta su cambio personal, habla de la transformación esencial del sistema judicial colombiano. Se erradicó la corrupción de manera sistémica y para ello hubo cambios de fondo en jueces, policías y personal de las cárceles, éstas se rehicieron completamente. Las comparaciones son odiosas, pero ese proceso no ha iniciado en México, el tiempo ya nos alcanzó, terminó la vacatio legis y en cuestión de días tendremos de regreso a El Güero Palma.