Jacqueline Peschard
La Crónica
29/07/2020
La designación de los cuatro nuevos consejeros del INE fue, al final, un proceso apegado a la norma en cada uno de sus eslabones, pero sobre todo fue una lección de operación política. A pesar de los intentos de quebrar el proceso y de imponer la mayoría de Morena y sus aliados para seleccionar a consejeros afines, hay que reconocer que la coordinación de la Jucopo privilegió el trabajo político de construcción de acuerdos, para que los seleccionados fueran avalados por el consenso de todos los partidos ahí presentes.
Por extraño que parezca, porque esa es justamente la función de la Junta de Coordinación Política de cada cámara, la edificación de consensos no es una práctica frecuente en nuestros órganos de representación política y menos en estos tiempos de una coalición dominante en la Cámara de Diputados. Por supuesto que también contribuyó a esta buena operación, el profesionalismo del Comité Técnico de Evaluación, nombrado por los propios diputados y la movilización de un importante número de organizaciones ciudadanas a favor del consenso, que es la vía por excelencia para inyectar legitimidad a los nombramientos y, por extensión, a la autoridad del INE. Dicho de otra manera, fue la suma de varios elementos virtuosos lo que hizo posible que se procesara bien esta designación de los cuatro integrantes de uno de los más conspicuos organismos constitucionales autónomos. Pero, está claro que una golondrina no hace verano.
El gobierno de AMLO ha manifestado recurrentemente su incomodidad y hasta su franca desaprobación de los organismos constitucionales autónomos, aprovechando su exposición mediática de cada mañana. Esta constante descalificación no es ni trivial ni intrascendente, porque es pronunciada desde la más alta magistratura del país, echando mano de todos los reflectores a su alcance y una narrativa tan reiterada tiene un impacto en el imaginario social. Está claro que para un gobierno que está empeñado en concentrar el poder en la presidencia, las entidades que orgánicamente están fuera de su línea de mando directo, por disposición constitucional y porque sus funciones técnicas y especializadas así lo requieren, le resultan incómodas y ello hace que se busque por distintos medios limitar o dañar su autonomía.
Para, al menos, reducir la autonomía de dichos organismos, el gobierno y su partido han intentado, además de desplegar una narrativa de constante descalificación, explorar fórmulas para influir en el nombramiento de sus titulares, echando mano de sus voceros especializados en quebrar acuerdos políticos, o simplemente imponiendo su mayoría al margen de cualquier deliberación plural. A veces, optan simplemente por retrasar la renovación de dichos organismos para mermar su operación. Hay que recordar que están pendientes los nombramientos de dos comisionados del INAI y del IFT. Otra práctica recurrente ha sido reducir arbitrariamente los presupuestos de las instituciones, poniendo en riesgo su propia operación.
Los nombramientos de los titulares de organismos constitucionales autónomos están diseñados para ser complicados, justamente porque su autonomía hace que no tengan una subordinación orgánica y vertical al Poder Ejecutivo, pues de lo que se trata es de asegurar que desempeñen sus funciones sin adhesión al partido en el gobierno y a ninguno otro. De ahí que las designaciones sean facultad de una mayoría calificada de alguna de las cámaras del Congreso, o que impliquen la intervención de más de uno de los poderes para evitar correas de transmisión con el gobierno. No obstante, es natural que el presidente de la República tenga alguna posición o preferencia respecto de dichas designaciones y el vehículo para transmitirla es el propio partido en el gobierno y la fuerza numérica de dicho partido puede hacer la diferencia. Actualmente, la tentación de imponer la mayoría está siempre presente.
Sólo hay que recordar el nombramiento de la titular de la CNDH, el año pasado, que fue producto de una votación amañada en el Senado de la República, donde la coalición de Morena no tiene mayoría calificada. Al ser incapaz de procesar el acuerdo con otras fuerzas políticas, se optó por algo extremo que atropelló la norma, es decir, se alteró el recuento de los votos para favorecer a la candidata preferida del presidente de la República. Dicho nombramiento sin fundamento legal, reveló que la mayoría morenista en la Cámara Alta estaba comprometida, más que con el cumplimiento de la ley y los procedimientos de selección acordados, con la lealtad a la voluntad presidencial. La trampa en el recuento y la interpretación sesgada del cumplimiento de los requisitos de la candidata para ocupar el cargo, mostraron que la imposición de la mayoría en contra de la ley es posible y que el gobierno y su partido están dispuestos a asumir los costos de dicha infracción porque es algo poco tangible en el corto plazo y porque la opinión pública olvida rápidamente. El efecto del nombramiento irregular ha sido la merma en la credibilidad del máximo organismo de defensa y protección de los derechos humanos, pero tal parece que es algo irrelevante para el gobierno.
Para que la buena experiencia del nombramiento de los 4 nuevos consejeros electorales se replique en las designaciones que están pendientes es indispensable la participación activa de la ciudadanía. De ello depende que la golondrina sí haga verano.