Jacqueline Peschard
La Crónica
17/03/2021
Sucedió lo esperado. Salgado Macedonio volvió a ganar en la segunda encuesta para medir respaldo de los militantes de Morena para ser candidato al gobierno de Guerrero. De acuerdo con los resultados oficiales de la encuesta que nadie conoció ni su origen, ni su metodología, ni siquiera si verdaderamente existió, la ventaja de Salgado sobre su más cercana contendiente, Adela Román, fue de más de 20 puntos, con lo cual quedó ratificada su candidatura.
Las protestas tanto de las víctimas, como de las feministas de Morena se acallaron, después de que habían abrigado la esperanza de que el partido gobernante se librara de una candidatura que no sólo agravia a las militantes y dirigentes, sino a todas las mujeres del país, además de que vulnera la imagen de Morena y envilece a toda nuestra vida política. Esa es la magnitud de la determinación de los dirigentes de Morena y del presidente de la República. La pregunta que se antoja pertinente es si después de la segunda encuesta, había algo más que hacer para evitar que un “violador sea gobernador”, es decir, si las feministas del partido cuentan con algún recurso para inconformarse y si hay posibilidades de que intervengan las autoridades electorales. Hay que recordar que los estatutos de Morena establecen que las encuestas son una de las vías para seleccionar a sus candidatos a cargos de elección y la Comisión Nacional de Elecciones, que está presidida por el presidente del partido califica y valida dichos resultados, los cuales, de acuerdo con el artículo 44 son inapelables.
Cuando el pasado 4 de marzo, Félix Salgado fue registrado como candidato ante el órgano electoral de Guerrero, las muestras de inconformidad se hicieron presentes. El INE recibió una queja en el marco de la Ley en Contra de la Violencia de Género, sin embargo, no era competente para atenderla por tratarse de un asunto local. Aunque en el seno del instituto electoral del estado, una de las consejeras se pronunció por no otorgarle el registro por el solo hecho de que existieran denuncias formales en su contra por violación y acoso sexual, la falta de una sentencia judicial y la presunción de inocencia mantenían vigentes sus derechos políticos y el registro se realizó. La formalidad jurídica se impuso por encima de valores como la dignidad de las mujeres y los derechos de las víctimas.
Desde entonces, estaba claro que el caso no era un asunto jurídico, tanto por el fuero que ha protegido a Salgado Macedonio por los distintos cargos de elección que ha ocupado, como por la complicidad de las autoridades de procuración de justicia de Guerrero que han retrasado la investigación sobre las denuncias. La única manera de echar abajo la candidatura era por una decisión política, en atención a los costos electorales y morales que tendría para el partido mantenerla. Nada de eso fue tomado en consideración por la dirigencia del partido.
Los estatutos de Morena establecen que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano facultado para salvaguardar los derechos de los miembros del partido y para velar por el respeto a los principios democráticos y, en función de ello, dictar resoluciones por actos que violenten dichos principios. Cuando la mencionada Comisión decidió reponer el procedimiento de selección del candidato, legisladoras y militantes de Morena celebraron la respuesta, pero hoy está claro que todo fue una simulación para aparentar que existe vida interna dentro del partido y que no todo está decidido desde la Presidencia de la República.
De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos (artículo 40º), los militantes de un partido pueden impugnar ante tribunales las resoluciones de los órganos internos cuando afectan sus derechos político-electorales y una vez que se han desahogado los procesos dentro del instituto político. Alguna de las contendientes que figuraron en la encuesta podría haber interpuesto una queja ante el Tribunal Electoral de Guerrero, sin embargo, éste no será el caso. Hay quienes sugirieron que la salida era pedir a Salgado Macedonio que renunciara a su candidatura, pero ello implicaría que reconociera sus actos. La paradoja de todo el periplo de las encuestas, es que la desprestigiada figura del candidato de Morena al gobierno de Guerrero, lejos de haberse debilitado, se ha alzado con nuevos bríos.
La forma como la dirección nacional de Morena resolvió el caso es una prueba no sólo de que no existe democracia interna dentro del partido, sino que hay una ausencia de sensibilidad hacia lo que sucede fuera de los muros del instituto político y que se expresa cotidianamente en los actos de violencia en contra de las mujeres, es decir, las víctimas no están en la mira de los dirigentes.
En cualquier partido con una vida interna propia y con principios democráticos, las solas denuncias por violación y abuso sexual habrían sido suficientes para cancelar las aspiraciones del presunto violador, por ser una candidatura impresentable. Las feministas de Morena doblaron los brazos, renunciaron a sus derechos como militantes y prefirieron trasladar a los electores de Guerrero la decisión de impedir que sea gobernador un presunto violador.