Jacqueline Peschard
El Universal
02/03/2015
Esta no es la primera vez que la autoridad electoral enfrenta una crisis de credibilidad, pero, a diferencia de las anteriores, en esta ocasión, la situación es más grave porque se ubica en un contexto generalizado de desconfianza en nuestras instituciones públicas y de fuerte inconformidad social. Un proceso electoral cuestionado, o peor aún, obstaculizado, puede generar una ruptura institucional y no alcanzo a ver quién puede salir beneficiado de la misma.
En 2006, la crisis del IFE ocurrió al final del proceso electoral, como consecuencia de la polarización que provocaron los resultados tan cerrados de la elección presidencial, es decir, aunque fue muy profunda y tocó a toda la autoridad electoral, tanto administrativa como jurisdiccional, no puso en juego el desarrollo mismo de los comicios. Quizás la crisis actual se asemeja a la de 1999 cuando, en pleno proceso electoral, el PRI se retiró de la mesa del Consejo General por considerar que la conducta de algunos consejeros electorales no era imparcial, pero hasta ahí llega la semejanza.
Hasta donde recuerdo, en aquel entonces, la impugnación del PRI fue porque una mayoría de consejeros había aprobado incluir en una sesión extraordinaria del Consejo General un punto de acuerdo, propuesto por el PRD. Por reglamento, en sesiones extraordinarias no pueden incorporarse temas adicionales a los previamente agendados. Además de que el agraviado entonces era el partido en el gobierno, mientras que ahora los 7 partidos en rebeldía agrupan a la oposición, la razón del reclamo a la autoridad es mucho más severo, porque se le acusa de inclinarse a favor de la coalición de partidos en torno al gobierno.
Tienen razón los 7 partidos de quejarse de la conducta abusiva del PVEM que ha invadido los espacios de comunicación electrónica con sus campañas políticas, no sólo violentando las normas electorales, sino desacatando flagrantemente las medidas cautelares dictadas por la autoridad para corregir sus infracciones. Sus promocionales siguen transmitiéndose en las salas de cine y la sanción de la Sala Especial del Tribunal Electoral apenas llegó a una amonestación pública, lo cual ha alimentado la percepción de que la autoridad ha sido omisa o permisiva. Sólo el Partido Verde ha salido beneficiado de esta circunstancia, porque las encuestas muestran un incremento en sus preferencias electorales. En cambio, la autoridad electoral ha salido severamente dañada y aunque los 7 partidos agraviados pretenden concentrar la responsabilidad en el consejero presidente, hay que recordar que ellos mismos son parte del máximo órgano electoral, por lo que la caída en su credibilidad los afecta también. Los partidos son corresponsables del deterioro de la imagen del INE.
Se ha insistido en que el problema de fondo es que los consejeros electorales son producto de las cuotas de los partidos en el Congreso, pero desde que el IFE es autónomo, siempre han sido nombrados de esa manera. La diferencia está en que existan consejeros que actúen como correas de transmisión de los intereses de los partidos, en lugar de asumir su obligada ingratitud hacia ellos, como condición necesaria para asegurar que se cumplan los principios de una autoridad que tiene que ser árbitro imparcial.
Para que retornen los 7 partidos a la mesa del Consejo General, es urgente que la Comisión de Quejas del INE proponga ya una sanción ejemplar a PVEM. Es indispensable demostrar que el fraude a la ley en el que ha incurrido tiene consecuencias importantes, capaces de inhibir futuras conductas ilegales. Sólo así se mandará el mensaje contundente de que la autoridad no es condescendiente con quienes incurren en conductas que rompen el principio esencial de equidad en las contiendas.