Ricardo Becerra
La Crónica
21/01/2018
Una de las novedades del proceso de Reconstrucción en la Ciudad de México es la utilización de la informática y el internet para conocer la magnitud del daño, la ubicación del daño y ahora también para garantizar los derechos de las personas damnificadas.
El Jefe de Gobierno lo ordenó y gracias a un trabajo inmenso, desarrollado con la prisa que la emergencia exigía, a unos cuántos días del terremoto, Secretaría de Finanzas y Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México emprendieron un proyecto muy útil que constituye la primera guía pública que nos aproxima al tamaño de los problemas que el malhadado sismo heredó.
Miles de ingenieros, arquitectos, funcionarios del gobierno central y delegacionales, voluntarios, salieron a la calle desde el 19 de septiembre para emitir un sencillo veredicto, casa por casa y edificio por edificio: ¿puedes quedarte a dormir en tu vivienda dañada? Si o no y porqué. A ese veredicto se le llama “cédula post-sísmica”.
Pero la atención a la emergencia requiere de más rigor: si tu vivienda está visiblemente traqueteada necesita entonces un dictamen, la definición oficial sobre el destino de tu inmueble (debe ser demolido; admite un reforzamiento; necesita una obra importante; o puede ser rehabilitado rápidamente).
Dicho de manera llana eso es lo que se llama “grado de afectación de los inmuebles” y no lo define cualquiera, sino un especialista entrenado, acreditado en su gremio y ante el Gobierno: los famosos DRO o los CSE (para abreviar). Ese documento se convierte en el pasaporte, en la llave que permitirá a las personas afectadas recibir el apoyo configurado en diversos programas del Gobierno central.
¿Es un documento reservado o secreto? De ninguna manera, es un documento del más alto interés público porque trata de la seguridad (o no) de las personas que lo habitan, de sus vecinos, de los transeúntes, etcétera. Y por eso, porque lo manda la ley, la Plataforma se transforma: ya no es un inventario general de daños detectados a toda prisa, sino un sitio donde se publica el dictamen, el grado de daño y por tanto el alcance del apoyo que cada quien recibirá. Es, en resumen, el compromiso público de la Ciudad de México con sus habitantes lastimados por aquella sacudida.
Se han de imaginar la magnitud y el cuidado que requiere este esfuerzo, delegación por delegación, colonia por colonia, manzana por manzana y predio por predio.
Como la vida de la Ciudad de México transcurre en un vértigo masivo, las cosas cambian día con día. A dónde no había acudido un DRO, ya lo hizo. A donde había un edificio inclinado, ya está demolido: por eso cambia su grado de riesgo. Y al revés: un edificio sin mayor daño aparente es examinado con cuidado y resulta con daños muy graves; una casa en perfecto estado, sin embargo, se haya construida sobre una grieta que se ensancha metros abajo y la convierte en inhabitable.
Por eso La Plataforma CDMX es “dinámica”, se actualiza cotidianamente para otorgar certidumbre de la información contenida para su consulta. Y esto es lo que debe saberse: ningún predio que haya sido sujeto de dictamen quedará fuera de la Plataforma, una vez más, porqué así lo marca la ley de Reconstrucción.
Y algo más: la ingeniería y la arquitectura no son ciencias exactas, sino disciplinas, de modo que un mismo edificio puede ser diagnosticado de manera diferente, depende el criterio del arquitecto o ingeniero que lo dictaminó. Por eso, en aquellos casos donde existen discrepancias o en aquellos puntos que tuvieron cambios en su clasificación, se instalará una mesa de conciliación entre las agencias del Gobierno que han cargado de información y la propia Comisión de Reconstrucción.
La certeza esencial es esta: todos, absolutamente todos, los inmuebles que hayan sido incorporados y dictaminados en la plataforma a lo largo de estos 4 meses (y durante casi dos meses más), deberá ser ubicado y clasificado por el personal de la Comisión.
Lo siento, abogados, pero esto es un principio inventado por un economista dieciochesco: el reformista Anders Chydenius “nada garantiza más el derecho de los ciudadanos, que la publicidad de su relación con su gobierno”. La informática y el Internet han venido a confirmarlo.