Ricardo Becerra
La Crónica
15/04/2018
1.- No recuerdo una sentencia más criticada, más unánimemente reprochada, que la que nos regaló la semana pasada el Tribunal Electoral. El señor Bronco es candidato ¡a la Presidencia de la República! Por gracia de una resolución judicial, sin haber cumplido con los requisitos –los apoyos mínimos– que exige la ley. Busco en los periódicos, en la red, y no encuentro más de tres comentaristas que elaboran algo para defender esa decisión. No sólo eso: el Tribunal, su Sala Superior y sus salas regionales han hecho fama por sus resoluciones extravagantes, ilógicas, incoherentes. Cómo no recordar la anulación de la elección en Morelia por la gravísima transmisión de un calzoncillo con el logo del PRI en una pelea de box. O la más reciente, que no quiso ver el rebase de topes de campaña en Coahuila, en un cuidadoso operativo de descuentos.
No obstante, creo que ésta pasará a la historia como la resolución más estrafalaria e insostenible que haya producido jamás la justicia electoral mexicana. Sus señorías han regalado una candidatura presidencial a quien no cumplió los requisitos. Ni más ni menos.
2.- Al hacerlo, abrieron una fisura más honda en la de por sí cuarteada relación entre la autoridad administrativa (el INE) y la autoridad judicial. Horas y horas de trabajo, desarrollo de aplicaciones útiles, revisiones de millones de credenciales, centenas de audiencias, larguísimas discusiones en un colegiado de por sí difícil y enredado… para que, de un plumazo, el Tribunal (cuatro magistrados) lo desconozcan todo.
3.- ¿Y los demás independientes, que a la buena buscaron colmar los requisitos de ley e ir en búsqueda de apoyos fidedignos sin poder conseguirlo? ¿Qué piensan ellos, que sí intentaron cumplir con la ley? ¿Cuál es el efecto de la sentencia del Tribunal? Pues que en este país importa más la litigiosidad, la queja judicial, las añagazas de abogados, que el simple y llano compromiso con la ley.
4.- El daño autoinflingido es enorme. La credibilidad del Tribunal cruza por sus horas más bajas. Lo suyo no es defender lo que dice la ley, sino la interpretación conveniente, siempre contradictoria. ¿Por qué a Ríos Piter no se le dio el pase automático a la boleta y, en cambio, fue emplazado para demostrar sus adhesiones (si las tiene) en diez días? Prácticamente los mismos casos (no logran el número de apoyos ciudadanos que exige la ley) pero se resuelve de manera muy diferente. Criterios fuera de lógica, pero tampoco constantes y coherentes. Se disipa así la producción de certeza, o sea la principal misión del Tribunal Electoral.
5.- La figura misma de los candidatos independientes (tan prometedora para algunos) queda dañada –acaso más– que la de los partidos y los políticos profesionales. El territorio de los independientes no es el de los ciudadanos ejemplares, el aire fresco, la inyección de ética necesaria para nuestra vida pública. Por el contrario: los llamados independientes resultaron tan contumaces, tan torcidos, tan pendencieros y tan dispuestos a violar la ley como los criticados políticos de los partidos.
6.- Súbitamente, la competencia electoral se deforma. A la sensación de una impostura en la boleta, de una candidatura mal habida, se suma el replanteamiento de toda la organización electoral: reparto de dinero público al que llegó con trampas; tiempo en radio y televisión; un lugar en los debates nacionales; nuevo diseño de boletas; un representante en el Consejo General, en otros órganos colegiados y un larguísimo etcétera, que exigirá más trabajo, complicación y gasto electoral.
7.- Un factor poco visto: nos volvimos un poco menos presentables ante el concierto internacional. Revisen la prensa norteamericana, la del sur del continente e incluso la europea: el extraño caso de un candidato a la Presidencia, que lo es sin cumplir las exigencias legales. Después de esta sentencia, somos un país menos serio, el prestigio del sistema electoral mexicano retrocede, ahora es un poco menos respetable ante los ojos del mundo.
8.- Y el ambiente se envenena. De suyo, las campañas habían cruzado por acusaciones de baja laya, pleitos de barandilla y señalamientos delictuosos. Pero las autoridades electorales –los árbitros– no eran parte de ese potaje. Hoy han entrado de lleno al mundo de las sospechas y las elucubraciones. ¿A quién beneficia la entrada de El Bronco? ¿A quién va a perjudicar? Sus señorías ¿obedecieron consignas políticas o gubernamentales? Y por supuesto, se afilan los cuchillos. No pocos sueltan la especie mefítica: deben irse, ellos, los magistrados y ya de pasada, en el acto purificador, también los consejeros.
La resolución del Tribunal ha causado aún más daños, pero se me acabó el espacio. Mas, atentos: aún nos quedan diez semanas para otras tantas sentencias que intoxiquen el proceso electoral.