Javier González Garza
Reforma. 01/10/2008
La democracia no se puede resumir en un solo día de elecciones, la democracia de nuestro país se robustece diariamente con la constante y creciente participación social de la ciudadanía en los asuntos públicos. Dicha participación impidió la privatización de Pemex que propuso Calderón.
Esa sociedad movilizada tiene rostros de mujeres y hombres organizándose en la resistencia civil, en zócalos llenos una y otra vez, en tribunas tomadas y también en el trabajo legislativo eficiente y por la unidad de la izquierda.
El 8 de abril Felipe Calderón presentó al Senado su propuesta privatizadora, por esa razón las bancadas del Frente Amplio Progresista iniciaron el movimiento de resistencia civil que ocupó las tribunas durante 16 días en las dos Cámaras del Congreso de la Unión. Las acciones dentro y fuera del Congreso informaron al país sobre este tema y convencimos. Levantamos la protesta tras lograr un acuerdo para celebrar el debate nacional sobre la reforma de Petróleos Mexicanos. Los 72 días de discusión constituyeron uno de los procesos más importantes de la historia legislativa contemporánea de México. La consecuencia fue una sociedad enterada que rechazaba la privatización.
El 25 de agosto, legisladores del Frente Amplio Progresista y el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo presentamos una iniciativa alternativa, en la cual participaron destacados intelectuales y expertos en energía. Propusimos la autonomía de Petróleos Mexicanos, eliminar los Pidiregas y usar el superávit de la paraestatal para inversión, además de la construcción de una nueva refinería. Añejas propuestas del PRD, en las que ahora nos han dado la razón
Debemos decir de esta experiencia legislativa que un asunto de enorme importancia se trató con la responsabilidad que ameritaba, sin precipitaciones, dándole el tiempo para que el resultado valiera la pena y significara una mejora en las reglas con las que opera Petróleos Mexicanos.
Al concluirse el proceso legislativo en el Senado, se eliminaron los elementos privatizadores del dictamen final. Además, conseguimos que se diera a Pemex autonomía técnica, presupuestal y de gestión.
Respecto al gobierno interno de Pemex, aceptamos la incorporación de cuatro nuevos consejeros profesionales, pero a diferencia de lo que proponían otros, logramos que dichos consejeros fueran ratificados por el Senado y estuvieran sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Se aceptó la flexibilización de normas para adquisiciones y obra pública por parte de Pemex, pero simultáneamente se impuso mayor vigilancia, transparencia y rendición de cuentas, ampliando las facultades de revisión de la Auditoría Superior de la Federación.
Otro gran tema fue la regulación, a profundidad y detalladamente, del alcance de los contratos que puede firmar Pemex. A diferencia de los contratos de riesgo que pretendían, cuyo fin privatizador apenas estaba encubierto, conseguimos que todo contrato sea pagado en efectivo, sin comprometer el control y la propiedad de los hidrocarburos, tampoco se compromete el uso de la renta petrolera, la cual queda plenamente protegida como propiedad exclusiva de la nación.
Existen varios aspectos particulares incluidos en los dictámenes, en los que no estuvimos de acuerdo. Tales cuestiones podrían haber sido corregidas durante el proceso de dictaminación, pero la terquedad o los intereses del PRI y del PAN lo impidieron. Por ello, la denuncia en las calles no sólo es correcta, también es legítima.
Los bonos ciudadanos de Pemex son otra forma de inversión. Su remuneración no está representada por una tasa de interés, sino que se vincula a los resultados de Pemex. Aunque los tenedores de esos bonos no tendrán derechos corporativos sobre Pemex, es decir, no podrán influir en las decisiones de la empresa, sí tendrán derecho a una parte de la renta petrolera, antes que todos los demás dueños, es decir, antes que todos los mexicanos
El PRI y el PAN mantuvieron su negativa de agregar una última fracción al artículo 60 de la Ley de Pemex, donde se definen con detalle las características que deberán guardar los contratos que firme esa paraestatal. El texto propuesto para esa fracción es el siguiente: «No se suscribirán contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas». No explicaron públicamente el porqué de su negativa a incluir este apartado en el articulado de la ley.
Otra gran objeción que sostenemos se refiere al dictamen de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se cambia la expresión «energía nuclear» por la de «materiales radioactivos». Ese cambio no sólo contradice el espíritu y la letra del artículo 27 constitucional, sino que puede dar cabida a una posible privatización del uso de la energía nuclear.
Nuestra lucha pacífica, en la que no se rompió un solo cristal, demuestra a la sociedad y a nuestros críticos que luchar no implica destruir, sino construir. Los acuerdos logrados son huella de esto.