Ricardo Becerra
La Crónica
07/12/2021
Exageran. Es el verbo que los adeptos del presidente de la república (AMLO), utilizan para defender sus decisiones, para que veamos hacia otro lado o para quedar cómodos en su autoengaño, según el cual, este no es un gobierno autoritario.
Pero, ahora que acabamos el año y el primer trienio de gobierno, la opinión pública nacional (e internacional) requeriría al menos un inventario, sino exhaustivo al menos demostrativo, de la regresión y destrucción en marcha. Aquí una lista mínima, solo veinte acciones de nuestro desmantelamiento.
1. La seguridad pública ha pasado a ser dirigida por el ejército. La guardia nacional (que es civil por mandato constitucional) queda subordinada al mando de las fuerzas armadas.
2. Militarización de los sistemas esenciales (aeropuertos, puertos, aduanas, infraestructura vital) quedan a cargo de las fuerzas armadas.
3. Violación directa a la Constitución (al tope del +8% de sobre representación) del partido oficial en 2018. México vivió así tres años legislando con una mayoría abiertamente anticonstitucional.
4. Cancelación de los padrones institucionales para los programas sociales y correlativamente, construcción de un nuevo padrón, levantado antes de tomar posesión como gobierno, por personas que no eran funcionarios públicos. El reparto de dinero en efectivo se vuelve la política social a través de ese padrón.
5. Abrupta cancelación de la construcción del Aeropuerto Internacional CDMX mediante una consulta sin reglas, sin intervención de las instituciones electorales y cuya consecuencia fue la indemnización por 100 mil millones de pesos, por una obra de infraestructura materialmente en marcha.
6. El reparto nacional de una “cartilla moral” convertida en documento oficial, a través de actores no estatales (iglesias evangélicas).
7. Nombramiento ilegal (violatorio) a preceptos y procedimientos de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos. La institución del ombudsman queda subordinada al presidente de la república.
8. Cancelación de distintos programas sociales relevantes (como las estancias infantiles) en contra de las recomendaciones y estudios de las autoridades que evalúan la política social.
9. La destrucción del seguro popular, estructura de salud que atendía enfermedades catastróficas entre la población más pobre, sin que la sustituyera ninguna otra estructura de apoyo.
10. Militarización de la política migratoria, ahora a cargo de la guardia nacional.
11. Gobierno en revisión constitucional. Las principales leyes promovidas por el presidente están impugnadas (ley de la guardia nacional, ley de austeridad republicana, ley orgánica de la administración pública, etcétera) y un cúmulo de amparos de toda índole. Los temas que le son sustantivos al gobierno, se hallan en estado de litigio y provisionalidad constitucional.
12. Creación de una figura no prevista en ley (superdelegados) cuyas funciones supervisan y traslapan las facultades constitucionales de los gobernadores democráticamente electos.
13. Creación de una nueva agencia federal de salud (INSABI) sin ley orgánica, normatividad ni estructura funcional. Un salto al vacío en plena pandemia.
14. Intento de injerencia en el funcionamiento de la Suprema Corte (prolongar el mandato del actual presidente) en contradicción con la letra de la Constitución.
15. Destrucción de fideicomisos (para la investigación científica, para atención de desastres naturales, para la cultura y las artes, etcétera) y su absorción dentro del gasto del ejecutivo.
16. Acoso permanente desde la presidencia misma contra las autoridades electorales en busca de su remoción y captura.
17. Persecución a la comunidad científica y académica del país, lo que incluye juicio penal contra 31 de sus miembros o el acoso a la Universidad Nacional Autónoma de México.
18. Persecución judicial a personajes opositores. Destaca el juicio penal en contra del principal candidato rival de López Obrador en 2018, con base en “declaraciones” de un acusado confeso.
19. La emisión de un decreto anticonstitucional que exime al gobierno federal de presentar licencias, permisos, obligaciones procedimentales, judiciales, medio ambientales, sanitarias y de transparencia en la ejecución de las obras que realiza el propio gobierno federal. México entra a un estado de excepción administrativa
20. Designación fuera de la ley del director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, con el objetivo explícito de intervenir ideológicamente en ese organismo. La libertad de cátedra e investigación, se ponen en cuestión.
Son muchas decisiones tomadas y muchas mas impedidas por las instituciones, los contrapesos, la oposición y la opinión pública.
Pero la dirección y el talante que este cuadro de puros hechos concentrados -tan solo en veinte ejemplos- exhibe la secuencia, la cadencia y la naturaleza del gobierno bajo el cual vivimos hoy. Una regresión democrática, la excitada y nerviosa puja de un gobierno autoritario.
¿Alguien aquí o allá, lo puede negar?