Jorge Javier Romero Vadillo
Sin Embargo
27 septiembre 2018
Esta semana se presentó en México el informe 2018 de la Comisión Global de Política de Drogas, grupo internacional de reflexión e incidencia en el que participan varios expresidentes o ex primeros ministros de diversos países de todos los continentes, junto con otros intelectuales relevantes, entre ellos dos premios Nobel, y que desde hace años ha trabajado para impulsar un cambio de paradigma en la manera en la que el mundo ha enfrentado el problema de las drogas durante los últimos cien años. Se trata del grupo más relevante entre los que proponen acabar con el prohibicionismo, por los múltiples males que les ha acarreado a los consumidores de sustancias, a las sociedades y a los Estados, para pasar a un modelo de regulación sensata que proteja la salud, reduzca los daños de los consumos más peligrosos y, sobre todo, deje atrás la terrible violencia homicida que provocan los mercados clandestinos cuando son perseguidos con fuerza estatal excesiva.
El informe de este año, expuesto con claridad por la presidenta en turno de la comisión, la expresidenta de Suiza, Ruth Dreifuss, plantea que ya la discusión no se debe centrar en si acabar o no con la prohibición, sino debe enfocarse en cómo regular todas las drogas que hoy son perseguidas echando mano de las fuerzas de seguridad y de los sistemas de justicia penal alrededor del mundo. El desastre provocado por la prohibición es evidente, por ello ya lo que toca es regular de manera sensata y diferenciada todas las sustancias de acuerdo con su peligrosidad para los consumidores y para sus entornos sociales.
Durante los últimos años, la atención regulatoria se ha centrado en el tema del cannabis –la mariguana–, por ser la sustancia más consumida en el mundo entre las ilegales y que presenta problemas de salud relativamente bajos. El avance en su regulación ha sido sustancial, pues no solo un número importante de estados de la Unión Americana han acabado con su prohibición, sino que ya dos países de América –Uruguay y Canadá– han decidido legalizar su consumo con dos modelos regulatorios diferentes, además de los lugares que han optado por una aplicación muy laxa de la prohibición, sobre todo en Europa.
Sin embargo, la regulación del cannabis es claramente insuficiente para frenar la catástrofe que la prohibición ha provocado en todo el planeta. Si el objetivo era proteger la salud de la población, el resultado ha sido exactamente el contrario, como se demuestra en el estudio que, de manera paralela al informe de la comisión, elaboró uno de sus integrantes conspicuos, el expresidente de México Ernesto Zedillo, junto con Catalina Pérez Correa y Alejandro Madrazo, investigadores del CIDE, y la brillante estudiante de doctorado Fernanda Alonso. Este trabajo, enfocado en México, reitera lo que ya hemos demostrado diversos estudiosos del tema: la prohibición es la causa de la epidemia de violencia que ya incluso ha reducido la esperanza de vida de los jóvenes mexicanos. No puede haber mayor afectación a la salud de la población que la ola homicida generada por la prohibición y la manera de aplicarla con una estrategia de guerra.
El informe de la Comisión Global se hace cargo de los retos de implementar la regulación, sobre todo en los Estados con una capacidad institucional frágil, y propone un proceso cauteloso, incremental y, sobre todo, guiado por la evidencia, cosa que sin duda le ha faltado a la estrategia prohibicionista, puesta en marcha sobre la base de los prejuicios y la ignorancia y muchas veces con una agenda oculta, como se ha demostrado respecto a la “guerra contra las drogas” impulsada en la década de 1970 por Richard Nixon, cuando en lo que realidad buscaba era tener un instrumento para perseguir a los opositores a la guerra de Vietnam y a los líderes del movimiento por los derechos civiles de los negros. El informe pone atención en los efectos devastadores que la prohibición ha tenido sobre las comunidades productoras y propone el impulso de modelos alternativos y sustentables de desarrollo.
El estudio mexicano comparte las premisas generales del informe de la Comisión, pero aborda de manera bien documentada las especificidades de la tragedia nacional, con sus miles de muertos que se siguen sumando día con día. Sin duda, una aportación central del trabajo es el planteamiento de opciones regulatorias diferenciadas de acuerdo con el tipo de drogas. Para la mariguana proponen tres escenarios posibles: de mercado, estatal o mixto, pero con amplia libertad para los consumidores. No puede ser lo mismo con los opiáceos, que requieren un enfoque de regulación completamente distinto, debido a su mayor peligrosidad para la salud y su mayor grado de dependencia. Eso no quiere decir que no deba eliminarse su prohibición: es necesario pensar en una regulación que ponga en el centro la reducción de daño y la eliminación de los incentivos par que los delincuentes sigan controlando su mercado.
También es necesario acabar con el mito de la cocaína y se deben buscar, como lo plantea el estudio, reglas que permitan el acceso a la sustancia en ambientes seguros y con supervisión sanitaria, lo mismo que para otras sustancias, como los psicodélicos, cuya peligrosidad es bastante reducida, o como el MDMA, que con una buena regulación incluso contribuiría a reducir el peligro del consumo excesivo de alcohol entre los jóvenes en ambientes de fiesta. Lo que se necesita es abordar cada sustancia con evidencias científicas y no con prejuicios y creencias que no por generalizadas son ciertas.
La declaración del expresidente Zedillo de que durante su gobierno se equivocó en la política de drogas que aplicó debe ser un importante llamado de atención para el próximo gobierno. Si bien entre el equipo del próximo presidente hay quienes entienden el desastre que ha significado la guerra contra las drogas, en la propia coalición gobernante existen todavía muchas reticencias a un cambio radical de rumbo que, sin embargo, es indispensable si queremos detener la matazón en la que metió Calderón al país y de la que Peña no fue capaz de sacarlo.