Ricardo Becerra
La Crónica
28/08/2016
La democracia mexicana no está enferma –como dicen- por el “modelo de comunicación política”, por la insufrible cantidad de spots o por su enredado “diseño institucional”, no: su más grave problema son las estrategias políticas de los actores dentro de esta democracia, los propios partidos (beneficiarios absolutos de la transición) y de los poderes de hecho que merodean -disimulando- la agenda y las decisiones de la política nacional.
Sujetarse a las reglas. Aceptar las derrotas. Saber que una denuncia ante el Tribunal es el último recurso interpuesto por circunstancias verdaderamente graves, y asumir que el derecho electoral es, sobre todo, certeza, una constante granítica, y no el vaivén caprichoso de jueces balbuceantes envueltos en un malentendido garantismo.
Si ustedes concuerdan con esto, entonces estaremos de acuerdo en que el Tribunal Electoral –el gran juez de última instancia de la contienda electoral- es el responsable principal de ese orden y que sus sentencias configuran no sólo el tipo de competencia política que se despliega en México sino los límites del comportamiento de los propios partidos. Dicho de manera negativa, pero histórica: el Tribunal Electoral que pronto se renovará, tiene una responsabilidad inocultable en el desconcierto y en el malestar de la vida electoral en México.
¿Es usted un partido multado con una fuerte cantidad? Acuda al Tribunal, donde hacemos rebajas sustantivas. ¿Necesita más spots que los que la ley señala? Acuda a nosotros que inventamos “tipos sancionables” que no están en Constitución ni en norme alguna pero lo salvan de sanciones duras. ¿Quiere evadir sus obligaciones de fiscalización? Somos flexibles: nosotros lo exceptuamos. ¿Es usted una televisora descontenta? Aquí hallará la comprensión que necesita. ¿Quiere que su asunto se decida en uno, dos o hasta tres años? Pues nosotros devolveremos su caso hacia la autoridad administrativa que tan mal sustancia. ¿Busca anular una elección? Tráigala al Tribunal, que los calzoncillos de una boxeador bastan. Y mientras, que el INE responda oficios bobos, que invente reglamentos a discreción y que lo haga rapidito.
¿Parece chiste verdad? Pero por desgracia no lo es (no me crean a mi, pero revisen esto http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4271-la-in-justicia-electoral-a-examen). Así han sido las cosas en los últimos años y en medio de esta actuación casuística y chanflona se ha generado un desorden jurídico que aparece con maña, como resultado del “modelo” o del “diseño institucional”, pero no del cúmulo de sentencias delirantes y contradictorias elaboradas por jueces de carne y hueso.
Ese es el contexto y por eso, la Suprema Corte está ante una de las decisiones más importantes, con efectos duraderos hacia varios lustros: ha de pensar muy bien la nueva integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral pues de ella dependerá el futuro de las elecciones en nuestro país, de todas las elecciones, y por lo tanto, de nuestra democracia.
Si alguna misión tienen los nuevos magistrados es devolver certeza y reglas claras, ex-ante, una interpretación racional y viable para una competencia democrática que acabe con la peor enfermedad de nuestra política: la litigiosidad gratuita y tumultuaria (miles de quejas), ese ambiente jurídico en el que una denuncia llena de morbo y espectacularidad mediática, se propaga entre la opinión pública y se convierte en el vehículo para el descrédito de todos: del partido denunciado, del que denuncia y de los jueces que resuelven.
Cómo alguna vez escribió José Woldenberg: a los partidos y a sus publicistas asesores, se les pasó la mano en el festival de acusaciones que en cada elección se multiplica y que acaba envileciendo al conjunto del sistema: ellos mismos acaban pareciendo peor de lo que son porqué han asumido que la estrategia -siempre- es la denuncia, la gran mayoría sin pruebas ni sustancia, pero que el Tribunal “atiende”, “admite”, los mete en la discusión electoral, en lugar de cortarlas de una vez por todas ante su evidente frivolidad.
Ya vemos venir la rueca que pide otra reforma electoral. Pero la verdad, es que el país se puede ahorrar ese trance, si la nueva sala del Tribunal, propone un manojo de criterios sensatos, democráticos, lógicos y coherentes, capaces de emitir con claridad las reglas de lo que se puede o no se puede en un proceso electoral en México. Mejores criterios jurídicos y menos reformas legales: una obra sencilla y asequible que ordenaría el futuro democrático de México.