¿Renovación o respiración artificial?

El año próximo, el PRI, por sí solo o en coalición, deberá nombrar tres mil 416 candidatos para el mismo número de puestos de elección popular. Obvio, la preocupación central son las reglas para elegir al candidato presidencial.

En la medida en la que el presidente Peña Nieto es priista, ronda el espectro del dedazo sobre el proceso. Tan ingenuo sería pensar que Peña Nieto no participará de manera preponderante en la (s)elección del candidato, como suponer que la fuerza de su opinión será la misma que tuvieron los presidentes de antaño.

Después de la Asamblea de esta semana sabremos quiénes tienen posibilidades de jugar, después del informe presidencial empezaremos a ver cómo se mueven las piezas del ajedrez y, finalmente en noviembre, en Consejo Político, es decir, en petit comité, sabremos quién será el candidato del tricolor.

Los acuerdos más relevantes serán los de Campeche. Más de dos mil registrados están discutiendo los estatutos y centrarán su atención en su artículo 166, que exige diez años de militancia a quien quiera ser candidato a la Presidencia, las gubernaturas y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

A pesar del muy cuestionado y cuestionable triunfo en el Estado de México y Coahuila (el Tribunal Electoral deberá decidir si anula esta última por rebase de topes de campaña), el PRI sabe que está lejos de pasar por un buen momento. De 2012 a la fecha ha perdido millones de votos y en 2016 perdió su candidato a gobernador en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo.

La discusión del artículo 166 tiene como propósito incrementar los posibles jugadores a la hora de nombrar candidatos; incluir a José Antonio Meade en la carrera presidencial es parte de la estrategia del PRI para hacer un guiño a los votantes panistas y, sin necesidad de coalición, enfrentarse juntos a López Obrador.

Tan importante como determinar quiénes pueden ser candidatos está el decidir cuáles serán los posibles métodos de selección aceptados. Con honestidad, hay que reconocer que uno de los síntomas más claros de la debilidad de la vida de los partidos mexicanos es la imposibilidad de realizar verdaderas primarias. Cada seis años todos los partidos, con excepción de Morena, que nació con el candidato decidido, tienen que averiguar cuál será el método que genere menos rupturas internas.

Predominan los acuerdos cupulares, se disimula la decisión para poder hacer precampaña y ganar exposición mediática. Al final, los llamados candidatos de unidad surgen de negociaciones que otorgan algún premio de consolación a quienes no lograron la ambicionada candidatura.

La XXII Asamblea que transcurre mientras yo escribo y usted lee este artículo es mucho más que un acto simbólico. Los desacuerdos son reales y será importante conocer las determinaciones de los asambleístas y, sobre todo, la manera de procesarlos. ¿Ochoa bordará con hilos de filigrana o hará amarres con mecate de ixtle?

Especial atención deberíamos poner a la mesa que se lleva a cabo en Mazatlán, que se dedica a Ética y Rendición de Cuentas. Los escándalos de corrupción de gobernadores y secretarios de Estado (socavón de Morelos, uso de programas sociales con fines electorales) son tan evidentes, que ni siquiera vale la pena enumerarlos.

Su preocupación deberá estar más en el futuro que en el pasado. La gran pregunta no es a quiénes expulsarán del PRI por haber violado la ley, sino cuál será el proceso de escrutinio de esos más de tres mil candidatos. ¿Qué escándalos de corrupción serán impedimento para lograr una nominación? ¿Cómo intentarán identificar a los candidatos ligados al narco? Si la mesa de Mazatlán no se conecta directamente con la de Campeche, tendremos una muestra más de que, para el PRI, el combate a la corrupción sólo es una retórica impostada que les resulta muy incómoda.