María Marván Laborde
Excélsior
16/03/2017
Decir que la democracia representativa está en crisis, es decir una verdad de Perogrullo. La crisis actual de la democracia es un fenómeno extendido en prácticamente todas las latitudes, pero se manifiesta en México con especial dramatismo; está corroyendo la débil legitimidad democrática antes de su consolidación.
Nuevas y viejas democracias europeas muestran signos de desgaste preocupantes; la incapacidad de España de formar gobierno durante casi once meses, o el triunfo sorpresivo del Brexit revelan el agotamiento de los representantes para dar respuesta a las exigencias de los representados. El triunfo de Trump en Estados Unidos se explica, en gran medida, por el rechazo a una clase política anquilosada y profundamente cuestionada.
Los representantes, una vez elegidos, se desentienden de la ciudadanía. ¿Qué clase de mandato tienen los representantes por parte de sus representados? Ya en 1794, Edmund Burke, en su famoso discurso a los electores de Bristol, les advertía que por encima de sus intereses estarían los de la nación entera. Más de cien años después, Kelsen escribiría sobre la ficción de la representación, tan necesaria como complicada. No existe el mandat impératif, sin embargo el representante no puede negar al representado. El primero, debe tener libertad para deliberar y tomar decisiones en favor del bien común, y el segundo tiene derecho a llamarlo a cuentas. Un voto en contra es el mejor castigo a una mala actuación, especialmente cuando hay reelección.
Expresión clara y lamentable de esta crisis de representación es la iniciativa de reforma constitucional presentada, la semana pasada, por una senadora panista. Ella considera conveniente exigir como requisito para ser diputado tener título universitario. Justifica su propuesta avalando la crisis, dice que la sociedad mexicana necesita de mejores representantes. Es importante “garantizar que todos los mexicanos cuenten con una representación digna, con el siempre firme interés general”.
Nadie podría oponerse a que los legisladores se comprometan a trabajar por el interés general, lo que no queda claro es cómo se vincula un título universitario con la ética de nuestros representantes o con su vocación democrática. Es imposible demostrar que la preparación académica traiga aparejado el incremento de la calidad de la representación.
Un gobierno democrático reconoce la igualdad de todos los seres humanos y por ende, su idéntico derecho a votar y ser votados. Por eso se eliminó el voto censitario que exigía riquezas para tener el derecho, se reconoció el derecho a votar a la mujer y se aprobaron los candidatos sin partido. Restringir el derecho a ser votado por la carencia de méritos académicos atenta contra la dignidad humana y distorsiona la naturaleza de la representación.
Otro signo de la crisis de representatividad en México lo encontramos en el diluvio de controversias constitucionales en contra de la neonata Constitución de la Ciudad de México, han quedado al desnudo sus debilidades. En su momento fue altamente cuestionado el proceso de selección, que no de elección, de quiénes debían escribirla, negociarla y aprobarla en nombre de la sociedad capitalina.
Todo parece indicar que la Constitución lejos de darnos un nuevo pacto, está abriendo una disputa de poder, quizá por haber dejado fuera a los representados. Las impugnaciones son tan variadas como la naturaleza de quienes las han presentado. Poderes locales y federales se inconforman por el texto aprobado; Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen objeciones; también los partidos políticos, que estuvieron en la mesa y perdieron votaciones, consideran que hay partes inaceptables. Se avecina una severa crisis política en la Ciudad de México, especialmente porque en mayo ya debería estar aprobada la legislación electoral, de otra manera están en riesgo las elecciones de 2017-2018. Menuda labor le espera a la Suprema Corte de Justicia.
La propuesta profundamente antidemocrática de la senadora y la crisis que está desatando una Constitución cuestionada por los propios actores políticos y carente de apoyo popular, son síntomas de la falta de legitimidad de nuestro sistema de representación.