María Marván Laborde
Excélsior
12/07/2018
El viernes recibirá a personajes clave del gobierno de Estados Unidos. Los medios de comunicación se han volcado a hablar y reproducir todo lo que dice el (virtual) Presidente, entrevistan todos los días a quienes ha señalado como miembros de su futuro gabinete. No por mucho madrugar amanece más temprano. ¿Para qué desgastarse cuando puede declarar mucho y hacer nada?
Tampoco es cierto, como afirman otros, que por el solo hecho de haber ganado con 53% y mayoría en ambas Cámaras en automático se ha generado la hegemonía de Morena.
Sartori, autor del concepto, considera que un sistema de partido hegemónico pragmático requiere tres condiciones. Una de ellas es tiempo; es necesario que por un periodo de tiempo largo este partido controle todas las posiciones importantes de poder. Segundo, la oposición debe ser francamente decorativa, incapaz de incidir en las decisiones importantes. Tercera, las reglas electorales y políticas deben estar diseñadas para que la hegemonía se perpetúe.
Si bien las oposiciones quedaron francamente debilitadas, nadie podrá afirmar que ya, de facto, son irrelevantes, entre otras cosas porque tienen 27 gobiernos locales. Es evidente que la legislación electoral es generosa con las oposiciones y también es cierto que los mexicanos hemos aprendido a votar en contra de aquellos a quienes queremos sacar del poder. Este sexenio, 21 de los 32 gobiernos locales cambiaron de partido.
Si la oposición, principalmente el PRI y el PAN, renuncia a su capacidad de contrapoder será por una decisión propia y no necesariamente por los resultados electorales.
No se necesita ser constitucionalista para advertir que el texto de nuestra Carta Magna en 1977 es esencialmente distinto al hoy vigente. Calderón y Peña Nieto son, hasta ahora, los presidentes que más reformas han pasado gracias a sus acuerdos con las oposiciones. Así que decir que López Obrador puede cambiar la Constitución ni es novedad ni reconstituye en automático la hegemonía de los años predemocráticos del PRI.
Desde que en el sexenio de Salinas (1993) se le dio al Banco de México la autonomía constitucional hasta la fecha, hemos creado diez organismos constitucionales autónomos. Cada uno de ellos acota una parte de las facultades constitucionales y metaconstitucionales del Poder Ejecutivo que fueron piedra angular de la hegemonía del presidencialismo omnipotente. Ninguno de estos organismos desaparecerá el primero de diciembre, al menos no en forma automática.
Especial mención merece la transición inconclusa de la Procuraduría en Fiscalía General de la República. El conflicto entre el PRI y el PAN, o si se quiere decir más precisamente entre Peña Nieto y Anaya, está íntimamente relacionado con la exigencia de la transformación real y no sólo de membrete de la PGR. La exigencia no nació en el PAN ni fue una ocurrencia de Anaya, aunque sí la apoyó decididamente, fue una exigencia de un amplio colectivo de la sociedad civil agrupados en el #VamosPorMas y #FiscaliaqueSirva.
Por ello, hay que resaltar que el día de ayer hubo una reunión de acercamiento entre representantes del Presidente elegido, concretamente con Tatiana Clouthier, y estos dos colectivos. La reunión fue breve y puntual, pero sí alcanzó para establecer una mesa de diálogo y se percibió, por ambas partes, disposición al diálogo.
La necesidad de un sistema de procuración y administración de la justicia es indispensable para el combate a la corrupción, el combate a la delincuencia organizada, la disminución de la inseguridad pública, la justicia cotidiana… en una palabra, para la plena vigencia del Estado de derecho democrático.
Punto y aparte: nuestra legislación electoral exige 3% de la votación válida a favor de un partido para conservar el registro. Nueva Alianza y Encuentro Social están lejos de reunir el millón 680 mil votos necesarios. Tendrán que asumir su derrota y rehacerse desde sus triunfos locales.