RETRATO DE UN PAÍS DESFIGURADO
EL RETRATO
Millones de ciudadanos desempleados se enfrentan
al problema de una existencia sombría, y otra gran multitud
contempla cómo su trabajo recibe muy poco salario.
Sólo un optimista tonto puede negar las realidades oscuras del momento.
La Unión necesita acción y acción rápida.
F.D. Roosevelt
Discurso de los primeros 100 días del New Deal, 1933
En las últimas dos semanas conocimos el retrato más actualizado y nítido de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en México.
Gracias al trabajo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) –instituciones cruciales para el entendimiento y la deliberación pública de México– se han puesto al día series de largo plazo y con ellas se hacen públicos los elementos fundamentales que permiten evaluar la fractura de la sociedad mexicana.
No estamos hablando de datos pasajeros, de una coyuntura ni del primer bienio de un gobierno. Los datos son un continuo histórico, el largo plazo que ha cincelado un nuevo tipo de sociedad resignada al estancamiento, a la pobreza de la mitad de su población, a la inseguridad y a la desigualdad más extrema.
Los datos son bien conocidos: cada día se agregaron 2 470 personas al mundo de la pobreza en los primeros dos años de este sexenio; dos millones de pobres adicionales a cambio de 87 000 pobres extremos menos. Situados en el corto plazo, si comparamos la trayectoria del bienio previo, resulta que de 2010 a 2012 disminuyó 1.4 millones el número de personas en pobreza extrema, es decir, ni siquiera pudimos mantener el esfuerzo de reducción más reciente. Y si las noticias del presente son
malas, en el largo plazo la adversidad social se acumula y su resultado –ya histórico– puede resumirse así:
1. Del lado de los ingresos: estamos abajo del nivel promedio previo a la crisis del 2009, pero incluso el ingreso corriente per cápita de los mexicanos sigue siendo 9.3% inferior al de 1992. Los datos deflactados son: ingreso mensual per cápita en 1992, 3 322 pesos; en 2014: 3 015 pesos (precios de 2010).
Y algo más: hace veintitrés años (cuando se empezó a medir la pobreza) 53.1% del total de la población tenía ingresos por debajo de la línea de bienestar; en el año 2014, seguía representando
53.2%. Literalmente, en diferentes estratos y con distintas intensidades, este es un país que no llega a la quincena, que no alcanza a cubrir sus necesidades al final de la jornada. La siguiente gráfica
muestra la profundidad del retroceso.
2. Del lado de los servicios básicos (educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) a lo largo de estas décadas ha existido un innegable, enorme esfuerzo del Estado para la mitigación y disminución de rezagos y carencias. Si bien el Coneval no hace juicio alguno acerca de la calidad de los servicios, lo cierto que es que la cobertura ha crecido sustancialmente. Aun así, sólo el 20.5% de la población no es pobre ni es vulnerable.
Este es el tipo de sociedad que ha emergido de la crisis y de las respuestas a las crisis; una sociedad acostumbrada al estancamiento, insegura ante los riesgos de la vida, extremadamente desigual, con salarios artificialmente deprimidos, que no ha visto una reducción de la pobreza relativa luego de décadas y decenas de cambios estructurales en la economía.
Un último dato, proveniente de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH): en 2014, el 64% de los perceptores tuvo un ingreso igual o menor a dos salarios mínimos. Solamente el 7% de quienes reciben ingresos obtuvo más de seis salarios mínimos al mes.
Puesto de otro modo: si se explora la situación de los que ganan un salario mínimo, el 58% están en pobreza y el 12% en pobreza extrema.
Y si tomamos a los que perciben dos salarios mínimos, el 42.3% está en pobreza moderada y 4% en pobreza extrema. Estamos hablando de dos millones de hogares, habitados por diez millones de personas: cerca de una quinta parte del total de pobres que ha cuantificado Coneval son pobres que trabajan, mexicanos que radican en el mundo de los bajísimos salarios, los menores a 140 pesos diarios.
EL GOBIERNO Y LAS ÉLITES ECONÓMICAS
La gravedad de la situación social no se puede disimular, ni siquiera con el relativo avance que registra el grupo más pobre entre los pobres; el resto, nueve de diez grupos, continúa en una ruta de descenso en sus ingresos corrientes. Y lo peor: esta tendencia, atacada con las mismas ideas y con los mismos instrumentos, parece proyectarse en lo que resta de la década (el año 2015 una vez más ha visto recortada su expectativa de crecimiento a 2.4%). En los próximos días seremos testigos de cómo se configura la discusión, qué voces intervienen, cómo se mantiene en el tiempo y, sobre todo, qué consecuencias tiene en la política pública. Quizá habría que decir, también, qué consecuencias tienen estos datos en la moral pública. Es urgente que los medios de comunicación, las universidades y la sociedad civil se abran al debate informado y a la divulgación de este, que probablemente sea el principal problema mexicano. Pero también apelamos a los gobiernos, al Congreso de la Unión y a los partidos políticos para que utilicen su peso y sus espacios en la vida pública, de modo que México se sacuda esa modorra y esa costumbre de ver a la miseria de masas como parte del paisaje social, un hecho “natural”, permanente e irremediable. Los nuevos datos tienen implicaciones mayores para el orden de prioridades nacionales, para la orientación del gasto público y, sobre todo, el social; para instaurar por fin una política de recuperación de los salarios, para inspirar el proceso de reestructuración presupuestal que se encuentra en marcha, para discutir la política regional de desarrollo, para activar nuestra sensibilidad colectiva ante la desigualdad y para llamar la atención sobre la ominosa tendencia de su comportamiento demostrado y revelado ahora como una dura mezcla de pobrezas viejas y nuevas, muy resistentes ante los programas que intentan eliminarlas o, al menos, reducirlas. La sociedad mexicana nunca tuvo más y mejor información para conocerse a sí misma y para hacer un balance sincero de los resultados de sus políticas económica, demográfica y social en el largo plazo. Nunca tuvimos mejores datos para discutir seriamente las decisiones y las suposiciones que rigen las políticas del Estado y la dinámica del mercado en México. Y, sin embargo, las reacciones de nuestras élites políticas, hasta ahora, han consistido en un acto reflejo, una confirmación que nos aferra a la misma dirección, sin admitir cambios y sin siquiera iniciar una revisión. Vamos por el “camino adecuado” y en la “dirección correcta”, dijo la titular de la política social del país1; en tanto, el presidente declaró que hay que profundizar en la estrategia de focalización, “no basta la política social” para enfrentar la pobreza y para asegurar niveles de mayor bienestar, “lo más importante […] para realmente asegurar condiciones de mayor calidad para una sociedad es el dinamismo de nuestra economía”. Eso parecía anunciar un matiz en la política, pero inmediatamente agregó: “De ello dependerá, precisamente, la instrumentación de cada una de las reformas…”.2
Más enfático, el Secretario del Trabajo vio que el ingreso de los hogares de los trabajadores formales “se incrementó 7.6%”, y también constató una generalizada recuperación del poder adquisitivo.3 Con esas cifras, difíciles de hallar en las estadísticas, se confirma el rumbo, las mismas políticas y la continuidad sin fisuras, a pesar de los datos. Con horas de diferencia, y esta vez mediante otro instrumento –los Censos Económicos de 2014–, el Inegi confirmó la trayectoria de la fractura social: entre 2008 y 2013, las remuneraciones salariales a nivel nacional disminuyeron en promedio 7 800 pesos, los costos laborales que cubren los establecimientos en forma de remuneraciones bajaron 5.9%. Los mexicanos que trabajan están percibiendo menos dinero que hace cinco y que hace veintitrés años. En otras palabras: al menos en lo que se refiere a la pobreza por ingresos y a la pobreza en general, la nueva información del Inegi y el Coneval nos indica que estamos en medio de otra década de pérdidas o estancamiento, y esto cuestiona no sólo la dirección o el sentido sino también la pertinencia de la estrategia contra la pobreza. Y no únicamente de los programas sociales ni del Progresa-Oportunidades Prospera, sino de la política económico-social en general. Estamos hablando de un resultado persistentemente malo de la pobreza por ingresos y de la pobreza en general (que en la nueva etapa se dibuja desde 2006) y no de un accidente coyuntural. Lo que constatamos es la existencia de un patrón postcrisis en el que la economía no se recupera ni lo suficiente ni de forma sostenida, que tal patrón incluye una precarización del empleo y los ingresos, y que ese telón de fondo está anclando una pobreza cruda y persistente que resiste las estrategias públicas.
Para tratarse de dos años (2012-2014) en los que no vivimos formalmente en crisis, el saldo no puede ser calificado de alentador por lo que se refiere a la mayoría de la población. La respuesta no puede fundarse en el descenso, durante el primer trimestre de este año, del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza; aún está por verse si esa tendencia se concreta y se mantiene. En todo caso, un solo dato de corto plazo no es razón suficiente para ratificar las mismas políticas ni debería ser argumento para cerrarse de banda y esperar los imaginados beneficios de las reformas estructurales. Lo que han hecho los voceros gubernamentales, ni más ni menos, es negarse rotundamente al debate de la política económica y social, una postura inconcebible ante el tamaño del problema e inadmisible en un contexto pluralista y democrático.
De su lado, las voces empresariales, los grandes consorcios, se encogieron de hombros, voltearon hacia otro lado y apenas si se pronunciaron en torno al cúmulo de evidencia constatable. Y ocurrió casi lo mismo en los partidos políticos nacionales: un boletín, lamentaciones genéricas, críticas de rutina hacia el gobierno y paso veloz rumbo a los temas recurrentes de la grilla nacional.
A pesar de su extensión y gravedad, la pobreza y la desigualdad no son tema para nuestras élites, como si no les afectara, como si el país que habitan no tuviera que ver con el océano que reproduce la ansiedad, la inseguridad, la inconformidad, y que ha encontrado en el delito una de sus salidas dominantes.
POR UNA AGENDA DE JUSTICIA
Vivimos en un país que no tiene mecanismos correctores de las fuerzas de la desigualdad, por eso los titulares del capital se van quedando con una parte cada vez más amplia de un pastel económico que ya apenas crece.
Por todo lo anterior, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática quiere llamar la atención de la sociedad mexicana y de la opinión pública en torno a la urgencia de cambiar las políticas económicas y sociales echando mano de las herramientas disponibles, a saber:
1. Protección y fortalecimiento de las instituciones generadores de la información pública. La autonomía con la que trabajan actualmente, el rigor técnico y la transparencia con los que el Inegi y el Coneval desempeñan hoy sus funciones es ya un hecho que los mexicanos debemos saludar, reconocer y proteger, especialmente frente a las propuestas de “reforma” dirigidas al Coneval, que amenazan su calidad e independencia.
2. Es necesaria una discusión abierta y sin prejuicios para construir una verdadera red de protección social universal: que todo mexicano, por el hecho de serlo, tenga garantizados su educación, salud, pensión y seguro de desempleo, sin importar su estado laboral ni sus posibilidades económicas. Los programas focalizados “para los más pobres de los pobres” como Prospera, el principal programa contra la pobreza del país, son sin duda una alternativa para atender a los más desfavorecidos, pero el Estado mexicano no puede ignorar lo que está ocurriendo en los deciles II, III, IV, V y VI, cuya situación sigue gravitando en torno a la pobreza. Después de las cifras, la política social necesita un replanteamiento riguroso: no bastan un par de programas, se necesita una protección social universal.
3. Es indispensable abrir un debate sobre los principios, objetivos y prioridades del gasto, centrados en la construcción de una agenda pública para el crecimiento y la equidad social: presupuestar para la equidad y la seguridad social, y orientar el peso del gasto hacia la redistribución.
4. La convocatoria al presupuesto base cero puede aprovecharse para anclar en el presupuesto una estructura que asegure un piso mínimo de derechos económicos y sociales universales, y que pueda robustecerse con el tiempo (a través de reformas hacendarias progresivas). Dados los efectos inerciales que tienden a prevalecer en el gasto, el enfoque de base cero que se ha adoptado para el año siguiente representa una coyuntura crítica para definir la estructura y orientación básica del presupuesto para los años por venir. Más allá de la situación fiscal específica para 2016, es fundamental aprovechar el momento para redirigir y reestructurar el gasto para la redistribución y el crecimiento en el largo plazo.
5. Ante el anuncio del gobierno federal, según el cual se compensará la caída en los ingresos petroleros únicamente por la vía sumaria de reducir el gasto, es obligado exigir otras alternativas, cómo recurrir a préstamos nuevos atados a proyectos específicos, especialmente con los niveles actuales de las tasas de interés y considerando la importancia de mantener el gasto de inversión como sostén del crecimiento, al mismo tiempo que se refuerzan los programas de protección social.
6. La experiencia internacional reciente muestra el riesgo de que la austeridad fiscal profundice la desigualdad y la pobreza e inhiba el crecimiento, desatando un círculo vicioso: estancamiento → bajo crecimiento → menores ingresos tributarios → necesidad de mayores recortes al gasto y aún menor crecimiento.
La moderna literatura económica, elaborada tanto en Estados Unidos como en Europa y en nuestro país después de la crisis financiera, es enfática en salvaguardar la inversión pública de los recortes, planes de austeridad o presupuestos base cero. La discusión europea es muy ilustrativa: “Tenemos que cuestionar el supuesto de que todo el gasto público, incluso la inversión productiva es sustancialmente mala y no debe ser financiada con deuda, mientras que todo gasto privado, incluso el consumo, es inherentemente bueno”.4 No está de más insistir en los datos de nuestro contexto económico: el gasto en inversión pública se halla en los niveles ¡de 1946! El gasto en infraestructura, por su efecto potenciador del crecimiento, no debe contabilizarse como parte del déficit.
7. Para ello necesitamos una evaluación amplia para la reformulación del gasto público nacional en los tres niveles de gobierno. Esa estructura es, en sí misma, una muestra de la inercia, los pactos regresivos y el desperdicio de la renta petrolera. Entre 2000 y 2014, el gasto público ha crecido 99.1% en términos reales. Un incremento a tasa anual real de 5%, mientras la economía lo hizo a un ritmo de 2%. Esta multiplicación inusitada se confirma con la existencia de miles de programas sociales dispersos, yuxtapuestos, contradictorios, creados por gobiernos de todo tipo y nivel y que en conjunto apenas si atienden algunas de las necesidades claves de los beneficiarios para luego convertirlos en clientelas. Una reforma a la estructura del gasto público es condición del presupuesto base cero y de una reforma fiscal posible y obligada ahora por el brusco descenso de los precios del petróleo.
8. Una última coordenada fundamental: inscribir al gasto dentro de la nueva estructura de rendición de cuentas del país. Introducción de estándares, prácticas e indicadores de transparencia mucho más estrictos y de carácter nacional. Nada que tenga que ver con el cumplimiento de una obligación legal o de una relación con el Estado puede ser reservado o clasificado. Transparencia y rendición de cuentas debe gobernar la reestructuración y el ejercicio del gasto con base cero.
9. En ese sentido, hay que decir que México es un caso no sólo extremo, impresentable, sino también inestudiable, de su desigualdad real, pues es de los pocos países de la OCDE que no consideran públicas las declaraciones de los ciudadanos a Hacienda ni los impuestos que por ley estamos todos obligados a pagar. El carácter público de los datos fiscales es una de las medidas más refrescantes que necesita la modernización política y administrativa del país.
10. Lo hemos afirmado en otras partes: la pobreza y la desigualdad son el abono de la violencia endémica y del tránsito cada vez más expedito de la juventud hacia los mercados delincuenciales. Es imposible separar el atraso, la falta de crecimiento y de oportunidades, de la decisión de miles de mexicanos de enrolarse en el ejército criminal que ya existe y que hoy ha puesto en jaque al Estado en amplias zonas y segmentos del país.
En este sentido, la propuesta para incrementar el salario mínimo cobra un especial significado y trascendencia en estos días. No sólo se ha demostrado su factibilidad macroeconómica (no generaría inflación ni desempleo); no sólo está madura la liberación jurídica del salario mínimo en tanto mera referencia de precios y tarifas, sino que ahora se erige como una oportunidad para que el Estado, la sociedad, los empresarios y los sindicatos construyan una demostración inequívoca de su compromiso con el país y con la cohesión social.
Priorizar el gasto social, especialmente el más eficaz y distributivo; defender la inversión productiva y de infraestructura; aprovechar los bajos niveles de las tasas de interés actuales y redireccionar el presupuesto con fines redistributivos; transparentar la relación tributaria de los ciudadanos (ricos y pobres) con el Estado e iniciar una política nacional de recuperación de los salarios, comenzando por los mínimos. Estos son, en síntesis, los componentes de una alternativa al estancamiento y al empobrecimiento de largo palzo en nuestro país.
EN RESUMEN
La tendencia de largo plazo es grave y devastadora. Si bien el Estado mexicano ha hecho un importante despliegue presupuestal e institucional para reducir carencias sociales y mejorar el acceso a servicios básicos (especialmente en materia de salud), los esfuerzos son contrarrestados por el poderoso efecto empobrecedor y desigualador de los ingresos raquíticos y crónicamente deprimidos que perciben los mexicanos.
El ingreso real de la población en México no ha logrado recuperar el nivel que tenía hace más de veinte años, en 1992. Ese hecho fundamental, producto no sólo de la “política social” sino del conjunto de políticas económicas dominantes en las últimas décadas, condiciona todas las esferas de la vida pública y privada, erosiona la convivencia social e impide que millones de mexicanos tengan una vida digna.
Lo que el Inegi y el Coneval han difundido merece una deliberación de alcance y trascendencia nacional, inmediata y sostenida, sobre la base del reconocimiento, el entendimiento y el análisis riguroso de las tendencias y las cifras duras. Los gobiernos y órganos del Estado, los medios de comunicación y la opinión pública no pueden permitir que la información presentada dé paso a una discusión pasajera y superficial, reeditada en sus mismos términos cada dos años a la luz de una nueva encuesta o un nuevo informe. Tampoco caben la indiferencia, la resignación ni la indignación efímera hasta conseguir acallar la mala conciencia o en tanto un nuevo asunto o escándalo desplaza el tema de la agenda pública.
No hay democracia que resista un empobrecimiento sistemático, soportado ya por toda una generación. Buena parte del ánimo social contra las instituciones, los partidos, lo público y la vida democrática misma proviene de esa reverberación social, de esa contrastación sorda de una riqueza insensible y arrogante frente a una pobreza sin salida, vengativa y, no pocas veces, también violenta.
Los nuevos datos y diagnósticos no pueden conducir a naturalizar la pobreza y la desigualdad, asumirlas como características inherentes e inamovibles del paisaje social, ni a persistir en estrategias y políticas que han demostrado ya su fracaso histórico. Por el contrario, por su profundidad, persistencia y preocupante evolución reciente, el problema social que enfrenta el país exige una evaluación desprovista de prejuicios, de los supuestos que han guiado la estrategia del Estado mexicano para combatirlo y de la política económico-social en su conjunto. No es sano, ni política ni intelectualmente, dar por hecho que vamos por el camino correcto y al paso requerido, y que la prosperidad llegará con una fórmula que sólo requiere redoblar esfuerzos.
Los datos están en la mesa, ante los ojos de todos. Discutir abiertamente, deliberar seriamente, interactuar y corregir deben ser las maneras de encarar el desaliento que está determinando el contexto mexicano en esta violenta y empobrecida década.
1 Rosario Robles, “La pobreza en México 2014”, en El Financiero, 24 de julio de 2015.
2 “Palabras del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, durante la entrega de las obras de rehabilitación y mantenimiento en 10 unidades habitacionales del Distrito Federal”, 27 de julio de 2015, México, Presidencia de la República.
3 “Inegi: registra ingreso laboral de los hogares incremento de 7.6% entre 2012 y 2014”, Boletín informativo 453, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México, 29 de julio de 2015; “Ingreso de los trabajadores formales se recupera 3.7%”, en El Economista, 29 de julio de 2015; “Creció 3.7% ingreso de trabajadores: Navarrete”, en El Universal, 30 de julio de 2015, entre otros diarios nacionales de esas fechas.
4 Fiscal discipline and public investment in Europe, Berggruen Institute, 10 de diciembre de 2014, en: http://berggruen.org/uploaded_files/topic/pdf/158/CFE_Discussion_Paper_Fiscal_Discipline_and_Public
_Investment_in_Europe. pdf>; Investment for the future, Fondo Monetario Internacional, 6 de julio de 2014, en: <https://www.imf.org/external/np/speeches/2014/070614.htm>; Hen- rik Enderlei y Jean Pisani-Ferry, Reforms, investment and growth: an agenda for France, Germay and Europe, 27 de noviembre de 2014, en: <http://www.eco- nomie.gouv.fr/files/files/PDF/rapport_enderlein_pisani-en.pdf>. En México, en fecha reciente: Memorándum del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo ante la situación y la perspectiva económica y social, unam, mayo de 2015, en: <http:// www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx/docs/GNCDMemorandumMayo2015. pdf>, y Gerardo Esquivel Hernández, Desigualdad extrema en México. Con- centración del poder económico y político, Oxfam México, junio de 2015, en: <http://cambialasreglas.org/images/desigualdadextrema_informe.pdf>.
Firman, por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática:
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