Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
08/01/2018
Este año tendremos las elecciones más complejas de la historia mexicana. Será una oportunidad insoslayable para la democracia y para que demostremos nuestro compromiso con ella. Las amenazas que enfrentamos este 2018 no son pocas.
1. Atentados. La política, en algunas regiones, ahora es una actividad de alto riesgo. En menos de un mes han sido asesinados 14 dirigentes locales, presidentes o expresidentes municipales. El más reciente crimen ocurrió el miércoles 3 en Mixquiahuala, Hidalgo, contra el exalcalde Miguel Ángel Licona Islas. En once años han sido ejecutados por lo menos 112 presidentes y expresidentes municipales (Crónica, 4 de enero). Pero entre diciembre y los primeros días de 2018 se registraron 14 asesinatos: cuatro en Guerrero, tres en Jalisco y el resto en Baja California, Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Tabasco (El Universal, 4 de enero).
La violencia local afecta a todos los partidos. Entre los asesinados se encuentran un exalcalde priista en Hidalgo, un regidor perredista en Tabasco, un coordinador municipal de Morena y otro de Movimiento Ciudadano en Jalisco, un presidente municipal del PVEM en Chiapas, un precandidato panista en San Luis Potosí. En algunos municipios hay partidos que ya tienen dificultades para encontrar candidatos. Acerca de los costos de la violencia política ayer escribió, en estas páginas, el exconsejero electoral Javier Santiago.
En casi todos esos casos, el asesinato de ciudadanos ligados con la política activa propicia respuestas escasas y, por lo general, poco eficaces por parte de los partidos y más aún, en la sociedad. Aunque padecen acosos similares por parte de grupos delincuenciales, los partidos políticos no reaccionan de manera articulada ante los atentados que hasta ahora han ocurrido en espacios locales y municipales. El Estado (incluyendo a los propios partidos) tiene la obligación de evitar que esa violencia llegue a las campañas nacionales.
2. Provocaciones. Los saqueos de hace un año en varias zonas del Estado de México y al norte de la CDMX fueron notorios porque conjuntaron el transporte de asaltantes junto con el uso intensivo de redes sociodigitales. Nunca hubo explicación de autoridades federales, ni locales, acerca de los responsables de esos actos de vandalismo que concitaron la participación espontánea de centenares de personas con el pretexto de protestar contra los aumentos de precios a las gasolinas.
La semana pasada hubo al menos 33 intentos de saqueo en municipios mexiquenses y algunos más en la Ciudad de México. En Zumpango, 100 encapuchados irrumpieron en un supermercado. En Iztapalapa fue asaltado otro autoservicio (El País, 5 de enero). A diferencia del año anterior, en esta ocasión las convocatorias a saquear establecimientos comerciales tuvieron escaso eco en redes sociodigitales de carácter abierto. En Twitter, los mensajes de esa índole surgieron de cuentas con pocos seguidores y recibieron pocos reenvíos.
Hay otras dos diferencias con el vandalismo de enero de 2017. En esta ocasión las autoridades reaccionaron con más eficacia y detuvieron a por lo menos 113 personas. Por otra parte tanto en las calles como en varios muros de Facebook, vecinos de las zonas amenazadas se expresaron en contra de los saqueos.
Las provocaciones de hace un año, y de nuevo este enero, confirman que hay grupos interesados en propiciar respuestas violentas por parte de ciudadanos confundidos y/o disgustados. Se trata de acciones deliberadas y articuladas. El hecho de que hayan fracasado en esta ocasión no cancela la posibilidad de que sean reeditadas en los siguientes meses.
3. Zonas de peligro. Aunque no las controla del todo, la delincuencia organizada influye y atemoriza en algunas zonas del país. La organización de las elecciones, que requiere de la participación de centenares de miles de ciudadanos, así como de la instalación de millares de casillas, puede ser obstaculizada por la violencia actuante o latente en distintas regiones.
El Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía para Delitos Electorales han considerado que existen zonas de riesgo en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz (Excélsior, 2 de enero). Esa alerta implica que las autoridades federales tendrían que poner especial atención para inhibir amenazas a la organización y realización de los comicios en tales estados.
El papel de las fuerzas armadas será indispensable para garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a votar en esos y el resto de los estados. Pero además de las tareas de capacitación, la colocación de casillas y la protección de ciudadanos y votos, es pertinente reconocer que en algunas regiones las organizaciones de narcotraficantes muy posiblemente estarán interesadas en influir tanto en la designación de candidatos, especialmente en el plano municipal, como en las campañas mismas.
4. El Tribunal Electoral. Es triste reconocerlo, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha convertido en uno de los factores que pone en riesgo la legalidad y la normalidad de nuestras elecciones. En vez de constituir la fuente de estabilidad, certeza y garantías que tendría que ser el Trife, como se le sigue diciendo, con frecuencia trastoca la legalidad y la equidad de los procesos electorales.
Con inaceptable frecuencia las medidas pertinentes que toma el INE, la Sala Superior del Trife las enmienda o incluso anula. Uno de los desatinos más recientes del Tribunal ha sido la cancelación de las disposiciones que el Instituto había tomado para evitar la compra de votos.
Los consejeros del INE incluyeron en el Reglamento de Fiscalización de ese Instituto la prohibición expresa para la distribución, durante procesos electorales, de “cualquier tarjeta, volante, díptico, tríptico, plástico o cualquier otro documento o material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, así como solicitar a los ciudadanos cualquier dato personal a cambio de dicho beneficio”. Las erogaciones de esa índole no serían contabilizadas dentro de los gastos de campaña y se les consideraría “como un gasto sin objeto partidista”. De esa manera se trataba de inhibir el reparto de beneficios económicos como las tarjetas Monex y Soriana, que con tanto escándalo circularon en otras campañas.
Esa disposición en el Reglamento del INE estaba amparada en la Ley Electoral que, en su artículo 209, establece: “La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona”.
Sin embargo, el 27 de diciembre, a petición del PRI y el PVEM, el Tribunal modificó esa norma del Reglamento de Fiscalización y revocó el impedimento expreso para la distribución de tarjetas con dinero. Los magistrados del Tribunal reconocieron que la entrega de beneficios materiales está prohibida, pero, al mismo tiempo, admitieron que sean computados como gastos de campaña. De esa manera la adquisición de monederos electrónicos no será un “gasto sin objeto partidista” como establecía el Reglamento del INE y, entonces, recibiría menores sanciones. En la discusión sobre las elecciones del año pasado en Coahuila el Consejo General del INE sostuvo, por mayoría, que la compra por parte del PRI de tarjetas con dinero para repartir entre los electores fue un gasto sin objeto partidista.
5. Injerencia externa. Entre 2004 y 2017, el gobierno de Rusia trató de intervenir en los procesos electorales de por lo menos 27 naciones. La creación de noticias falsas para influir en el ánimo de los electores en Estados Unidos en 2016 fue el episodio más notorio, pero hay evidencias de campañas de desinformación, e incluso ciberataques, en Alemania, Canadá, España, Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Portugal y Reino Unido, entre otros países, de acuerdo con organizaciones como la Alliance for Securing Democracy.
La creación de cuentas falsas en redes sociodigitales, la propagación de mentiras en amplia escala y la infiltración de servidores y computadoras de gobiernos y partidos políticos, han sido recursos del gobierno ruso para favorecer o debilitar a diferentes opciones políticas. En regímenes democráticos los ciudadanos, al final, deciden su voto en libertad. Pero si lo hacen a partir de noticias distorsionadas esa decisión queda debilitada por la desinformación.
No serán ociosas todas las prevenciones que, en México, tome la autoridad electoral para preservar sus bases de datos. Pero además —este año más que nunca— necesitamos medios de comunicación que, con un manejo profesional de las noticias, puedan contrastar las versiones falsas.
Los riesgos antes anotados serán mayores si acrecientan el desaliento o la confusión entre los ciudadanos. Por el contrario, si la sociedad activa es capaz de exigir a los partidos, sin por ello descalificar a la política, si a pesar de los violentos, los provocadores y los embaucadores conseguimos defender y mejorar las leyes y las instituciones que hemos creado, 2018 será el año que queremos y merecemos.