Ricardo Becerra
La Crónica
05/08/2024
¿Pueden subir los salarios mínimos en un momento de crisis económica, inestabilidad y/o alta inflación? Mi respuesta es, no. ¿El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es el referente determinante para una política salarial? Vuelvo a responder: no. Por eso vale la pena apuntar que una de las reformas planteadas por el malhadado “plan c” y que se dictamina ahora mismo en la Cámara de Diputados es errada, está mal concebida, puede resultar contraproducente. Me explico.
La importancia de la política de los salarios mínimos no puede ser disimulada pues, la gran mayoría de trabajadores en México gana en el continuo que va de uno a dos salarios mínimos, de modo que la fijación de ese precio impacta masivamente a más de las dos terceras partes de los trabajadores mexicanos en el sector formal, y también en el informal.
Es un hecho demostrado que la política reciente de ascenso de salario mínimo no generó desempleo, ni cierre de empresas, inflación, ni causó una mayor informalidad como suponían los modelos convencionales o los prejuicios del gremio, además los aumentos salariales se convirtieron en una plataforma que impulsó el consumo y lo más importante, contribuyó decididamente a que 5.1 millones de mexicanos salieran de la pobreza. En definitiva, esta parece ser una de las (muy pocas) políticas acertadas en el presente sexenio.
Ahora bien, ¿es pertinente instalar en la Constitución la obligatoriedad de que los salarios mínimos se fijen siempre al menos un punto por encima de la inflación? Antes de responder es preciso señalar que la iniciativa tiene una serie de deficiencias en su redacción. Conforme a la ley, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) revisa los salarios a fin de año para que tengan vigencia a lo largo del año siguiente. Por lo tanto, las cifras que se establezcan regirán en el futuro. Así, el concepto de “inflación observada durante su vigencia” que reza la iniciativa es incorrecto e improcedente, porque no se puede “observar” la inflación que sucederá en el futuro.
La discusión de fondo sin embargo, es otra y tiene que ver con la concepción constitucional misma de los salarios mínimos vinculada completamente al bienestar de los trabajadores y sus familias, no a la inflación ni a ningún otro indicador macroeconómico. El objetivo cardinal de los salarios mínimos es que el trabajo legal y honesto en ocho horas sea suficiente para proveer de los medios de existencia indispensables para quien trabaja y a un dependiente económico.
Este objetivo no ha sido logrado en estos seis años, entre otras cosas, por el desorden, la falta de diálogo real y de metas mensurables. Los aumentos de los salarios mínimos en este sexenio han sido azarosos y poco explicados y si el alza no ha causado ninguna de las plagas bíblicas que profetizaba el mainstream es porque veníamos de un nivel despiadadamente bajo, más bajo que Haití en el 2017.
Pero vamos al punto. La razón de ser de los salarios mínimos está plasmada en el artículo 123 constitucional que dice: “… Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
Una forma de concebir el propósito constitucional con precisión, susceptible a ser medida, es que los sueldos mínimos sean suficientes para adquirir la canasta ampliada que elabora el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es decir lo suficiente para que dos personas vivan fuera de la pobreza. Si bien el hogar típico de los mexicanos en la tercera década del siglo XXI se compone de 3.4 miembros, también es cierto que nuestros hogares hoy, son sostenidos por dos ingresos (el bono demográfico que deberíamos aprovechar urgentemente antes del año 2032, momento en el que se extinguirá para siempre) lo que representa una de las oportunidades estructurales más importantes para abatir la pobreza laboral y la pobreza a secas en los siguientes años.
De esa suerte, el objetivo de que los salarios no desciendan por efecto de la inflación no sólo aparece como insuficiente, sino también impertinente.
Los salarios mínimos se establecen tomando en cuenta las condiciones productivas, empresariales, el entorno económico, el poder de negociación y sobre todo, el bienestar de los trabajadores. Pero en México el salario mínimo fue usado (abusado) durante cuatro décadas como ancla antiinflacionaria y como oferta de una mano de obra cada vez más barata disponible para inversiones nacionales y extranjeras. Esta política está siendo modificada (en buena hora) pero aún hace falta caminar un trecho importante, por lo que se impone, más bien, un nuevo pacto nacional que se proponga alcanzar la meta que prefigura el CONEVAL, durante esta generación.
La experiencia de estos años muestra que hay espacio, pero necesitamos establecer objetivos precisos, mensurables. El país pagará a sus trabajadores de la primera escala salarial lo suficiente para adquirir dos canastas alimentarias más servicios, calculadas por CONEVAL al terminar el siguiente sexenio. Esto implica, a precios de hoy, alcanzar un salario de 8 mil 610 pesos mensuales en el último año del siguiente sexenio. Se trata de un esfuerzo productivo, general y paulatino. Las empresas mexicanas no trabajarán más sobre la base de la pobreza laboral y por eso, a lo largo de seis años, cerrarán una brecha de 2 mil 388 pesos por trabajador, lo cual significa un aumento de 38 por ciento real sostenido por más de un lustro.
Esta trayectoria será fruto del acuerdo y la política y debe tomar en cuenta que en ocasiones la economía y las empresas pueden admitir sin problemas aumentos sustanciales (tal y como ha ocurrido en estos seis años), pero no puede obviarse el hecho de que habrá coyunturas, situaciones, complicaciones en las que no puede ser así y por eso, siempre y en todas partes el salario mínimo se acuerda y se decreta anualmente o tantas veces como sea necesario durante un período, porque es un precio que responde a la realidad y al contexto tanto como al objetivo.
Si habrá una política salarial seria y bien armada, hay que echar mano de los conceptos y los instrumentos adecuados. Una mala concepción como la propuesta en la Cámara puede dar al traste con una de las pocas políticas acertadas e importantes en estos años.