Ricardo Becerra
La Crónica
25/10/2015
Por fin ocurrió: el Senado de la República votó —unánime— la liberación de los salarios mínimos, no sin enmendar el dictamen de los Diputados, diez meses después de que aquella Cámara, elaborara la propuesta con inusual celeridad, impuesta además por el horror de Iguala y el reconocimiento presidencial de que la desigualdad y el ingreso bajísimo, algo tiene que ver con la violencia y nuestro desgarramiento social.
Aplauso a sus señorías en la Cámara alta. Y sin embargo, en su debate del jueves —escenificado por una veintena de oradores- danzaron equívocos, fallas conceptuales y algunas confusiones que deben ponerse en su sitio, porqué lo más importante, el cambio real -el alza significativa de los salarios— apenas comienza con la desindexación. Veamos.
1) El más esencial: los salarios mínimos no son un tipo de sueldo que se determinen por crecimiento, inversión o productividad. Es un error muy recurrente que ha desparramado por todos lados el Secretario del Trabajo, Navarrete Prida. Por definición, el salario mínimo es un precio fuera del mercado. Por eso, siempre y en todas partes aparece como un decreto. Es el precio que las sociedades civilizadas imponen al trabajo menos calificado. Es el precio que evita los abusos “monopsónicos” de cualquier empresario, chico, mediano o grande, es decir, el abuso que le da su poder de contratación y de despido.
En una nuez: el salario mínimo es un precio moral, un acuerdo social.
2) Otra confusión se repitió muchas veces: el artículo 123 –donde radica la idea del salario mínimo- no alude, en ninguna parte, consideraciones macroeconómicas, de inflación, competitividad, inversión o productividad. Los salarios mínimos se definen siempre en el orden normativo, en el orden del bienestar. Dice la Constitución: deben “ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. Puede ser una formulación demasiado piadosa, incluso inalcanzable, pero por eso tiene tanto sentido y realismo la propuesta del Jefe de Gobierno del D.F.: el primer aumento del mínimo consiste en ajustarlo al nivel crítico de la canasta alimentaria. 86 pesos, es la línea que libera a una persona de la pobreza extrema. Con ese dinero puede comprar ya la canasta alimentaria —suya, y de un miembro más de su familia—. En la propuesta de Miguel Ángel Mancera, 86 pesos (de 2015) es el umbral que el mercado laboral impone para que nadie que trabaje en la formalidad, viva en la pobreza extrema.
3) La desvinculación del salario mínimo de cientos y cientos de conceptos que nada tienen que ver con el bienestar de los trabajadores (desindexación), exige inventar un formulismo que por gracia del Presidente Peña, en tierras aztecas, se ha nominado “Unidad de Medida y Actualización” (UMA). Es un valor que se determinará a principios de año, simplemente para que todas las multas y tarifas se mantengan exactamente en el mismo nivel del año previo y para que en su conjunto (son miles), no sean inflacionarias. Pues bien, la UMA no tiene nada que ver, ni remotamente, con las famosas UDI’s. Las Unidades de Inversión, fueron un invento a las carreras, ideadas al calor de la crisis del tequila, para que en un escenario de inflación galopante, el dinero no perdiera valor y por eso se actualizan todos los días. La UMA en cambio, se determinará en diciembre y para todo el resto año. Por eso, en vez de ser un riesgo inflacionario, la UMA es un ancla que otorga una certeza anual y contribuirá a la política de prevención de la inflación justamente porque no la persigue: la ancla.
4) Los salarios mínimos que ha decretado –abusivamente- la Conasami en los últimos 15 años, ha sido de la peor manera posible: ni siquiera mirando la inflación prevista en el año que viene sino simplemente, manteniéndolos tablas, aumentándolos conforme a la inflación que ya pasó. O sea: el salario viene detrás, no se anticipa y por tal razón, el ingreso corriente es uno de los factores del empobrecimiento nacional, cómo demuestran una y otra vez, con elocuencia estadística, el INEGI y el Coneval.
Apenas nos embarcaremos en la discusión central (cuánto debe aumentar el salario mínimo en 2016). Conviene, al menos, tener claros los conceptos.