Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
11/05/2015
El tiempo, aparentemente, no pasa por San Quintín. Cerca de 80 mil jornaleros trabajan y viven en condiciones peor que precarias a cambio de salarios más que lamentables. Las demandas que los llevaron a una huelga en marzo pasado bastan para describir el rezago legal y social, pero también moral, que hay en ese valle al sur de Ensenada.
Aumento de salarios, jornada de ocho horas, descanso semanal, seguridad social… tales son las banderas que sería innecesario defender con la organización sindical y la huelga, porque todos esos son derechos constitucionales y establecidos en la legislación laboral. Pero el tiempo y la justicia han permanecido de tal manera estancados en San Quintín que las jornadas son de 15 horas diarias y a veces más, el descanso dominical es incumplible, 8 de cada 10 jornaleros carecen de servicio médico, muchos de ellos en vez de salarios cobran según la cantidad de fruta que recojan, principalmente fresas, moras o tomate. Entre los trabajadores de San Quintín hay viejos de más de 70 años y niños que padecen las mismas jornadas.
Ni la semejanza con las condiciones laborales que hace más de un siglo contribuyeron a la Revolución, ni el evidente rezago en la aplicación de las normas en materia de trabajo, ni siquiera el más elemental respeto a los derechos humanos, han logrado que esas condiciones mejoren de manera significativa. Por eso no es extraño que de cuando en cuando los jornaleros de San Quintín protesten, a veces enfrentándose a la inquina de sus empleadores y a la fuerza pública.
En marzo pasado, después de diez días de huelga y de varios bloqueos en la carretera Transpeninsular, ganaron un aumento salarial del 15%. Era algo, pero no suficiente. La mayoría recibe 100 o 110 pesos diarios y quieren al menos 200. También han exigido la cancelación del contrato colectivo que detentan varios sindicatos afiliados a centrales como la CROM y que no los representan ni los defienden. En San Quintín no se pagan aguinaldos, ni prima vacacional. Parecería un sarcasmo pensar en reparto de utilidades.
De los entre 70 y 80 mil jornaleros, al menos 2 mil son eventuales. La mayoría respalda a la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, denominación tan precisa como reveladora del sentido de ese movimiento. Si la lucha de los jornaleros ha tenido implicaciones políticas, es por la obcecación de la mayor parte de los empresarios de la agricultura en esa región bajacaliforniana, para ganar un poco menos y resarcir mejor el esfuerzo de esos trabajadores. Esa politización se debe también a la tortuosidad de los gobiernos estatal y federal para responder a tales demandas.
El viernes 8 de mayo, 4 mil de esos trabajadores esperaban la llegada del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. De improviso, avisó que no acudiría al encuentro que él propuso días antes. Cuando el dirigente de la Alianza de jornaleros, Fidel Sánchez Gabriel, le reclamó ese incumplimiento, el subsecretario federal, de acuerdo con las versiones que se han publicado, le advirtió: “no me amenaces, porque no sabes quién soy yo”.
Como los plantaron, los jornaleros, disgustados, instalaron un plantón en San Quintín. Al día siguiente, el sábado, varias docenas de miembros de la Alianza fueron a Rancho Seco a invitar a los jornaleros de ese sitio para que no fueran a trabajar. A solicitud del propietario del rancho, llegaron elementos de la policía estatal que golpearon a varios jornaleros.
Hay varias versiones sobre el inicio de la agresión. Los jornaleros señalan que en ese y otros incidentes actuaron provocadores en busca de una respuesta violenta de las autoridades. La policía dice que los agredidos fueron algunos de sus agentes y se han publicado fotos de un vehículo policiaco que fue incendiado. También se difundieron videos en donde se ve la llegada de un convoy policiaco mientras se escuchan detonaciones de bala. Entre los jornaleros hay heridos con balas de goma.
Los jornaleros de San Quintín, entre quienes hay miles de migrantes de Oaxaca, son apoyados por grupos sociales de ese estado, entre ellos maestros de la sección 22, y por organizaciones nacionales como la Central Campesina Cardenista. También han recibido solidaridad de la United Farm Workers, el sindicato del legendario César Chávez, que a pocos kilómetros de allí organizó hace medio siglo a los trabajadores agrícolas de California. A mediados de abril una comisión de los jornaleros estuvo en la ciudad de México, visitó el Senado y, por otra parte, el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, prometió ayudar para que fueran atendidos por el gobierno federal.
En torno a ese movimiento convergen intereses muy diversos, pero antes que nada destacan las terribles condiciones en las que trabajan y viven los jornaleros. Sin embargo el gobernador de Baja California, Francisco Vega, ha sugerido que ese movimiento se debe a infiltraciones externas. Desde el gobierno federal también se ha querido propagar esa versión. ¡Como si los jornaleros necesitaran que alguien les abriera los ojos para darse cuenta de la miseria que sufren!
Viviendas paupérrimas, abasto alimentario insuficiente y costoso, servicios sanitarios escasos, atención médica infrecuente… esas condiciones las padecen hace demasiados años los jornaleros de San Quintín (y, por cierto, en otros sitios del país) y casi no han cambiado en varias décadas. Una de las diferencias es que ahora hay varias generaciones de trabajadores agrícolas que han nacido y viven en el Valle, muchos de ellos son jóvenes y no son pocos los que aprovechan recursos tecnológicos para organizarse y comunicarse. Los comités de la Alianza por la Justicia Social se coordinan con teléfonos celulares y las recientes incursiones policiacas fueron videograbadas, y difundidas en línea, por algunos de esos muchachos.
En San Quintín existen, como dirían los clásicos, condiciones objetivas y subjetivas que han detonado el descontento. Allí está armado el escenario para una crisis de grandes dimensiones, que ni la indiferencia ni la mano dura podrían solucionar. La paranoia del gobernador y de otras autoridades no explica, ni resuelve, ese conflicto.
ALACENA. Multa histórica al PVEM
La que aprobó ayer la Comisión de Fiscalización del INE para sancionar algunas de las trapacerías del PVEM, sería la multa más alta para un partido desde las que recibieron el PRI por el Pemexgate y PAN y PVEM por los financiamientos que logró el grupo Amigos de Fox, ambas después de las campañas de 2000.
La sanción por 329 millones de pesos significa el triple del costo que tuvieron los spots que, con el pretexto de difundir informes de sus legisladores, han sido parte de la propaganda del Partido Verde. Falta que el resto del INE, y desde luego el escurridizo y contradictorio Tribunal Electoral, respalden esa sanción. Y también ya va siendo necesario que el PRI, que es el principal aliado del Verde, sea reconocido como un partido que se asocia con tramposos.