Uno de los datos más regresivos (y más violentos) de estos años, es la meticulosa operación estrategia cobijada por las direcciones nacionales, tejido de acuerdos en 17 estados del país, votaciones sin debate público y reformas sigilosas a paso veloz que encabezan los partidos más grandes de México con todo el apoyo bendiciones incluidas de la Iglesia católica. Se trata de criminalizar a las mujeres mexicanas que hayan abortado. Al sufrimiento psíquico y físico de las mujeres, se refuerza y añade su criminalización, una pena corporal y un trato delincuencial.
Se han reformado Constituciones y leyes para ese objetivo en una vasta y macabra maniobra que retrotrae a México a un estado pre-laico, es decir, un Estado que obliga a las mujeres a parir.
Estos textos, debidos a miembros del IETD, quieren llamar la atención de la gravedad de esta operación política, jurídica y religiosa. Un inquietante acuerdo reaccionario; un acuerdo, si, muy consensuado… para llevarnos hacia atrás, suspender derechos y pasmar la modernización cultural de México.
Artículos de miembros del IETD
Priistas que no amaban a las mujeres
por IETD on 2010/01/15 9:42 PM
Ciro Murayama
La Crónica de Hoy. 27/11/2009
Con el respaldo de los legisladores locales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), 17 entidades federativas de México han modificado sus constituciones para definir que la vida del ser humano comienza desde la concepción. Con tales cambios se cancela o cuando menos se limita de forma severa la posibilidad de que las leyes locales de salud permitan la interrupción del embarazo y, en el extremo, siguiendo la nueva letra de las constituciones locales, que dicha interrupción pueda considerarse un asesinato, con las sanciones penales que ello implica, contra las mujeres que se tomen esa decisión extrema y el personal médico que las asista.
La regresión es tan grave que Naciones Unidas ha alertado sobre el tema. Coincidiendo, esta semana, con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) calificó a las reformas aludidas como actos de “violencia estructural contra los derechos de las mujeres” (El Universal, 25-11-09).
Dichas reformas constitucionales, literalmente reaccionarias en tanto reaccionan a la legalización de la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación que se aprobó en el Distrito Federal y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional, coinciden plenamente con la visión que sobre el mundo, la salud y los derechos de la mujer tiene la Iglesia católica, la cual impulsa en América Latina a agrupaciones que se dicen defender “los derechos del no nacido” y que en otras latitudes, como en España, están en plena cruzada frente a una reglamentación más precisa y segura en materia de interrupción del embarazo.
La no distinción entre temas de moral privada y problemas de salud pública, a la que se suma la pretensión de que el Estado se convierta en brazo ejecutor de lo que desde la perspectiva religiosa son conductas incorrectas, que caracterizan a la Iglesia, también definen la postura del gobernante Partido Acción Nacional en México y explican porqué el PAN sigue siendo incapaz de tener un compromiso explícito e inquebrantable con el Estado laico en pleno siglo XXI. Muestra de ello fue que, con base en sus creencias personales y no en las responsabilidades públicas que le confiere su investidura, el presidente Calderón, a través del Procurador General de la República, promovió ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de despenalizar la interrupción del embarazo en la capital del país.
Pero en la ola de contrarreformas que se vienen sucediendo estos meses y semanas no puede deja de sorprender el apoyo del PRI, partido que gobernó México durante siete décadas y que, con todo, supo mantener definiciones legales y políticas públicas independientes y hasta contrarias al dictado de la influyente Iglesia católica. Baste recordar, por ejemplo, la importante política de planificación familiar en la década de los años setenta del siglo pasado.
Ahora el PRI, sin embargo, vota con el PAN o bien promueve por cuenta propia, en los congresos donde es mayoría, la penalización de la interrupción del embarazo. Eso, a pesar que el artículo 10 de la declaración de principios del PRI, aprobada apenas el año pasado establece: “Nos pronunciamos por un Estado laico para el siglo XXI, que sostenga la imparcialidad de las instituciones y garantice la salvaguarda del ámbito particular de los individuos frente a cualquier intromisión de corporación, credo o dogma y reconozca a plenitud el ejercicio de su libre albedrío”. ¿Y no es un acto de parcialidad institucional, así como una intromisión desde un credo religioso y un dogma sobre el libre albedrío de las mujeres referente a su maternidad el penalizar la interrupción del embarazo?
El artículo 25 de la misma declaración de principios del PRI dice: “Nos pronunciamos por una sociedad en donde la equidad de género sea una realidad que contribuya al establecimiento de una cultura de respeto e inclusión entre los hombres y las mujeres”. Pues hay que decir a los priistas que de acuerdo con lo que establece la ONU, las reformas que ellos y ellas impulsan en los congresos locales vulneran la equidad de género y producen violencia contra las mujeres.
Este veloz corrimiento del PRI a la derecha y en esta materia ocurre cuando ese instituto político es presidido por Beatriz Paredes, quien declara que el tema de la interrupción del embarazo “divide a la sociedad y polariza el ambiente” por lo que ella se mantiene al margen (La Jornada, 26-11-09). La dirigente del PRI insiste en que en este tema cada legislador de su partido actúa en función de su conciencia personal, pero es evidente que el “no tener postura” mientras avanza, con los votos de su partido, una legislación similar a la que impulsaron en Nicargua, Daniel Ortega y el cardenal Miguel Obando como condición para el respaldo de la Iglesia al regreso de Ortega al poder, es una clara toma de postura política. Y es factible preguntarse si no tiene la misma motivación que en el caso del malogrado país centroamericano.
Parafraseando a Stieg Larsson o más bien a la traducción al español de su primera novela, los priistas son unos más de los que no amaban a las mujeres. Quizá sea momento de acudir ante la Internacional Socialista a solicitar la exclusión del PRI por su apoyo a medidas que atentan contra los derechos de la mujer, de la misma manera en que el Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo expulsó al PVEM cuando éste respaldó introducir la pena de muerte en nuestra legislación.
Rivera y Ratzinger
por IETD on 2010/01/15 9:41 PM
Adolfo Sánchez Rebolledo
La Jornada. 14/01/2010
La batalla en torno a la recién aprobada ley que legaliza el matrimonio y la adopción entre y por parejas del mismo sexo, nos ha dejado ver, una vez más, la dependencia ideológica de Acción Nacional respecto de la Iglesia católica, pero también el oportunismo de sus figuras nacionales, incluyendo al jefe del partido, al secretario de Gobernación y al mismo Presidente.
Ante la imposibilidad de conseguir el apoyo de la tercera parte de los diputados capitalinos que hacen falta para promover una acción de inconstitucionalidad y a la espera de que sea la Procuraduría General de la República quien elabore la argumentación estrictamente jurídica y política” (César Nava), el cardenal Norberto Rivera se ha trazado la misión de castigar electoralmente a los promotores de la ley, sin el menor respeto por los fundamentos del Estado laico, contenidos en la Constitución y en la propia Ley de Asociaciones Religiosas.
El discurso del cardenal ha venido subiendo de tono hasta el punto de decir, por boca del vocero de la arquidiócesis, que “nosotros es decir, los clérigos tampoco podemos obedecer primero a los hombres y sus leyes antes que a Dios; toda ley humana que se le contraponga será inmoral y perversa, pues al ir contra su voluntad termina por llevar a la sociedad a la degradación moral y a su ruina” (La Jornada, 11/01/10), palabras que desencadenaron un racimo de condenas instántaneas, incluido el deslinde del senador Madero y de Arturo Farela, presidente de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas.
La actitud del PAN, concentrada en la defensa de la “libertad de expresión” del cardenal, a cargo de César Nava, presagia que en este caso, como en la despenalización del aborto, intentará poner en marcha una operación para aislar a la Asamblea Legislativa y al Gobierno del DF movilizando a la opinión pública desde el púlpito y los medios, al tiempo que el gobierno deja caer el peso del Estado sobre las instituciones, legislativas y judiciales, que eventualmente se ocupen del tema. Esta reacción, claramente basculada hacia la derecha, no es nueva, ni mucho menos, pero ayuda a comprender mejor los mecanismos y la división del trabajo en el seno de la coalición gobernante.
Así, mientras la jerarquía agita las aguas, desafiando el orden constitucional, el PAN procura un perfil neutro, deslavado, más abogadil que doctrinario, bajo el cual se oculta el pragmatismo de la derecha en el poder, pero también, hay que subrayarlo, la escasez de argumentos para elaborar una impugnación que no sea la repetición mecánica de los principios dictados por el Vaticano. Los panistas creen que si se da el caso, la Suprema Corte podría asirse de algunos tecnicismos para invalidar las reformas aprobadas en el DF (o, al menos, no llamar “matrimonio” a las uniones de hecho y prohibir la adopción), sin necesidad de entrar al fondo de la cuestión que radica, justamente, en que el Estado laico no puede hacerse cargo de la universalidad y menos de la obligatoriedad de la visión de “índole moral o religiosa” que, legítimamente, sostienen las distintas iglesias en relación con estos temas.
Cuando Norberto Rivera asegura que detrás de la reforma existe una persecución ideológica o que “Nos quieren prohibir hablar en nombre de Jesús, predicar su doctrina, cumplir con el mandato del Señor (…) por defender el vínculo sagrado del matrimonio (…) se burlan de los valores cristianos y de nuestras creencias más sagradas”, distorsiona la realidad, evade el tema de los derechos de los homosexuales en general y pasa por alto la situación real de la familia en México (y en el mundo).
En rigor, exige que la sociedad y el Estado acepten como propias, verdaderas y obligatorias sus consideraciones morales, como si la reforma sobre la naturaleza civil del matrimonio limitara de algún modo la libertad religiosa. Esa intolerancia es, justamente, la que cuestiona el laicismo que rescató para el Estado, mediante un difícil y conflictivo proceso, siempre impugnado por la Iglesia católica, prerrogativas como el registro y el matrimonio civil que aún hoy muchos católicos conservadores desdeñan.
Hoy no es distinto: la derecha mexicana está lejos de aceptar en sus términos constitucionales el laicismo, a pesar de que la reforma de 1992 canceló las aristas más agudas y “resolvió” las viejas discrepancias entre la Iglesia católica y el Estado. Pero en las cuestiones concernientes a la moral pública, sigue atada a las prescripciones papales en estas materias.
Rechaza la despenalización del aborto, se opone a una verdadera educación sexual y, ahora, enfrenta con todas sus armas la extensión del matrimonio a parejas formadas por individuos del mismo sexo. Valga recordar, por ejemplo, las indicaciones del entonces cardenal Ratzinger (2003) para atender el “preocupante” asunto de “las uniones homosexuales, que en algunos casos incluyen también la habilitación para la adopción de hijos”, un texto que escribe justamente con el fin de iluminar “la actividad de los políticos católicos (…) cuando se encuentren ante proyectos de ley concernientes a este problema”.
Es evidente que tanto en Roma como en México, este nuevo capítulo de la secularización tomó por sorpresa a los políticos de la derecha convencional, obligando al Vaticano a retomar la iniciativa. No repetiré aquí las argumentaciones del ahora Papa, pues todas ellas se pueden leer ímplicitas en las inflamadas homilías del cardenal Rivera, pues éstas se centran por igual en la premisa de que el matrimonio “ha sido fundado por el Creador, que lo ha dotado de una naturaleza propia, propiedades esenciales y finalidades (…) de que el hombre, a imagen de Dios, ha sido creado varón y hembra” (Gn 1, 27), para cumplir con la máxima bíblica de “sed fecundos y multiplicaos” (Gn 1, 28).
Sin embargo, hay un elemento en el que la Iglesia se muestra inflexible y aparece poco en las argumentaciones de los panistas contra la actual reforma: la furia contra el ejercicio de la homosexualidad (no hablemos de la pederastia en este momento). Raztinger es categórico: “no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia”. Y, tras explicar los elementos doctrinales, concluye: “El matrimonio es santo, mientras que las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural. Los actos homosexuales, en efecto, cierran el acto sexual al don de la vida.
No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso”. De eso se trata. Sin embargo, el Vaticano sabe que no siempre puede ganar todas las batallas de un solo golpe y da a los políticos católicos la libertad de adoptar ciertas formas de tolerancia al mal. La cita, un poco larga, vale la pena: “En caso de que el parlamentario católico se encuentre en presencia de una ley ya en vigor favorable a las uniones homosexuales, debe oponerse a ella por los medios que le sean posibles, dejando pública constancia de su desacuerdo; se trata de cumplir con el deber de dar testimonio de la verdad.
Si no fuese posible abrogar completamente una ley de este tipo, el parlamentario católico, recordando las indicaciones dadas en la encíclica Evangelium Vitæ, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública”, con la condición de que sea “clara y notoria a todos” su “personal absoluta oposición” a leyes semejantes y “se haya evitado el peligro de escándalo”.
¿Y el gobierno, qué piensa?
Aborta y te denuncio
por IETD on 2010/01/15 5:35 PM
Ricardo Becerra
La Crónica de Hoy. 04/06/2007
Debe ser una deuda monumental o muchas deudas acumuladas o un dogma profundo del Presidente de la República que lo hermana sin remedio con la derecha granítica de México; pero permitir que su Procurador, Medina Mora, interponga la impugnación a la ley que despenaliza el aborto en el Distrito Federal, muestra, a las claras, que para el señor Presidente primero están los prejuicios que portan los ortodoxos de casa, antes, que el avance social y cultural en el país. Primero los míos, que la visión de conjunto, las evidencias científicas y la modernidad cultural de México. Soy de los que hubiera apostado que el Presidente no se precipitaría en una aventura de esta magnitud, de tan improbables resultados y de tan flacos argumentos, pero Calderón lo hizo: ahora, se embarca en otro litigio (como si le hiciera falta) en contra del PRD, del PRI, de Alternativa, los partidos aliados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y otro órgano del Estado: la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ni más ni menos.
Es lamentable además, que permita la captura ideológica de la Procuraduría General de la República por parte de la agrupación Provida quien, como todo el mundo sabe, se debate en una demanda ¡penal! por recomendación de la Auditoría Superior de la Federación. De lo que son capaces. En su acción de inconstitucionalidad, el señor de la Mora decide irse por las ramas y atar su alegato a partir de la bioquímica ¿cuándo comienza la vida? y no en las normas jurídicas ni en las humanidades, ¿cuándo comienza la persona y por lo tanto, sus derechos?, que no es lo mismo. Con esta confusión de base, deliberadamente teologal, el Procurador arguye que ésta es una discusión semejante a la que en su momento removió la pena de muerte de la Constitución (como si el cigoto fuera equiparable al presidiario) y a partir de ahí, el grueso expediente se convierte en una apasionada lisonja a la familia y los valores “que propician la vida”. Es más, la PGR se arriesga a decir a propósito del aborto que: “…el Estado no puede privar de la vida a un ser humano” (p. 13), como si la interrupción de un embarazo quedará en el interregno de una determinación administrativa, un trámite, como si los partos fueran cosa del Estado.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también escurre el bulto y cuelga su argumento en torno a los “derechos de procreación” para convencer a la Suprema Corte que en la decisión de abortar debe intervenir obligatoriamente el hombre, la pareja… el argumento se cae solo: ¿y si el hombre quiere abortar ante la negativa de ella?, ¿y si ocurre un empate en la determinación? es más, ¿si los dos deciden abortar, donde va a parar la artificial litis y la apesadumbrada objeción de la CNDH? En todo caso, quien se hace cargo del feto, de su cuidado intrauterino, de las implicaciones vitales del embarazo, es ella; quien enfrenta el parto es ella; quien como lo demuestra la historia se hace cargo normalmente del producto, en primer lugar, es ella, ¿por qué fingir igualdad de esta condición reiteradamente desigual? La lectura de ambas acciones de inconstitucionalidad, exhibe dos debilidades radicales: ni la una ni la otra mencionan, en ningún lado, los derechos de las mujeres, su autonomía y su calidad de sujetos para tomar decisiones sobre lo que constituye su cuerpo y su propia vida.
Y en segundo lugar: ninguno de los dos documentos alude el hecho central: si por ignorancia, inexperiencia, falta de información, inocencia, ingenuidad, negligencia, accidente, fallo en los métodos de anticoncepción, o por su propia determinación, la mujer aborta, deberá o no ser refundida en la cárcel. Punto. Los señores de la PGR y de la CNDH, evaden ese centro que se llama precisamente despenalización: si ante la decisión casi siempre dolorosa, grave y personalísima de interrumpir el embarazo, el Estado agregará dosis de humillación, persecución y confinamiento moral a las mujeres, o si por el contrario, procurará garantizar su tranquilidad y su salud en ese trance. En el fondo, lo que busca la despenalización es una maternidad entendida como decisión responsable, no como un castigo. La nueva ley aprobada por la ALDF permite que cada una actúe en conciencia.
Las mujeres que no quieran abortar, no lo harán. Y esa es la diferencia. El señor Ombudsman y el Procurador se han saltado al bando de los que quieren imponer su pensamiento a todo el mundo. La despenalización no obliga a nadie a una moral, a un aborto: sólo intenta que acabe una pesadilla social (según CONAPO se practican 102 mil abortos inducidos al año, el 90 por ciento en pésimas condiciones de salud), la persecución y la vergüenza de las mujeres. La reforma de la Asamblea del Distrito Federal impide que alguien pueda amenazar, insinuar o decir: si abortas te denuncio. De eso se trata, nada más.
La pulsión persecutoria
por IETD on 2010/01/15 5:32 PM
José Woldenberg
Reforma. 08/10/2009
Un alud de reformas constitucionales para proteger la vida desde el momento de la concepción parece ser la respuesta del conservadurismo más insensible a la despenalización del aborto que se aprobó en el Distrito Federal. Luego de que la Corte estableciera que la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas era constitucional, los diputados locales del PRI y el PAN (y en algunos estados con la complicidad de los del PRD), con una celeridad digna de mejores causas, han modificado 15 constituciones locales para consagrar la protección de la vida desde la fecundación del óvulo.
En algunos casos, como Baja California, Durango, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y Sonora, han colocado en el texto constitucional un auténtico disparate: que a la fecundación se le entiende («se le reputa») como si se tratara de un niño nacido «para todos los efectos legales correspondientes». No importa la flagrante violación de la lógica o el desconocimiento de los avances científicos, se trata de colocar un dique para impedir que las mujeres puedan interrumpir su embarazo durante las primeras semanas del mismo. Una auténtica pulsión persecutoria.
La despenalización, hay que repetirlo, a nadie obliga a abortar. Se trata de un expediente extremo al que las mujeres recurren por muy diversas razones y nadie (ni el Estado ni la Iglesia ni los vecinos) debería inmiscuirse en esa decisión. Por el contrario, la despenalización de una práctica más que extendida ayuda a que las mujeres que así lo deseen cuenten con asistencia médica y no arriesguen ni su salud ni su vida.
Pero además, todo parece indicar que en la sociedad existe una comprensión creciente de que el aborto durante las primeras semanas de la gestación no es un asunto de policías, ministerios públicos y tribunales, sino en todo caso de conciencia, y que cada mujer debe tener el pleno derecho a decidir. Y para no hablar de oídas, las organizaciones que componen la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir realizaron entre los capitalinos una encuesta (la tercera, ya que en 2007 y 2008 hicieron ejercicios similares), cuyos resultados son ilustrativos y elocuentes.
El 85 por ciento de los encuestados sabe de la existencia de una nueva disposición en el Distrito Federal que permite la interrupción legal del embarazo. El 81 por ciento se enteró por la televisión y el 6 por la radio. El 73 por ciento dijo estar de acuerdo con la nueva ley. La cifra resulta espectacular porque en 2007 sólo el 38 por ciento estaba de acuerdo, y en el año 2008 la aceptación ascendía al 63.
Dado que la despenalización estuvo acompañada de disposiciones legales que obligan al gobierno del Distrito Federal a incrementar el acceso a los servicios de salud reproductiva, a los programas de planificación familiar y a mejorar la educación sexual en las escuelas, la inmensa mayoría de los encuestados se manifestó a favor de esa fórmula que pone el énfasis en la educación y el acceso a los más diversos métodos anticonceptivos. A la pregunta de si estaba de acuerdo que para la prevención de embarazos no deseados era necesario fortalecer los programas de educación sexual, el 96 por ciento de los encuestados contestó que sí; y con relación al despliegue de programas para mejorar el acceso a los servicios de salud reproductiva, métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y uso del condón, el 97 por ciento dijo estar de acuerdo.
El 83 por ciento de los capitalinos expresó su simpatía para que la ley que permite la interrupción legal del embarazo se extienda a otras entidades, y ese mismo porcentaje enunció su acuerdo para que las mujeres que viven fuera de la capital puedan ser atendidas en el DF (porque vale la pena apuntar que el 23 por ciento de las interrupciones legales de embarazos que se realizan en la Ciudad de México corresponden a mujeres de otras entidades). Y el 84 por ciento consideró que las disposiciones capitalinas benefician de manera especial a las mujeres de escasos recursos.
El 90 por ciento de los entrevistados consideró que la decisión de interrumpir el embarazo debe ser sólo de la mujer (51 por ciento) o de la pareja (39 por ciento).
En suma, franjas muy grandes de la sociedad parecen compartir la idea de que lo óptimo es desplegar amplios programas de información y educación para que las personas puedan decidir sobre el ejercicio de su sexualidad y sus capacidades reproductivas. Ello debe ir acompañado de políticas que pongan al alcance de quienes lo deseen los muy diferentes métodos anticonceptivos. Pero si por alguna razón los mismos fallan o no fueron utilizados, la decisión de interrumpir el embarazo debe ser de la mujer (o en todo caso debe ser compartida con su pareja). Y si ello es así, el Estado más que convertirse en una entidad atosigante y punitiva, debe ofrecer las facilidades para que las mujeres eviten tener hijos no deseados, durante las primeras semanas de la gestación, en las mejores condiciones de atención a su salud.