Lorenzo Córdova Vianello
El Universal
25/02/2015
Hace una semana siete partidos políticos se levantaron de la mesa del Consejo General. Este hecho, que ha propiciado una gran atención de los medios sobre el proceso electoral que no se había logrado desde que inició formalmente, provocó un efecto indeseable en nuestra vida democrática: que se interrumpa el debate entre los partidos políticos y la autoridad electoral y que momentáneamente las decisiones se tomen sin contar en la mesa con la presencia de una parte relevante de los contendientes de este proceso electoral.
Lo ocurrido no puede ser tomado a la ligera. La mesa del Consejo General expresa el pacto fundacional del sistema democrático de nuestro país. No sólo es un mero espacio para el debate político. Esa mesa sintetiza el esfuerzo y la creatividad de un diseño institucional que ha sido incluyente y una garantía para la gobernabilidad y la estabilidad política por más de dos décadas. En cada sesión se recrean, mediante la discusión —en ocasiones serena y en otras altisonante— los temas políticos de mayor relevancia y el compromiso de todos los actores representados en ese órgano con las reglas democráticas que nos hemos dado. En tal sentido la participación de los partidos políticos en la mesa del Consejo General, así como en las diferentes instancias de deliberación del INE, no es un simple trámite ni tan sólo una señal de buena política. La presencia y participación de los partidos es fundamental para dotar de legitimidad y certeza a los procesos electorales, al menos por las siguientes siete razones:
1) Al participar en la toma de decisiones, los partidos fortalecen la reflexión sobre la vida democrática y al mismo tiempo defienden sus legítimos intereses a través de los diversos cauces institucionales diseñados para ello.
2) Mediante la deliberación, los partidos establecen un marco de exigencia y condiciones propicias para que la autoridad tome decisiones razonadas e informadas. Es decir, los puntos de vista de los partidos enriquecen la toma de decisiones.
3) Al participar en las discusiones, acompañando o no el sentido o posturas mayoritarias de la autoridad, los partidos políticos siguen garantizando su legítimo derecho a impugnar, con base en los medios legales e institucionales previstos por nuestro sistema electoral, con lo cual propician que las resoluciones de la instancia jurisdiccional doten de definitividad los actos y decisiones de la autoridad electoral administrativa.
4) Carece de sentido un sistema de partidos en el que los competidores no participen en la organización y desarrollo de las elecciones, ya que no sólo se daña la credibilidad de la contienda sino la legitimidad de los resultados. Es decir, sólo con el consentimiento de los partidos sobre las principales decisiones, la autoridad puede avanzar con la fortaleza que requiere.
5) Para la sociedad, la participación de los partidos es sinónimo de pluralidad, de las posibilidades auténticas de participación y competencia, e implícitamente representa un reconocimiento de que la organización del proceso electoral se está realizando con base en la ley.
6) Al participar en las discusiones del Consejo General, que son públicas y transmitidas por medios informativos, los partidos contribuyen tanto a la difusión de sus propuestas y posicionamientos como a que la ciudadanía se entere de los aspectos conflictivos inherentes a la competencia electoral y la forma en que se resuelven.
7) Los partidos son los principales beneficiarios del sistema electoral, y como tales requieren de una autoridad fortalecida que permita la sustitución pacífica y legítima de los gobiernos en México, encabezados por ellos mismos.
Los consejeros electorales no podemos ser refractarios a las inquietudes expresadas por los partidos en la mesa del Consejo General y en la arena pública. Eso, no sólo sería un error, sino una negación al sentido deliberativo de la democracia. Pero tampoco la autoridad electoral puede subordinarse a las demandas de uno, tres o siete partidos. Por eso es importante que los siete regresen a la mesa y que en las discusiones se exprese a plenitud el pluralismo político.
Nos conviene a todos, a los partidos, al gobierno federal y a los locales, a la autoridad electoral y a los ciudadanos, respetar las reglas del juego. Ese es el acuerdo básico de toda democracia y el que necesitan todos los actores políticos, en cualquier ruta que los mexicanos vayamos a transitar, para que la representación política sea legítima y para que las elecciones sigan siendo un ancla de la gobernabilidad. Por eso, los partidos políticos tienen el rol central en un sistema democrático y por eso son los protagonistas de la contienda.