Mauricio Merino
El Universal
30/12/2015
Me gustaría que en 2016 no sólo se completaran las leyes que todavía le hacen falta al sistema nacional de transparencia, sino que el conjunto resulte coherente y eficiente; que la ley general de archivos y la de protección de datos personales no contradigan ni anulen los avances de la ley general de transparencia; que el Congreso zanje las trampas operativas que se colaron en la legislación federal sobre ese tema y que el Senado nombre a un excelente Consejo Consultivo del Inai, en un proceso responsable y ajeno a los repartos habituales y las demagogias, para colocar un contrapeso a los conflictos y a los excesos que se han comenzado a permitir los comisionados de ese nuevo órgano; que los congresos estatales den prueba de compromiso democrático y completen exitosamente las garantías de nuestro derecho a saber y comparar, sin regresiones ni reparos; que las legislaciones locales que ya faltaron a ese compromiso durante el año 2015, como Tabasco y Querétaro, se echen abajo por la SCJN; que nadie ponga más pretextos para cumplir con honestidad y sentido republicano el compromiso de poner en marcha el sistema nacional anticorrupción que, de momento, no es más que una promesa constitucional; que se modifique desde la raíz el derecho disciplinario mexicano, para que ningún corrupto encuentre justificaciones tramposas a sus fuentes ilícitas de ingreso en los complejísimos procesos legales que se siguen para sancionarlos; que se haga, en consecuencia, una excelente ley general de responsabilidades capaz de dotar a la administración pública de medios de investigación para probar las desviaciones de recursos, evitar el daño patrimonial y social que la deshonestidad causa a la nación y quebrar las redes de complicidad entre funcionarios y particulares que han hecho de la corrupción un hecho cotidiano en México; que no triunfe la versión tradicional del derecho administrativo mexicano, que insiste en abrevar del derecho penal para hacer mucho más compleja la posibilidad de contener y sancionar la corrupción; que haya una ley general del sistema nacional anticorrupción que sea ejemplar para América Latina; que los órganos que le darán vida a ese sistema tengan los medios para funcionar con éxito y que las personas que lo encarnarán comprendan la dimensión histórica del papel que estarán llamados a cumplir; que las reformas legales que se deriven del sistema no acaben siendo un galimatías que nadie entienda y acabe bloqueando la eficiencia en los gobiernos; que la hechura de las legislaciones estatales en materia de combate a la corrupción no se convierta en una fiesta de complicidades y simulaciones; que, por el contrario, se genere una sana competencia entre los estados de la Federación para ver cuál de ellos construye los mejores sistemas para garantizar la honestidad de sus gestiones públicas; que se entienda la relación directa que hay entre esos sistemas de transparencia y combate a la corrupción y la orientación social del gasto público; que mediante el acceso a la información y los muros levantados contra la apropiación ilegítima del dinero que es de todos, se geste durante el año una nueva visión del combate a la pobreza y del compromiso público con la igualdad; que los programas presupuestarios ya no excluyan ni discriminen a los grupos vulnerables de la sociedad; que el debate sobre el salario mínimo permita su incremento gradual pero sostenido, sobre la base de un nuevo pacto económico y social con los empresarios responsables del país; que los servidores públicos de mayor jerarquía comprendan que su misión profesional es, precisamente, el servicio público; que asuman que eso significa ponerse del lado de las personas vulnerables y no del lado de los poderosos; que utilicen los presupuestos recortados que tendrán para potenciar el uso de su tiempo y su imaginación a favor de la igualdad y de la dignidad sociales; que comprendan que la combinación de transparencia, honestidad y compromiso social es el mejor antídoto contra la violencia y la única forma de contener al crimen organizado; que las cámaras legislativas abran por fin su in formación completa y rindan atentas del uso que hacen del dinero; que los partidos ganen votos sin comprarlos y sin utilizar los programas públicos para construir clientelas; que tengamos una sociedad más responsable y armoniosa y tolerante y solidaria y…