Ricardo Becerra
La Crónica
24/11/2019
«Hagan el recorrido por carretera, Ciudad de México hacia Juárez, ida y vuelta… yo lo he hecho. Es imposible alcanzar la frontera norte sin haberse topado al menos, con tres retenes militares o policiacos federales cuando menos, y otros estatales o incluso municipales. Regresen por la misma ruta y en cambio, nadie los revisará, ni uno solo… como si el crimen y los elementos del delito sólo fluyeran en una dirección. Es la aceptación en los hechos e implementada por nosotros mismos, de que el mal sólo proviene de nuestro lado».
Quien habla es un experimentado, retirado, capitán de las Fuerzas Armadas mexicanas, quien con preocupación se animó a exponer su diagnóstico ante un nutrido grupo de ONG, el martes pasado. Todas las organizaciones igualmente implicadas en los temas de la seguridad pública, la criminalidad y el dolor de víctimas. Un desfile muy notable de saberes, datos, diagnósticos y propuestas maduradas al calor del activismo, la investigación concienzuda y el sufrimiento propio.
La coincidencia es rotunda: el país no tiene una estrategia de seguridad pública, nada que se aproxime a un conjunto de iniciativas coherentes, decisiones coordinadas, del tamaño del problema. Lo que impera es la desarticulación y la improvisación. Las frases repetidas una y otra vez, “estamos atacando las causas” o “abrazos no balazos” son en realidad, escapismo, evasión a los problemas concretos, la criminalidad concreta, secuestros y robos concretos y las muertes concretas, aquí y ahora.
Hay 3 mil fosas clandestinas, 26 mil cuerpos sin identificar, 40 mil desaparecidos y zonas de exterminio que se cuentan por centenas y lo peor, es que… ya no nos horroriza, y ése es, quizás, el principal fracaso: toda la crueldad ha sido normalizada… “se matan entre ellos” he escuchado.
En seguridad pública ha ocurrido lo que en otros grandes problemas de la vida nacional: estaban allí, se originaron “en la época del neoliberalismo”, pero este año lejos de cambiar, se agravaron (como el crecimiento económico, pobreza, deterioro ambiental, derechos humanos, migración, etcétera). Si somos objetivos, el presente gobierno no ha sabido o podido ser el gobierno del cambio, sino el de una pedregosa continuidad.
En realidad, el primer punto de inflexión pasa por admitir la gravedad del problema de seguridad pública, porque es posible que en nuestro territorio se configuren ya escenarios cercanos a la conflagración civil.
Es cierto que su solución debe empezar a corregir los problemas sociales que son su caldo de cultivo (pobreza, desigualdad), pero mientras tanto el cáncer ya está entre nosotros —desde hace rato— devorando vidas y determinando las condiciones de (mala) existencia para millones y eso debe ser atacado ahora.
Es imposible hacerlo todo al mismo tiempo, pero las prioridades parecen estar claras: hay que recuperar territorios seleccionados, los más importantes y estratégicos para la nación; hay que detener su expansión, el más pernicioso de todos en el largo plazo; hay que desarrollar toda una política de atención a víctimas y no solo a “algunas víctimas visibles” y articular con ellas una serie de políticas de reparación y castigo conforme a la ley vigente; y hay que articular, en lo mero importante, a las diferentes instituciones que intervienen en la impartición de justicia penal (sobre todo fiscalías), además de revisar el acoplamiento institucional de la Guardia Nacional.
El taller partió de una convocatoria inédita a la que concurrieron el Centro de Investigación para la Paz México, Lantia Consultores, la Universidad Iberoamericana, el Centro de Investigación y Docencia Económica, México Evalúa, Causa en Común, convocadas por Pensando en México.
Un encuentro perturbador por un diagnóstico gravísimo. Pero por eso mismo, porque se trata de la vida y la seguridad, es el único asunto que tendría que estar aparte de la polarización, la política o la grilla de nuestros días. El terreno urgente para el acuerdo fundamental. Y sí, en medio de la discordia y el horror.