Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
02/09/2019
Según Andrés Manuel López Obrador, “ya es un hecho la separación del poder económico del poder político”. Sin embargo nunca, como ayer, el empresario más acaudalado del país y los dirigentes patronales habían sido expresamente mencionados y ovacionados en un informe de gobierno.
El presidente, en su discurso, se deslinda del neoliberalismo. Pero su política económica se encuadra en los más ortodoxos cánones neoliberales.
Considera, además que “ya existe un auténtico estado de derecho” aunque el auge de la delincuencia organizada desmiente todos los días esa ilusión. López Obrador aseguró que su gobierno “no se entromete en las decisiones de órganos autónomos” pero no se pueden desestimar las falsedades que ha dicho sobre instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni las iniciativas de legisladores de Morena para afectar la autonomía de la CNDH.
Según el presidente, el de ayer fue su tercer informe. De acuerdo con la obligación constitucional era el primero.
Ésa no es la más grave de las numerosas contradicciones que se le escucharon este domingo. La brecha entre el deseo y la realidad, o mejor dicho entre la retórica y los hechos, no es novedosa en el desempeño de López Obrador pero resulta muy preocupante. El presidente dice que nos encontramos en un cambio de régimen pero lo que experimentamos es un reforzamiento del presidencialismo autoritario. Quiere convencer de que “está en marcha una auténtica regeneración de la vida pública en México” pero lo que se ha reconstituido es la vieja cultura política priista que se sustentaba en el clientelismo y el absolutismo pero, ahora, con nuevo estancamiento económico y retracción del Estado en la economía.
Del dicho al hecho, o del diagnóstico a las decisiones políticas, el país que describe López Obrador se encuentra muy distante de la realidad. El presidente acierta cuando se manifiesta contra la “idea falaz de que el Estado no debe promover el desarrollo ni buscar la redistribución del ingreso”. Se podrían aplaudir frases como la que subrayó, más adelante: “dejemos a un lado la hipocresía neoliberal y reconozcamos que al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales”.
En contraste con esas afirmaciones, lo que está haciendo el gobierno de López Obrador es quitarle al Estado capacidades para reorientar la economía y propiciar equilibrios en la sociedad. Para el presidente, contar con “finanzas sanas” implica “no gastar más de lo que se recibe”. Nadie le ha explicado, o no ha querido entender, que las economías contemporáneas apoyan su desarrollo en el manejo inteligente del déficit fiscal.
Otro apotegma neoliberal que el presidente comparte con costosa irreflexión es la renuncia al fortalecimiento del Estado a partir de una política fiscal capaz de gravar las ganancias más altas. Desde esa postura, se ufana: “no hemos aumentado impuestos… no se han creado nuevos gravámenes”. Ms. Thatcher o Mr. Reagan habrían aplaudido esas frases, igual que lo hicieron ayer algunos de los empresarios más poderosos del país.
También es de corte neoliberal, con un añadido populista, la entrega de dinero de manera directa. Los programas de apoyo social que despliega el gobierno seguramente benefician a millones de personas pero implican la suplantación, o la desarticulación, de amplias zonas de la infraestructura institucional que el país creó en las décadas recientes. Según el presidente, esos recursos “llegan directamente a los beneficiarios” y no a través de instituciones porque “se los clavan”. ¿Pues no asegura que ya no hay corrupción en el gobierno? Al privar de recursos a instituciones de salud, entre otros rubros, el presidente favorece la relación clientelar y aniquila servicios indispensables.
“La economía está creciendo poco, es cierto, pero no hay recesión”, admite. Pero no se advierten medidas para remontar el estancamiento económico. Tampoco hay evidencias comprobables de que, como dice López Obrador, “ahora es menos injusta la distribución del ingreso”. Mencionó cifras del IMSS para sostener que se han creado más de 300 mil empleos, además de las remuneraciones a 930 mil beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Sin embargo hay estimaciones como las de México, ¿cómo vamos?, que encuentran que en lo que va del actual gobierno se han perdido más de 72 mil empleos formales. Por otra parte los apoyos a jóvenes habilitados como aprendices no son empleos y no existe un padrón que permita verificar su autenticidad. Lo que sí fue un logro durante este gobierno es el incremento al salario mínimo.
Por eso, además de engañosa, es aventurada la frase del presidente cuando dice “la apuesta por el progreso sin justicia es políticamente inviable y está condenada al fracaso”. Hasta donde vamos, en el actual gobierno, no hay progreso ni justicia.
López Obrador dio cuenta de lo que parecerían algunos logros. Dice que el robo de combustible “se ha reducido en un 94%”. Sin embargo los datos que publica Pemex indican que la venta de gasolinas y diesel siguen disminuyendo. Carlos Loret de Mola, en su columna periodística, se refirió hace varios meses a esa paradoja que no ha cambiado. Si hay menos robo, ¿por qué no se registran más ventas? En 2016 se vendían 822.6 miles de barriles diarios de gasolinas. En 2018, 763.7. En lo que va de este año, hasta julio, la venta diaria de gasolinas ha sido de 729.2 miles de barriles, en promedio. Lo mismo sucede con el diésel, del cual apenas el año pasado se vendían 292.8 mil barriles diarios y en 2019, 270.4.
Si, como dice el presidente, gracias al combate al huachicol hay un ahorro de 50 mil millones de pesos, ese dato tendrá que reflejarse en las cuentas que entregue al Congreso. Por lo pronto hay cifras que permiten poner en duda esa información. Lo mismo sucede con la consolidación de compras que hace el gobierno y que según el presidente han permitido ahorrar 145 mil mdp. Lo que se han conocido, hasta ahora, son casos de desabasto por una inadecuada adquisición de productos como las medicinas.
Todavía, por otra parte, siguen sin conocerse los nombres de los funcionarios que según López Obrador ganaban 700 mil pesos al mes.
Y resulta provinciano pero además desenterado, el engreimiento del presidente cuando presume que fueron cerradas 51 representaciones de Pro México, la agencia que fomentaba la inversión extranjera en México. El presidente quiso ironizar cuando dijo “No hay Pro Francia, Pro Alemania ni Pro Japón”. Pues sí las hay. Se llaman Business France, German Trade & Invest y Japan External Trade Organization.
En todo caso y más allá de ese lamentable desconocimiento, si el gobierno ha podido ahorrar centenares de miles de millones de pesos, ¿por qué ha cancelado proyectos que beneficiaban a decenas de millones de mexicanos como el Seguro Popular, las estancias infantiles o, en otro plano, las becas para estudiantes de Posgrado en el extranjero?
Si hay combate a la corrupción, sería una espléndida noticia. Hasta ahora lo que se ha conocido es una aplicación discrecional de la ley. El presidente sintetizó: “si me piden que exprese en una frase cuál es el plan del nuevo gobierno respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad”. Ojalá que así fuera. Sin embargo no puede soslayarse el aplauso que él mismo propició en homenaje a Manuel Bartlett que no ha ofrecido explicaciones ante la reciente publicación de los inmuebles que tiene y que no reportó en su declaración patrimonial.
No hay rectificación alguna en el rumbo que López Obrador ha resuelto imponerle al país. Quienes en la opinión pública, con buena fe y con cierta ilusión creyeron que este domingo el presidente anunciaría alguna rectificación importante, han podido constatar que para él no hay recomendaciones ni consejos que valgan. El diseño del Tren Maya sigue adelante e incluso, aunque no es cierto, dijo que esa obra respeta “la voluntad de los ciudadanos”. Sobre la cancelación del Aeropuerto, se jactó de que se han pagado todos los bonos y contratos aunque se cuidó de decir que esa ocurrencia nos ha costado más de 100 mil millones de pesos además del precio de la construcción en Santa Lucía.
Ni anunció medidas para contener la inseguridad. No dijo, por ejemplo, que entre diciembre y julio hemos tenido más de 23 mil víctimas de homicidio doloso.
El menosprecio con el que el presidente se refiere a quienes no coinciden con sus apreciaciones ratifica su intolerancia. La prepotencia con la que asegura que “están moralmente derrotados” es otra expresión del ensimismamiento de su discurso y de la ilusión de la que quiere convencer al país.
Desde luego se puede estar de acuerdo en algunas cosas con el presidente López Obrador. Por ejemplo, cuando dice que “nada ha dañado mas a México que la deshonestidad de los gobernantes”. En eso, tiene razón.