Tic-tac-tic-tac

Como es de esperarse, el avance en las entidades es disparejo y no siempre satisfactorio. Transparencia Mexicana, junto con Imco y Coparmex, ha instalado un semáforo que cualquiera puede consultar en internet para conocer los avances en cada una de las entidades de la República. Diez ya tienen reforma constitucional y es satisfactoria; tres, regular y otras tres, deficientes. Siete tienen iniciativas de reforma constitucional entre regular y deficiente aún sin aprobar, y los restantes nueve ni siquiera tienen iniciativa de reforma constitucional. El tiempo apremia.

El Comité de Participación Ciudadana (PCP) debe convertirse en el cerebro del SNA. A pesar de todas las dificultades, falta de presupuesto, carencia de sede, etcétera, está obligado a presentarnos una estrategia de trabajo eficiente que haga evidente desde el principio la forma en la que acometerán la importante tarea que les hemos confiado.

A veces uno tiene la posibilidad de escoger la agenda de trabajo y, en otras ocasiones, la coyuntura impone las prioridades. No hay más remedio que agarrar al toro por los cuernos. Hay dos casos que se imponen y serán difíciles de eludir. Uno de ellos es el capítulo mexicano de la trama de corrupción internacional de la empresa Odebrecht y, el otro, la revisión del gasto social en año electoral.

A partir de que esta empresa brasileña admitió ante la justicia de Estados Unidos su culpabilidad en actos de corrupción y sobornos a varios gobiernos de América Latina, se han abierto sendas investigaciones en Colombia, Perú, Argentina y Ecuador. México deberá hacer lo propio utilizando todas las facultades legales del SNA que obligan a cooperar a la PGR, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, bajo la coordinación del CPC que preside Jacqueline Peschard.

Este caso será emblemático porque comprueba la hipótesis sobre la que se construyó el SNA: la corrupción es un mal social que opera en redes y que implica a múltiples actores. Estamos hablando de una red internacional en la que Estados Unidos enfrentó a la empresa y así empezó a jalar la hebra para desenredar la madeja. No sólo hay presión nacional, es evidente la presión internacional para que esta investigación dé resultados. Hasta ahora no hemos visto que la PGR esté trabajando.

El otro caso que está sobre la mesa tiene que ver con los procesos electorales del pasado 4 de junio y que siguen en tribunales. El SNA le da facultades y herramientas a la Auditoría Superior de la Federación para hacer auditorías parciales en la medida en la que se va ejerciendo el gasto. El mismo 18 de julio se puede abrir una auditoría al gasto social en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, los cuatro estados en los que hubo elecciones. Se puede auditar a la Sedesol desde el día que tomó posesión Luis Miranda hasta el día de la elección y revisar si efectivamente se hizo un uso político de los programas sociales. También se puede auditar a los gobiernos de esos estados. La revisión del ejercicio del gasto social es importante, sobre todo de cara a 2018.

Si bien el PAN y el PRI no han logrado ponerse de acuerdo para nombrar al fiscal Anticorrupción, el trabajo del actual procurador deberá ser de total cooperación con el CPC y seguramente en este caso habrá que involucrar otras áreas de la PGR. Es muy probable que haya necesidad de convocar también a Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Será responsabilidad del CPC coordinar las autoridades necesarias para vigilar en tiempo real el gasto social.

Hay grandes esperanzas puestas en el funcionamiento del SNA, la transformación estructural será lenta y complicada, precisamente por ello este primer año fundacional es tan importante y sus primeros casos requieren de toda su inteligencia, pero, sobre todo, de la integridad de ese Comité de Participación Ciudadana.