Jacqueline Peschard
La Crónica
19/08/2020
Es una buena noticia que se reúnan hoy en San Luis Potosí la CONAGO y el presidente López Obrador con su gabinete, aunque sea de manera privada, a fin de acordar medidas extraordinarias para enfrentar la crisis sanitaria y económica por la pandemia de Covid 19. La actual administración no se ha distinguido por promover la deliberación con los distintos actores políticos para determinar qué políticas públicas y programas de gobierno impulsar, o al menos para respaldarlas, en buena medida porque cuenta con la mayoría en el Congreso para hacerlo. Por ello, hay que celebrar esta apertura al diálogo entre el gobierno federal y los estatales, que debería ser la constante.
A diferencia de ocasiones previas en que la asistencia del presidente al encuentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores ha sido un acto básicamente protocolario, ésta ha cobrado especial relevancia por la situación crítica que atraviesa el país que ha implicado la pérdida de 8 millones de empleos en cinco meses, la muy probable incorporación de 10 millones de nuevos pobres y la caída del 10% PIB, pero también por las tensiones, algunas sobre todo mediáticas, que se han suscitado entre algunos gobiernos estatales y el federal, con relación al manejo de las respuestas a la enfermedad y sobre el pacto fiscal vigente.
Hace unas semanas, a raíz de las declaraciones del subsecretario López Gatell y la abogada de la SS sobre la posibilidad de sancionar administrativa y hasta penalmente a los gobernadores que no respetaran las disposiciones sanitarias federales, como el semáforo epidemiológico, 9 gobernadores, agrupados en la llamada Alianza Federalista, pidieron la renuncia inmediata de López Gatell por mentir y manipular las cifras de la evolución de la pandemia y por pretender delegar la responsabilidad por las fallas en los datos y la proyección de la enfermedad a los estados y municipios. Aunque se trató de un episodio más escandaloso que de consecuencias reales, sí logró alimentar una imagen de confrontación entre algunas oposiciones locales más activas y el gobierno federal.
No cabe duda que la pandemia y la urgencia de mayores recursos financieros, siempre escasos, para enfrentarla ha ahondado los roces entre los gobiernos locales y el federal en un contexto en el que el gobierno federal de mayoría tiene que convivir con una correlación de fuerzas diferente en el ámbito local, porque los partidos de oposición, hoy por hoy, gobiernan en 25 de las 32 entidades federativas. Pero, esta distribución plural en nuestro escenario federal no se traduce inmediatamente en un concierto de voces soberanas capaces de tener peso efectivo en la definición de la agenda pública para darle forma a un federalismo robusto, sobre todo porque las entidades federativas dependen enormemente de las transferencias federales. Ello explica, en parte, por qué la Alianza Federalista sólo agrupa a 10 gobernadores de oposición que se han propuesto dar visibilidad a sus reclamos y exigir una interlocución privilegiada con el gobierno federal. De hecho, para la reunión de la CONAGO, los gobernadores de la Alianza plantearon, de entrada, un ajuste en el esquema federal y una agenda de trabajo con cuatro puntos: 1) revisar el pacto fiscal para que la distribución de la hacienda pública se haga sobre criterios de justicia y equidad, 2) fortalecer los 32 sistemas de salud para reforzar la inversión pública, 3) revisar estrategias para la reactivación económica y 4) definir políticas para privilegiar energías verdes.
Aunque la Alianza Federalista busca privilegiar el dialogo y la colaboración para enfrentar el desafío de la pandemia, su sola existencia resulta incómoda para el gobierno federal porque choca con la idea de subordinación de los gobiernos estatales al federal, surgido de un amplio respaldo ciudadano. No es casual que el propio AMLO haya insistido en que “no habrá encontronazos” en la reunión de CONAGO y que la Secretaria de Gobernación haya retomado los temas propuestos por los gobernadores, agregando otros como el de la educación y la gobernabilidad.
En realidad, sabemos que se impondrá la formalidad entre los actores políticos. El dilema no es si estallará la confrontación, porque en ella, los gobiernos estatales de oposición tienen poco que ganar, sino si es posible diseñar un acuerdo federal que transite hacia una distribución regional más equitativa de los recursos públicos que aliente el mejor aprovechamiento de nuestros diversos activos, no sólo naturales y de infraestructura, sino de conocimiento y capacidades técnicas.
En los años noventa, cuando el país empezó a transitar hacia la pluralidad política, los gobiernos estatales empezaron a ganar relevancia nacional y se habló de que se estaba perfilando un nuevo federalismo que dejaría atrás el centralismo de facto que se había instalado durante el régimen de partido dominante. Hoy, el mosaico federal es políticamente diverso, pero la pluralidad no ha sido una palanca suficiente para sustentar una relación más equilibrada entre los gobiernos locales y el federal.