Jacqueline Peschard
El Universal
17/08/2015
En México la educación básica es gratuita, dice la Constitución. En la realidad, sin embargo, ingresar a un menor a una escuela pública cuesta más de lo que familias en pobreza y pobreza extrema pueden costear.
La próxima semana los alumnos de nivel básico, primaria y secundaria, regresan a clases. Con el inicio del ciclo escolar viene también un gasto en útiles escolares y uniformes que para algunos hogares puede representar el ingreso semanal, o más, de todos sus miembros. Eso, claro, sin descartar la tradicional práctica de las escuelas de exigir cuotas a los padres so pretexto de necesitarlas para el mejoramiento de servicios o instalaciones.
El exhorto de los legisladores al gobierno federal en estas fechas ha sido estar atento ante posibles alzas arbitrarias de precios, lo cual ocurre cada año. Hay que decir, aun así, que en manos de los padres de familia está el no propiciar ese engaño.
En un reportaje publicado hoy por este diario se da cuenta de la enorme diferencia de precio que hay entre los mismos productos según el lugar donde se compran. Si los lugares que venden más caro recibieran por ello el escarmiento de los consumidores, corregirían sus políticas; hay que recordar que gran parte de las ventas anuales de las papelerías se concentra en el periodo de inicio de clases. No se arriesgarán a perder la inversión en su producto si corren el riesgo de bajas ventas en su fecha más importante del año.
Pero más importante que una discusión sobre la oferta y la demanda de útiles escolares es debatir acerca de la forma como se promueve la educación entre las familias de más escasos recursos.
Hoy día no hay un programa gubernamental, homologado en todo el país, cuya meta sea dar a todos los mexicanos la misma oportunidad de estudiar. Localidades como Cancún o el Distrito Federal compran y reparten útiles escolares, mas no es una práctica generalizada. Además, la gratuidad es apenas uno de otros factores necesarios para realmente universalizar el acceso a la educación.
En Taiwán, por citar un ejemplo de un país con carencias similares a las de México durante el siglo pasado, la ley establece que cualquier menor de edad debe tener una escuela a no más de 3 kilómetros de distancia. Allá no hay pretextos. Si los padres no mandan a sus hijos al colegio pueden terminar en la cárcel.
No se propone en este espacio replicar las mismas medidas, pero sí tomarnos en serio, como país, lo que cada año se dice en los discursos: que la educación es la prioridad. Todavía se puede hacer más.