Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
23/10/2017
La destitución del fiscal para Delitos Electorales se debe a un castigo político impuesto desde la Presidencia de la República. Esa es la interpretación a la que conducen la súbita decisión de la PGR, la ausencia de explicaciones claras, los antecedentes inmediatos en las tareas que desempeñaba el fiscal Santiago Nieto Castillo y la varias veces documentada inclinación del presidente Peña Nieto para defender a sus amigos antes que a las instituciones y la legalidad.
El lunes 16 de octubre, Raúl Cervantes anunció su renuncia como Procurador General. Entre otras cosas dijo que la PGR concluyó “las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México se hayan visto”.
Cervantes se refirió a las denuncias, publicadas en México y Brasil, acerca del pago de sobornos de la empresa Odebrecht a funcionarios, incluso gobernantes en ejercicio, de varios países. Los sobornos fueron entregados a cambio de contratos de obras públicas. En México, de acuerdo con esas acusaciones, los pagos ilícitos habrían sido recibidos en 2012, entre otros, por Emilio Lozoya Austin que en esa época formaba parte de la coordinación de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Lozoya, que fue director de Pemex entre diciembre de 2012 y febrero de 2016, ha rechazado esas imputaciones.
El pasado miércoles 18, Reforma publicó como nota principal unas declaraciones de Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, quien dijo que un importante personaje relacionado con el asunto Odebrecht lo había presionado para que lo declarase inocente. En esa entrevista Nieto no mencionó de manera expresa a Emilio Lozoya pero el diario vinculó tal declaración con el ex director de Pemex.
La misma información, curiosamente, había sido difundida una semana antes por esa casa editorial. El martes 10 de octubre, al salir de un evento académico en la Facultad de Derecho, el fiscal Santiago Nieto declaró que una figura involucrada en el caso Odebrecht lo había presionado para que la excluyera de la investigación: “me envía una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un curriculum diciéndome quién es su papá, quien es su mamá, en dónde estudió, nunca entendí esta parte… Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy una figura pública, la autoridad se tiene que disculpar’, esto es lo que me parecía particularmente grave”.
Esa declaración fue publicada por Reforma el martes 10 en su sitio en línea pero no en la edición impresa del día siguiente. Una semana después la misma entrevista, con las mismas afirmaciones, ocupó la nota principal, en primera plana.
La posible corrupción de Lozoya fue mencionada en las indagaciones de la justicia brasileña por tres exdirectivos de Odebrecht que lo acusan de haber recibido por lo menos 10 millones de dólares para que favoreciera a esa empresa en su búsqueda de contratos en México. Esa información fue revelada el 13 de agosto en una investigación de los periodistas Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, de la red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas en la que participan varios medios latinoamericanos. El 16 de agosto, a partir de esas publicaciones el PRD presentó en la Fiscalía para Delitos Electorales una denuncia contra Lozoya por presunto uso de recursos ilícitos en la campaña presidencial de 2012.
El 16 de agosto, Lozoya le envió al fiscal Santiago Nieto la carta en donde solicitó que se le informase si en esa fiscalía había una acusación en su contra con motivo de la investigación a la empresa Odebrecht. También pedía que se le citase a declarar sobre ese asunto. Sin embargo al día siguiente, cuando acudió a la PGR en respuesta a un citatorio, se reservó su derecho a declarar.
En aquella carta que el mismo Lozoya difundió hace dos días, el sábado 21 de octubre, hace una síntesis de su trayectoria profesional y política tal y como narró el fiscal Nieto. Además el ex director de Pemex menciona allí varias notas periodísticas. Lo hace con cierto descuido porque indica que una información publicada el 15 de agosto pasado en El Economista bajo el título “Fepade investigará a Emilio Lozoya” apareció el “15 de agosto de 2015”. La transcripción de esa nota reproduce frases atribuidas a Nieto como si fueran textuales aunque no fueron publicadas así, al menos en la versión en línea de ese diario. Allí se informa, acerca de una declaración del fiscal: “Nieto agregó que en la Fepade actuarán con responsabilidad y se avocarán a ejercer la acción penal contra todas las personas que resulten responsables pero, matizó, a la dependencia no le corresponde hacer ni juicios, ni absoluciones sumarias”.
Nieto cumplió con ese compromiso. No condenó, ni eximió a Lozoya de responsabilidad respecto de los sobornos brasileños. Lo que hizo fue comentar en público la carta que recibió dos meses antes y sin mencionar al remitente. En rigor, no puede considerarse que esa carta formase parte de una averiguación en curso. Sin embargo el viernes pasado la PGR anunció la destitución de Nieto porque “transgredió el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República”. Ese Código indica que los funcionarios de la PGR deben “guardar la confidencialidad de la información y documentación” a la que tienen acceso, “evitando su revelación”. El entonces fiscal no difundió la carta de Lozoya, solamente hizo alusión a ella.
Más allá del pretexto formal para destituirlo, la remoción de Santiago Nieto es ilegal. La PGR informó que esa decisión la tomó el subprocurador Jurídico, que está a cargo del despacho desde la renuncia del procurador Cervantes, de acuerdo con los artículos 30 de la Ley Orgánica de la PGR y 136 de su Reglamento. Sin embargo esas disposiciones se refieren al procedimiento para suplir al procurador en caso de ausencias temporales. La renuncia de Cervantes es definitiva. Un encargado de despacho no puede asumir atribuciones que la Constitución le confiere sólo al Procurador General.
El Fiscal para Delitos Electorales debe ser nombrado por el Senado con el voto de las dos terceras partes de los miembros de esa cámara presentes en la sesión donde se tome tal acuerdo. Santiago Nieto fue designado el 19 de febrero de 2015 con 95 votos a favor y una abstención y ese encargo, de acuerdo con la Constitución, dura hasta el 30 de noviembre de 2018.
Solamente el Procurador o el Fiscal General pueden remover al fiscal para delitos electorales pero esa determinación puede ser objetada “por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la fiscalía de que se trate, será restituido en el ejercicio de sus funciones” de acuerdo con el Artículo 18 Transitorio de la reforma constitucional que modificó las reglas electorales en febrero de 2014.
Si ya existiera la Fiscalía General, su titular podría nombrar y remover al fiscal especializado en delitos electorales. En ese caso, el Senado podría oponerse a tales decisiones con “el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes”. Pero eso sucederá cuando haya Fiscalía General y fiscales en materia electoral y de combate a la corrupción. Como no ha sucedido así, la norma que se aplica es el transitorio constitucional antes citado. Es decir, bastará la mayoría simple en el Senado para impugnar la destitución de Nieto Castillo. Eso, siempre y cuando se considere que el despido del fiscal electoral fue válido aunque no haya sido resuelto por el Procurador General. De los 128 senadores que componen esa cámara el PRI y el PVEM tienen 62. PAN, PRD y PT reúnen a 61 y hay 5 senadores sin partido. Se necesitaría que todos los legisladores de las oposiciones votaran juntos para revertir la destitución de Nieto.
El hasta hace pocos días titular de la FEPADE es profesor en el Posgrado en Derecho de la UNAM, ha escrito libros y ensayos sobre el orden jurídico y los derechos humanos, entre otros temas. Su tesis de doctorado, presentada en 2003 en la Universidad Nacional y dirigida por Jaime Cárdenas Gracia (que fue consejero electoral hasta ese año) se titula Interpretación y argumentación de los órganos electorales en México y analiza las contradicciones entre la aplicación formalista de las leyes y la interpretación de ellas que toma en cuenta su contexto.
Entre otros cargos, Santiago Nieto fue magistrado del Tribunal Electoral federal, en la sala regional en Toluca la cual presidió. Allí fue responsable de sentencias discutibles, como la anulación de las elecciones municipales en Morelia, en 2011. Uno de los argumentos para esa anulación fue el logotipo del PRI que aparecía en el calzón del boxeador Juan Manuel Márquez en una pelea televisada la víspera de las elecciones en Michoacán.
A Nieto Castillo se le puede adjudicar una aplicación en extremo rigorista de las normas pero no un comportamiento al margen de la ley. Por eso su destitución ha suscitado un extendido malestar, lo mismo en todos los partidos de oposición que en importantes grupos de la sociedad.
No resulta exagerado considerar que esa remoción es una venganza política del gobierno en contra de Nieto Castillo porque se refirió de manera crítica a las exigencias de Lozoya Austin, un personaje muy vinculado al presidente Enrique Peña Nieto. La transparencia y confiabilidad del proceso electoral que ya comenzó quedan dañadas con esa torpe decisión. En todo caso, no tendría que pasar mucho tiempo sin que se conozcan los resultados de la averiguación sobre Odebrecht en México que ha realizado no la fiscalía electoral sino la PGR, anunciada por el ahora ex procurador Cervantes.
También está pendiente la investigación sobre esos posibles sobornos que, por su cuenta, ha desarrollado la Secretaría de la Función Pública. Aunque haya sido para proteger a Lozoya, la inopinada destitución de Nieto acentúa la atención pública, dentro y fuera de México, acerca de los negocios de esa empresa brasileña cuyos efectos corruptores han sido conocidos y sancionados en toda América Latina.