Jacqueline Peschard
El Universal
18/05/2015
El crimen organizado ha irrumpido en las contiendas electorales y lo ha hecho con todo el salvajismo del que es capaz. Aunque ya en años pasados se había registrado cierta incursión de los grupos armados en la vida política, en esta ocasión, el fenómeno se ha agravado y por ello son importantes las declaraciones del secretario de Gobernación sobre el tema.
En diversas entrevistas radiofónicas de la semana pasada, Osorio Chong quiso mandar un mensaje tranquilizador, afirmando que es natural que en elecciones haya confrontaciones entre adversarios; que los indicadores de inseguridad en el país han disminuido y que el gobierno federal está desarrollando diversas acciones para evitar problemas de inseguridad en los estados en los que se presentan, como Guerrero, Michoacán o Tamaulipas y agregó que lo de Jalisco fue un evento aislado.
No imagino a un encargado de la seguridad interna de un país haciendo declaraciones alarmantes sobre la situación que se vive, pero el discurso confiado de nuestros gobernantes choca con los datos que día a día nos presenta la prensa nacional sobre la violencia en las elecciones. Tal parece que se apuesta a la negación como una suerte de fórmula mágica para conjurar el peligro, pero la pregunta es si realmente las declaraciones tienen un fundamento realista como para alcanzar a calmar a la población y a animarla a participar el día de la jornada electoral. ¿En qué consisten las acciones que están tomando para contener la violencia y qué tanto han logrado su objetivo?
Desde que arrancaron las precampañas a mediados de febrero, se han registrado 7 asesinatos de aspirantes a cargos de elección o de sus operadores políticos en Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán y Tabasco y tres de ellos ocurrieron entre el 1 y el 14 de mayo, e incluso en pleno mitin de campaña, como sucedió con Enrique Hernández Saucedo, ex dirigente de las autodefensas de Michoacán. Además, de acuerdo con datos de EL UNIVERSAL (16 de mayo), hay 34 casos de agresiones violentas contra candidatos que incluyen secuestros, incendios de sus vehículos, comitivas interceptadas por grupos armados y todos los principales partidos políticos se han visto afectados.
Los datos muestran que a diferencia de lo que sucedía hace unos años en que el narcotráfico no invadía el entramado político-electoral, hoy lo hace con recurrencia. Empero, es cierto que las amenazas a la inseguridad no se presentan en todo el territorio nacional, sino que está localizadas en ciertas zonas bien identificadas y en eso el discurso gubernamental es certero.
Así como no ayuda minimizar la inseguridad existente, tampoco lo hace reaccionar de forma rápida y estridente, como lo han hecho algunos dirigentes partidarios, para acusar al gobierno federal de los asesinatos. Así respondió el dirigente de Morena al señalar como culpable directo de la muerte de Hernández Saucedo, su candidato a alcalde del municipio de Yurécuaro, Michoacán, al presidente Peña Nieto. Los diferentes actores políticos están volcados en llevar agua a su molino, aprovechando el clima de inseguridad, sin considerar el efecto que ello tiene sobre la desazón que vivimos.
La vía electoral es pacífica por naturaleza, porque permite que por cauces institucionales previstos puedan canalizarse las diferentes corrientes políticas para buscar el respaldo ciudadano y hacerse del poder y la representación política. Por ello, estos casos de violencia en contra de candidatos vulneran la esencia misma de las elecciones. Huelga decir que las autoridades son las que tienen la responsabilidad mayor de tomar el toro por los cuernos, identificar con precisión los riesgos que existen y emprender las acciones necesarias para garantizar la tranquilidad en las elecciones y ello necesariamente pasa por asegurar la integridad de los candidatos y la seguridad de los electores.