Fuente: El Universal
Jacqueline Peschard
A partir de mañana, en el Centro Cultural Tlatelolco se desarrollará una edición más de la Semana Nacional de Transparencia, evento a través del cual el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) promueve año con año el conocimiento y la reflexión en torno al derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales.
En esta ocasión, sin embargo, la organización de la Semana Nacional de Transparencia se desarrolló de manera conjunta con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas (ONU). La participación de tales organismos internacionales hizo posible que por primera vez en nuestro país se lleve a cabo un ejercicio de reflexión de magnitud internacional en torno a estos derechos. De ahí el nombre elegido para la ocasión: La transparencia en las Américas.
Conviene de principio señalar que La transparencia en las Américas no sólo marca una diferencia con lo que ha desarrollado el propio IFAI durante su breve existencia, sino que este evento no encuentra un precedente similar tratándose de estos temas y derechos. Bastaría mencionar que se contará con la destacada participación de más de 30 expertos y funcionarios dedicados a estas materias, distribuidos en ocho mesas temáticas, tres conferencias y dos presentaciones, y provenientes de 15 países de América Latina, Canadá, Estados Unidos e incluso España.
El solo hecho de contar en un mismo espacio con tan amplia pluralidad internacional constituye un valor agregado a cualquier acto, en tanto que brinda la oportunidad de contrastar nuestra situación con otras realidades, sea en términos de leyes, de políticas públicas o prácticas exitosas. Pero La transparencia en las Américas también se ha concebido como un espacio para el análisis comparado, a través del cual todos los países asistentes, a través de sus especialistas, identifiquen aquellos factores comunes, o bien aquellos que definen la particularidad y diferencia, y que han auspiciado, o incluso retrasado, el ejercicio efectivo del derecho a la información y la protección de los datos personales.
Claro está que dicho análisis adquiere su mayor efecto cuando se concentra en problemas particulares que requieren atención por su complejidad, controversia o potencial. Tal ha sido la lógica empleada para articular cada uno de los paneles que integran nuestro evento, abordando una significativa diversidad de temas, algunos de ellos particularmente sensibles en nuestro país.
Sin duda, el problema de seguridad (pública o nacional) es uno de los más graves, y quizá precisamente por ello observa una tensa relación con el derecho de acceso a la información, situación que dista de ser resuelta, lo mismo en México, Estados Unidos, Colombia, Chile o España, sólo por mencionar casos que se explican por sí mismos. También resulta obvia la necesidad en nuestro país de analizar la situación que, en torno a los documentos de identidad, se observan en otros países.
Pero quizá varios de estos problemas tienen un común denominador que se inscribe en la esfera de la operatividad y efectivo ejercicio del derecho a la información, como lo son por ejemplo la forma en que deben participar los gobiernos más cercanos a las personas, los municipales; la promoción y uso del internet en la práctica misma del ejercicio del derecho a la información; la instrumentación de prácticas y estándares internacionales que puedan mejorar el acceso a la información pública o incluso, la interacción virtuosa y mutuamente benéfica entre acceso a la información y la práctica informativa de los medios de comunicación, a través del periodismo de investigación.
En suma, no me cabe la menor duda de que La transparencia en las Américas habrá de constituir un referente esencial para fortalecer un ejercicio efectivo del derecho a la información pública, así como en el diseño de instrumentos y mecanismos que garanticen la protección de los datos personales, no sólo para especialistas, organizaciones sociales, medios de comunicación o particularmente instituciones gubernamentales, responsables en primera instancia de garantizar la práctica de tales derechos, sino que también será un referente para la sociedad en su conjunto, en la medida que resulte beneficiada de las conclusiones y propuestas a las que se lleguen en esta ocasión.
Comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública