Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
05/02/2018
Si el gobierno de Chihuahua no hubiera organizado la marcha hasta la Ciudad de México, no habría recuperado los 900 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda le había retenido y las gestiones para extraditar al exgobernador Duarte habrían seguido paralizadas.
Si el gobierno federal no hubiera querido extorsionar al gobierno de Chihuahua con la suspensión de pagos que ya estaban acordados, Javier Corral y su administración no habrían tenido que convocar a la Caravana por la Dignidad.
Una tras otra, las presiones del gobierno federal indicaron la enorme preocupación que suscitaron las indagaciones judiciales sobre la corrupción del gobierno de César Duarte en Chihuahua. La retención de 780 millones de pesos fue justificada por la Secretaría de Hacienda con argumentos baladíes (primero dijeron que los recursos se agotaron, luego que el número de cuenta bancaria para hacer el depósito era incorrecto y que ya había terminado el ejercicio fiscal, funcionarios de la SHCP explicaron, además, que las transferencias fueron canceladas debido a la averiguación de los manejos de Duarte). En realidad, como se dijo en este espacio hace tres semanas, la retención de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda era extorsión apuntalada en un manejo faccioso de dinero público.
En el empeño para atenuar las denuncias del gobernador Javier Corral, el gobierno federal y su partido dijeron que uno de los principales testigos de la corrupción de Duarte, el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, había sido torturado en el penal de Chihuahua en donde ha estado recluido. Esa versión, que no ha estado respaldada en evidencia alguna, fue compartida con notoria irresponsabilidad por el candidato presidencial José Antonio Meade. A partir de esa especie y debido a supuestas dificultades para indagar la situación de Gutiérrez, hace unos días la PGR multó a varios funcionarios de la Fiscalía General de Chihuahua.
El acuerdo anunciado el sábado por la noche en la Secretaría de Gobernación confirma que el gobernador de Chihuahua y su Caravana han tenido la razón, tanto en sus demandas como al organizar esa movilización. El gobierno federal se compromete a solicitar la inmediata detención de César Duarte con el propósito de obtener su extradición. Tales gestiones estarán apoyadas en las 11 órdenes de aprehensión que han sido giradas contra ese exgobernador y no sólo en un par de ellas como anunció la PGR a mediados de enero.
Por otra parte, el exfuncionario priista y empresario Alejandro Gutiérrez, acusado de desviar recursos en beneficio del PRI durante el gobierno de Duarte, será trasladado a un penal federal en Ciudad Juárez. La PGR dejará sin efecto las multas y los apercibimientos que había presentado contra la Fiscalía de Chihuahua. Por otra parte, el gobierno federal entregará de inmediato los recursos que le había retenido a Chihuahua y que ya ascienden a 900 millones de pesos.
Ese acuerdo es, claramente, un triunfo del gobierno y de la sociedad de Chihuahua. El proceso judicial contra Duarte proseguirá y la entrega de recursos fiscales indebidamente suspendida será regularizada. Ésas fueron las banderas de la Caravana.
Con diligente rapidez y notoria sincronización, se han difundido interpretaciones que tratan de restarle mérito a ese acuerdo. Se ha dicho que a cambio del dinero que recibirá, el gobierno de Chihuahua negoció la aplicación de la justicia.
Se necesita demasiada cara dura, o una crónica desmemoria, para sostener esa afirmación.
Los recursos que el gobierno federal accede a entregar eran de Chihuahua. Esa entidad está recuperando un patrimonio que le habían regateado de manera ilegal.
Por otra parte, el acuerdo para que Gutiérrez vaya a un penal federal confirma que ese exfuncionario priista no era rehén del gobierno de Chihuahua pero, sobre todo, propicia que la indagación judicial se desarrolle sin entorpecimientos. Gutiérrez seguirá en prisión, su proceso continuará a cargo de un juez de Chihuahua y la Fiscalía General de ese estado será coadyuvante en la averiguación. Antes del traslado, el organismo internacional Human Rights Watch evaluará la situación de Gutiérrez para determinar si ha sido torturado.
En el acuerdo con Gobernación, el gobierno de Chihuahua reconoció la validez jurídica del mecanismo para las transferencias de Hacienda a los estados y se desistió a emprender una controversia constitucional sobre ese tema. Ese gobierno había reclamado la retención de recursos, es decir, el incumplimiento de las reglas que la propia Secretaría de Hacienda ha establecido y de los compromisos que se derivan de ellas. Si esas reglas ahora sí se cumplen, ya no es necesario acudir a la Suprema Corte. Así que no hay incongruencia alguna en el convenio que el gobernador Corral suscribió la noche del sábado.
¿Cuál es, entonces, la negociación política de asuntos judiciales? No existe. Los murmuradores tendrán que improvisar otro embuste para regatearles mérito a Corral y su caravana.
Al contrario de lo que dicen los concertados antagonistas de ese gobernador, la política sirvió en este caso para despejar los obstáculos que, indebidamente, habían sido colocados para la aplicación de la justicia. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, hizo su trabajo con esmero, entendió la importancia de los reclamos presentados por Corral, actuó como representante que es del gobierno federal, auspició un acuerdo que reivindica el cumplimiento de la legalidad y que enmienda el error, por decirle de alguna manera, de la Secretaría de Hacienda. Desde luego esos buenos oficios, y la caravana que los propició, no habrían sido necesarios si el gobierno federal no hubiera intentado entorpecer las averiguaciones por la corrupción de Duarte y si la campaña contra Corral y la calumnia de José Antonio Meade no hubieran embrollado este episodio.
El gobernador Corral tendrá ahora mejores condiciones (entre ellas el significativo respaldo social que recibió dentro y fuera de ese estado) para seguir atendiendo los problemas de Chihuahua, que no son pocos y que en en materia de seguridad son muy graves. Sus denuncias permitieron exhibir dos grandes dificultades nacionales. La primera de ellas es el manejo, todavía discrecional y en no pocos casos arbitrario, que el gobierno federal hace de los recursos fiscales para los estados del país. La necesidad de negociar partidas presupuestales mantiene a los gobernadores supeditados a caprichos o intereses de la Secretaría de Hacienda. Este episodio ha develado que, al menos en ocasiones, los criterios de Hacienda en su trato con los gobernadores no son técnicos sino políticos.
El otro gran tema exhibido en este caso es la pertinencia y la urgencia del combate a la corrupción. Si la caravana chihuahuense suscitó amplias simpatías en su recorrido desde Ciudad Juárez fue, antes que nada, porque exigió que cesaran los impedimentos a la investigación de los abusos del ahora exgobernador. La indagación sobre el gobierno de César Duarte es crucial en la causa nacional contra la corrupción que no comienza ni termina allí.
ALACENA: Independientes. La versión de Armando Ríos Piter
La semana pasada, esta columna comentó las peculiares variaciones que se aprecian en la recolección de firmas para los precandidatos independientes a la Presidencia. El senador con licencia Armando Ríos Piter me ha dicho que el repentino auge de sus adhesiones, a partir de los últimos días de diciembre, se debe a que, a partir de esas fechas, sus auxiliares, en vez de ir de puerta en puerta, concentraron ciudadanos en domicilios específicos para recabar firmas. También explica que la altísima cifra de adhesiones recogidas en esa campaña por un solo auxiliar (más de 55 mil en un centenar de días hasta hace una semana) se debe a que el registro de ese auxiliar es compartido por varios de sus colaboradores. Como la información que proporciona el INE se refiere a “máximo de apoyos por auxiliar”, sin mayor precisión, he tenido motivos para suponer que allí hay una irregularidad.
Ésas son anomalías que la autoridad electoral tendrá que aclarar en la revisión que hace a partir de los registros de firmas que envían los aspirantes a candidatos independientes. La más importante de ellas será la gran cantidad de firmas no aceptadas por el INE cuando son cotejadas con el padrón electoral. Los porcentajes de rechazo sobre el total de firmas enviadas eran, hasta antier sábado 3 de febrero, el 43 por ciento para Jaime Rodríguez, 35 por ciento en el caso de Margarita Zavala y 37 por ciento para Ríos Piter. Es altamente posible que las adhesiones de esos tres aspirantes sean suficientes, en cantidad y en cobertura nacional, para que puedan aparecer en las boletas electorales. Sin embargo las tasas de firmas no aceptadas, al menos hasta ahora, resultan muy altas.