Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
03/07/2017
La ignorancia y la mala fe, junto con el afán de estruendo mediático, han coincidido en una reciente andanada contra el Sistema Nacional Anticorrupción. Con deplorable irresponsabilidad, el periódico El Universal y el senador Pablo Escudero han denunciado irregularidades que no existen en la designación del comité ciudadano de ese Sistema.
Ese periódico y el legislador se han asombrado ante un proceso de selección que ocurrió hace más de cinco meses y cuyos detalles fueron absolutamente públicos. El Universal se ha referido como si fuera noticia a un asunto ya conocido y ha calificado como anómalo un proceso que, paso por paso, se ajustó a la ley.
Tres días consecutivos, ese diario dedicó su titular principal de primera plana a propagar embustes sobre el Sistema Anticorrupción.
El jueves 29 de junio, el encabezado denunció: “Evidencian ‘trampa’ en sistema anticorrupción”. En una nota del reportero Alberto Morales, se aseguraba que en la conformación del Comité de Participación Ciudadana fue excluido uno de los aspirantes, Gerardo Lozano Dubernard, que obtuvo mejor calificación que una de las nuevas comisionadas. La cédula de calificaciones incluida en esa nota muestra una evaluación que nunca fue definitoria, como explicamos más adelante.
El viernes 30 de junio, el titular de ese diario aseguró: “Revisarán en SNA proceso para elegir integrantes”. El mismo reportero dio cuenta de las declaraciones de tres miembros del Comité de Selección que acudieron a El Universal para explicar el proceso acerca del cual ese diario mal informó. El encabezado sugiere que el Comité modificará sus procedimientos a partir de la denuncia publicada el día anterior pero no es así. Los integrantes del Comité negaron que hubiera irregularidades y dijeron que el proceso es “perfectible”. Nada más.
El sábado 1 de julio, El Universal insistió en destacar un tema que sólo fue noticia al ser presentado de manera tan desaseada: “Preocupa al Senado sistema anticorrupción”. Pablo Escudero, a quien no se le da mucho la sintaxis, pero es presidente de esa Cámara, le dijo al reportero Juan Arvizu que en el SNA hay “actuaciones que han sido acusadas de opacas”. Esa frase se repite cinco veces en la nota.
No deja de ser extravagante preguntarle a un senador del Partido Verde sobre el estado del combate a la corrupción. El periódico resalta esa declaración porque respalda la denuncia que hizo los días anteriores. Se completa así un circuito de legitimación de falsedades: 1) El Universal da crédito a una acusación falaz sobre la designación del comité ciudadano. 2) Luego publica como nota principal la impostada indignación de un legislador que da por buena esa información. 3) La denuncia, no obstante que no es noticia ni es cierta, queda refrendada por el presidente del Senado.
El Sistema Nacional Anticorrupción, que coordina a las autoridades involucradas en la sanción y prevención de hechos de esa índole, nació el año pasado como resultado de una propuesta de organismos sociales empeñados en ese tema. El artículo 113 de la Constitución establece que el SNA tiene un Comité Coordinador del que forman parte los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por el presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien lo encabeza.
Ese Comité de Participación, integrado por cinco personas, es el eje de un complejo esquema de instituciones y contrapesos que articulan al SNA. El funcionamiento regular del Sistema está a cargo de una Secretaría Ejecutiva dirigida por un secretario técnico.
El Comité de Participación Ciudadana evalúa el funcionamiento del SNA, entre otras tareas. El presidente (en este caso presidenta) del CPC encabeza también las sesiones del Sistema y del Comité Coordinador, así como el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva. Los otros cuatro miembros del Comité, junto con el secretario técnico, integran la Comisión Ejecutiva del Sistema, que es organismo auxiliar de la Secretaría Ejecutiva.
Todo eso se establece en la Ley General del SNA promulgada el 19 de julio de 2016. El CPC es nombrado por una Comisión de Selección designada por el Senado a partir de una convocatoria entre universidades y organismos de la sociedad. Esa Comisión la integran nueve personas: José Luis Caballero, de la Universidad Iberoamericana; Patricia Cantero, del Instituto de Transparencia de Jalisco; Antonio Gómez, del despacho RSM México; Edna Jaime, de México Evalúa; Sergio López Ayllón, del CIDE; María Elena Morera, de Causa en Común; Juan Pardinas, del Instituto para la Competitividad; Viridiana Ríos, del Wilson Center, y Pedro Salazar, del IIJ de la UNAM.
A fines del año pasado, esos comisionados convocaron a presentar postulaciones para el CPC. Recibieron 70 expedientes, de los cuales 59 incluían todos los documentos solicitados. Luego determinaron que serían entrevistados 17 de esos candidatos. Las entrevistas fueron públicas, los días 23 y 24 de enero, en la UNAM y el CIDE. Cada compareciente presentó sus razones para formar parte del CPC, respondió a preguntas de la Comisión y además recibió preguntas previamente enviadas por ciudadanos y organismos sociales.
Tanto para la evaluación de los documentos como, más tarde, para calificar las entrevistas, la Comisión de Selección diseñó un par de cédulas. En el acuerdo para dar a conocer la lista de personas que serían entrevistadas, explicó que “el puntaje obtenido en la entrevista será un elemento que orientará la decisión de la Comisión en la conformación del CPC”. Más adelante precisaba: “Otros elementos que se valorarán en la decisión final de la Comisión de Selección para la integración del Comité de Participación Ciudadana del SNA son la diversidad de género, geográfica, de experiencias profesionales y de perspectivas disciplinarias”. El artículo 17 de la Ley General del SNA establece: “En la conformación del Comité de Participación Ciudadana se procurará que prevalezca la equidad de género”.
Era claro que las calificaciones en las cédulas serían uno de los factores a tomar en cuenta, pero no el único. Los dos días siguientes se realizaron dos foros en la Ciudad de México y uno en Guadalajara para recibir opiniones de organizaciones sociales acerca de los candidatos. En el sitio web de la Comisión (www.comisionsna.mx) se encuentran actas, criterios, resoluciones y, desde hace varios, días el Libro Blanco que describe ese proceso.
Las designaciones aprobadas con esos criterios se dieron a conocer el 30 de enero. La doctora Jacqueline Peschard, profesora en la UNAM, que fue consejera del IFE y comisionada del IFAI, resultó designada primera presidenta del Comité. Además, forman parte del CPC la socióloga Mariclaire Acosta, con larga trayectoria en la defensa de derechos humanos; el politólogo Alfonso Hernández Vélez, del ITESO en Guadalajara; el maestro José Octavio López Presa, ex comisionado del IFAI, y el abogado Luis Manuel Pérez de Acha, que ha representado a organizaciones sociales en litigios estratégicos.
Dos meses y medio más tarde, el contador Gerardo Lozano Dubernard, uno de los participantes que no fueron seleccionados, cuestionó la decisión del Comité y solicitó copia de las cédulas con las calificaciones a los aspirantes entrevistados. El 23 de junio la Comisión le entregó las cédulas de evaluación de los cinco seleccionados y del propio Lozano. Ésa es la información que llevó a El Universal y que el diario destacó el jueves 29 de junio. Allí se aprecia que Lozano tuvo una calificación alta en la evaluación de su entrevista, pero, como se ha explicado, ése fue uno de varios factores que los comisionados aquilataron para conformar el CPC.
No hay “trampa” alguna. Pero al reiterar en encabezados y durante varios días ese término El Universal crea la imagen de un proceso descuidado cuando sucedió todo lo contrario.
En la nota de primera plana del jueves 29 se dice además: “analistas señalaron que en la elección imperó el esquema de cuotas y cuates”, pero no se menciona el testimonio de un solo especialista que diga eso. Tal afirmación fue atribuida a Lozano en una entrevista que ese periódico publicó el 10 de abril. El contador se quejó de la decisión del comité de selección y el reportero Jorge Ramos le preguntó:
“—¿Fue algo de cuates y cuotas?
—Sí. De entrada se aplicó una cuota porque no hubo equidad de género…”.
Aunque la frase no fue de Lozano, sino del reportero, aquella nota llevaba como encabezado “De cuotas y cuates, el consejo contra la corrupción: Lozano Dubernard”.
El pasado viernes 30, El Universal publicó una carta de Edna Jaime, coordinadora del Comité de Selección. En respuesta a ese texto el reportero Morales insistió: “las versiones de los participantes en el proceso, que fueron confirmadas y reiteradas, consideran que hubo ‘trampa’ e irregularidades en la integración del Comité de Participación Ciudadana”. Pero el reportero siguió sin mencionar una sola fuente adicional a la queja de Lozano.
El sábado, ese diario persistió en confundir el singular con el plural. A la inconformidad de Lozano la presentó como si fuera compartida por más personas involucradas en la selección para el CPC: “El Universal ha registrado las denuncias sobre anomalías y favoritismos en la integración del Comité…” Pero más allá de la opinión Lozano, el periódico no publicó otras denuncias.
La selección del CPC fue un proceso a cargo de ciudadanos para elegir a otros ciudadanos que tienen tareas sustantivas en el combate a la corrupción. Por eso resulta muy preocupante la ignorancia, por decir lo menos, del senador Escudero. Lo que ése y el resto de los senadores tendrían que hacer es designar al fiscal anticorrupción, cuyo nombramiento ha sido pospuesto en media docena de ocasiones, así como a los 18 magistrados que deben conformar el Tribunal de Justicia Administrativa. En otras palabras: que los senadores cumplan con la ley, que los periódicos ofrezcan noticias y no falsedades. ¿Es mucho pedir?