Salomón Chertorivski
Reforma
25/03/2015
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) hizo un anuncio: gradual, lentamente, se acabarán las «zonas» salariales en que se ha dibujado al país. Dos áreas que permiten decretar salarios mínimos distintos: los bajos, en el área «A» (70.10 pesos), y los aún más bajos, en la zona «B» (66.45 pesos diarios).
No se crea que la homologación ocurrirá de inmediato. Los estados y las ciudades donde hoy se pagan 66.45 pesos recibirán un aumento de 1.8 pesos mensuales en abril. Y si bien nos va (si las condiciones macroeconómicas lo permiten, reiteran los sectores) se incrementará en otros 1.8 pesos, para así tener un solo salario mínimo nacional. Santo y bueno.
La medida administrativa fue anunciada con espectaculares desplegados, repletos de firmas representativas de los sectores que concluyen con orgullo: «Por primera vez, tenemos un solo salario mínimo para todo el país».
Esa es la buena.
La mala es que sigue siendo un salario que condena a la pobreza extrema a quienes lo ganan: casi 7 millones, que incluye trabajadores de la economía informal y a 2 millones 948 mil remunerados en la economía formal (INEGI). Son precisamente esos mexicanos quienes con 70 pesos no pueden rebasar la línea de pobreza alimentaria trabajando una jornada completa.
Extrañé en el anuncio una cita a la reciente confirmación del Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza: el índice de pobreza laboral sigue deteriorándose por quinto año consecutivo. En el último trimestre de 2014, los mexicanos con alguna ocupación que no llegaron a la quincena con su ingreso principal representan el 54.77 por ciento.
Insisto: no estamos estancados, estamos peor que en el 2010, a 6 años ya de la crisis financiera. El ingreso de los mexicanos que trabajan ya no permite comprar una cuarta parte de la canasta alimentaria que sí podían adquirir antes de la crisis. Se trata de una merma de 27 por ciento en el poder de compra de los bienes básicos.
¿Y por qué sigue ocurriendo ese empobrecimiento laboral generalizado? En buena medida por los infelices decretos que año con año se dejan caer sobre el salario mínimo: aumentos marginales, de dos o tres pesos, mientras todo lo demás -especialmente los alimentos- aumenta a ritmos muy superiores, a ratos inalcanzables.
De esa suerte, el famoso «efecto faro» de los salarios mínimos opera en México al revés: se decretan en línea con la inflación que ya pasó y el resto de las negociaciones y de las decisiones empresariales giran en torno a esos pequeños montos, produciendo así, cada año, un mundo laboral más empobrecido.
La sola cifra de CONEVAL (hay muchas más evidencias nuevas) respalda el peso y la gravedad de lo señalado por el Doctor Miguel Ángel Mancera: el mercado laboral formal de México está produciendo pobres extremos y esa es otra forma de violencia.
El mismo Presidente Peña Nieto lo reconoció en su discurso del 27 de noviembre: la fractura social y las situaciones de extrema violencia no se explican sin esos contextos depauperados y sin oportunidades para salir de la pobreza trabajando honestamente.
La situación de las familias mexicanas más pobres requiere, pues, algo más que medidas administrativas. En el documento presentado a todo el país el año pasado por el Jefe de Gobierno del DF se demuestra que hay condiciones productivas para incrementar el salario mínimo a un nivel que permita escapar de la pobreza extrema a quienes lo ganan: (82.86 pesos) este mismo año, sin causar inflación. Y que esa es una oportunidad para que el Estado y los empresarios demuestren -sin retruécanos- su compromiso con el país y la cohesión social.
Se han homologado las zonas geográficas. Buena noticia para los sectores representados en la CONASAMI. Es buena noticia para los ortodoxos. No sé si sea tan buena para los trabajadores de la zona «B» con 1.8 pesos más en el bolsillo al día. Pero eludir y posponer el tema central -un aumento a 82.86- hace que la medida siga siendo una mala noticia para todos los demás.