Pedro Salazar Ugarte
El Financiero
06/09/2017
Santiago Maldonado desapareció, hace poco más de un mes, después de participar en una manifestación en la Patagonia, Argentina. La reacción de la sociedad no se hizo esperar. De muchas maneras miles de personas se han manifestado exigiendo que aparezca con vida. Esto da muestra de una sociedad que, sacudida por el espanto de las desapariciones durante la dictadura militar, no tolerará que esos eventos regresen a su vida cotidiana.
En México, el tema de las desapariciones forzadas –aunque las hubieron y no fueron pocas– no ocupó la atención de la sociedad después de la ‘guerra sucia’ de los años setenta. Sólo décadas más tarde, en buena medida por la sentencia de la Corte IDH en el caso Rosendo Radilla, se ponderó la relevancia de aquellas atrocidades en esa etapa oscura del pasado reciente. Pero la sociedad tampoco se sacudió.
Las cosas han cambiado algo en los años recientes. Desde que inició la mal llamada ‘guerra contra el crimen organizado’, el fenómeno de las desapariciones forzadas se apoderó del territorio nacional. Hoy se cuentan por miles las personas que han sido privadas de su libertad y de las cuáles se desconoce el paradero. Se trata de una verdadera tragedia que se suma al horror de los homicidios, los desplazamientos y las torturas. Y, sin embargo, el tema no genera el nivel de indignación social que la desaparición de Maldonado ha despertado en Argentina. Tampoco está en la agenda de los actores políticos nacionales. El presidente Peña, por ejemplo, nada dijo al respecto en su Informe de Gobierno.
Esto no significa que no exista movilización social para exigir la aparición de las personas, pero sí indica indolencia de la mayoría de la población y, sobre todo, negación por parte de las autoridades. Ello a pesar de que –como explica Karina Ansolabehere– en los últimos años se han verificado tres etapas de movilización por este fenómeno dantesco. Una de ellas se activó con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; otra, quizás la más amplia, siguió a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; y la más reciente gira en torno a las familias de los desaparecidos que han comenzado a organizar colectivos para demandar y emprender su búsqueda.
Como resultado de estas acciones ciudadanas, después de muchos meses y múltiples resistencias, el Senado de la República aprobó una ‘Ley contra la desaparición de personas’, que ahora está en la mesa de los diputados. Se trata de una ley ‘general’ porque el fenómeno es nacional y migra de entidad a entidad federativa.
Dentro de sus virtudes se encuentra la de distinguir con claridad entre una persona desaparecida y una no localizada. También en diferenciar entre las desapariciones cometidas por agentes estatales de aquellas que son responsabilidad de delincuentes particulares. A las primeras se les llama ‘desaparición forzada’ y se castigan con penas más severas. Para ambos casos se establece que son delitos continuados –que se siguen cometiendo hasta que no se conozca el paradero de la persona desaparecida– y que también son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados ni indultados.
Para implementar y traducir en políticas públicas a la legislación, se contempla la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que debe contar con un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, con un Banco de Datos Forenses, con un Registro Nacional de Fosas y otras herramientas que sólo por sus denominaciones nos recuerdan lo ominoso del fenómeno y el dolor que provoca.
No olvidemos que las víctimas son primero las personas desaparecidas, pero también sus familiares y demás seres queridos. Por lo mismo, la ley contempla la creación de un consejo ciudadano conformado por familiares, expertos y representantes de ONG. La experiencia internacional indica que el involucramiento de las familias aumenta sensiblemente el éxito de los resultados.
No es una ley perfecta pero es necesaria y debe aprobarse sin dilaciones.