Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
17/09/2018
La respuesta de los universitarios a la provocación y la violencia fue contundente y ejemplar. La reacción de las autoridades de la UNAM resultó adecuada a esa difícil circunstancia: señalaron a grupos e individuos causantes de la agresión, exigieron que las procuradurías hagan su trabajo y se han esforzado para distender el conflicto.
En busca de interlocución favorable a esa causa, el Rector de la UNAM fue a visitar al Presidente Electo. Aunque en términos de la política real es comprensible, resulta difícil estar de acuerdo con esa entrevista con el personaje más influyente en el escenario público de nuestros días, pero que tendrá atribuciones legales hasta dentro de dos meses y medio. Más incómoda aún resultó la imagen del Rector recibiendo las admoniciones de AMLO. Supongo que la grabación del video no era parte de las condiciones acordadas para esa reunión. Por lo demás, cuando arenga para dialogar y dialogar, ¿pretende el Presidente Electo que las autoridades universitarias enfrenten las agresiones charlando con los golpeadores? ¿Tendrán que invitar a los porros a tomar el té en el sexto piso de la Rectoría?
En cambio, resultó muy pertinente que Rector acudiera al CCH Azcapotzalco. Una de las mejores virtudes del Dr. Enrique Graue es su trato personal y así se manifestó en la conversación que tuvo con estudiantes y profesores de ese plantel. A muchos universitarios nos dio gusto ver a nuestro Rector con una colectividad del bachillerato, que con tanta frecuencia se encuentra tan marginado del resto de la Universidad. Ese acierto le restó importancia a la demanda de algunos grupos para desplazarlo de la conducción de la UNAM.
Las declaraciones de numerosas asambleas de profesores e investigadores en los días recientes han confirmado el respaldo que tiene el Dr. Graue. Por otra parte la Asamblea Interuniversitaria, después de una demasiado prolongada sesión, rechazó por 32 votos en contra, 2 a favor y 27 abstenciones, la propuesta para exigir la “destitución” del Rector.
No será ése el eje del movimiento de los estudiantes en los siguientes días, pero la propensión a las demandas grandilocuentes aún lo pone en riesgo de entramparse en una ruta sin salidas claras como les ha ocurrido a otras movilizaciones universitarias desde hace décadas. Cuando las asambleas quedan atrapadas por el vértigo autocomplaciente creado por sus propias afirmaciones llegan a magnificar sus capacidades, ignorando las dificultades del entorno. Entonces las circunstancias que dieron origen al movimiento son desplazadas por posiciones maximalistas.
Los estudiantes universitarios se han movilizado contra la inseguridad y la violencia. No son temas menores, ni lo son las soluciones para enfrentarlas. Desmantelar a los grupos de porros, lograr castigo a los agresores, conseguir cambios en los sistemas de seguridad y vigilancia dentro de los campus, pueden ser logros muy relevantes sobre todo para mejorar las condiciones en las que se estudia y trabaja en la Universidad. Ese puede ser el punto de partida para que, si quieren y perseveran en ello, los universitarios logren alcanzar otras reformas.
Sin embargo la Asamblea Interuniversitaria, que según la información en la prensa está compuesta por representantes de más de 60 escuelas y universidades, comienza a definir un pliego de exigencias en donde mezcla temas necesarios con demandas discutibles y sin consenso, o de plano señaladas por el aventurerismo.
En otra de sus decisiones la mañana del sábado, ese organismo votó a favor de la desaparición de la Junta de Gobierno y el Tribunal Universitario. Hubo 14 votos a favor de esa propuesta, 7 en contra y 27 abstenciones.
El hecho de que menos del 30% de esos votos hayan respaldado tal iniciativa, indica las dudas o las confusiones que se mantienen acerca de ella entre los representantes estudiantiles. Por otro lado, es curioso que en una decisión acerca de la UNAM participen delegados de otras universidades y escuelas.
El Tribunal Universitario está a cargo de sancionar las faltas de alumnos y profesores a la legislación universitaria. Su composición y atribuciones son establecidas en el Estatuto General de la UNAM, que puede ser reformado por el Consejo Universitario. Hasta ahora, por lo general, ha sido un mecanismo eficaz para castigar infracciones graves a las normas de esa institución.
La Junta de Gobierno tiene la tarea de elegir al rector de la Universidad Nacional, así como a los directores de sus escuelas y facultades. Su funcionamiento, y su existencia misma, han sido muy cuestionados. 15 personas toman decisiones fundamentales para una comunidad de varios centenares de miles. Los integrantes de la Junta, a su vez, son designados por el Consejo Universitario que está integrado por representantes de estudiantes y académicos, así como por las autoridades de la Universidad.
Ese sistema de designaciones tiene fallas, sobre todo porque deja en manos de la Junta la solución discrecional de procesos a menudo complejos. Son tantos y tan variados los escenarios académicos y políticos que hay en las docenas de facultades y dependencias académicas de la Universidad que es difícil que todos los miembros de la Junta los conozcan y comprendan.
El proceso de designaciones a cargo de la Junta de Gobierno llega a ser insatisfactorio, pero hasta ahora no se ha diseñado un mecanismo menos peor. La Junta podría acercarse más a los universitarios, razonar con detalle sus decisiones, incorporarse a la transparencia a la que están obligadas todas las instancias de los organismos públicos, entre otras medidas. Pero su existencia depende de la Ley Orgánica promulgada en 1945 y que sólo puede ser modificada por el Congreso de la Unión.
La posibilidad de que cualquier cambio a la Ley Orgánica sea motivo para afectar a la Universidad, ha sido la causa principal para que durante más de siete décadas los universitarios prefieran mantener ese régimen de gobierno interno. En 1990 en el Congreso Universitario, que fue resultado del movimiento estudiantil de 1986 y 87, no hubo consenso —ni acuerdos— acerca de la Junta de Gobierno y la Ley Orgánica.
Mucho menos habría respaldo suficiente, hoy en día, a la propuesta que aparece de cuando en cuando, y que ha rondado las recientes asambleas de estudiantes, para que las autoridades universitarias sean electas a partir del voto directo de alumnos y académicos. En los años 70 conocimos la triste experiencia de varias universidades en el país en donde la elección de los funcionarios académicos, merced a ese mecanismo, propiciaba campañas en donde no necesariamente ganaban quienes tenían más méritos sino aquellos que desplegaban recursos clientelares más atractivos.
La modificación de la estructura de gobierno no es actualmente el problema principal de la UNAM. La democracia en las instituciones académicas no es equiparable a la que resulta necesaria en otros espacios de la vida pública. En la decisión acerca de asuntos académicos es preciso que prevalezcan criterios, por ejemplo de carácter científico, cuya validez y legitimidad no dependen de una votación en urnas. Por eso es inquietante que otra de las decisiones de la Asamblea Interuniversitaria haya sido respaldar el “diseño e implementación democrática de planes de estudio”. 29 votos aprobaron esa extravagante propuesta, 2 la rechazaron y hubo 14 abstenciones.
Los representantes estudiantiles seguirán discutiendo. El sábado 22 habrá un encuentro únicamente de las escuelas de la UNAM y una semana más tarde la asamblea de varias universidades sesionará, dicen, en el Auditorio Che Guevara. Ojalá el acceso a ese recinto, que ha permanecido secuestrado por una pandilla que lucra con él, fuera el comienzo de la recuperación del auditorio por parte de los universitarios.
El secuestro del auditorio constituye el más patético ejemplo de la vulnerabilidad de la UNAM ante acometidas de fuera y de la dificultad que llega a existir para que la ley se cumpla dentro de esa institución. Varias de las autoridades anteriores se negaron, por temor a las repercusiones que tendría, a promover el desalojo de quienes ocupan ese auditorio. Por otra parte, las autoridades federales se han negado a resolver las solicitudes de la Universidad para que el auditorio sea recuperado. Los universitarios, a su vez, prefieren no involucrarse en ese tema. Hace tres años y medio un mitin, convocado por estudiantes de varias facultades para exigir la desocupación del auditorio, reunió solamente a unos cuantos centenares de alumnos y profesores. Sin respaldo expreso de la comunidad universitaria es poco lo que pueden hacer las autoridades en ese y otros casos.
Se cumple medio siglo de la lucha estudiantil de 1968. Desde entonces el dilema ineludible de las movilizaciones universitarias radica en consolidar avances o hipotecarlos todos a la aventura. El país de hoy es, por fortuna, muy distinto al de hace 50 años. Pero la Universidad, hoy como ayer, necesita de la autonomía para que sus decisiones académicas, y el ejercicio de la crítica que la define, no estén sometidos al poder político. Modificar la Ley Orgánica en las circunstancias de hoy, con un Congreso acaparado por una sola fuerza política, implicaría supeditar a la Universidad Nacional a las prioridades de un partido. Un escenario así no debería interesarle a Morena, y desde luego tampoco a la UNAM.