José Woldenberg
Reforma
12/04/2018
La misión central de cualquier tribunal es ofrecer certeza. Y ello se logra a través del tiempo con resoluciones consistentes y por supuesto apegadas a la ley. Y cuando ello no sucede, lo que se irradia es una enorme y tensa incertidumbre. La sensación de que todo puede suceder y que el marco regulatorio, que pretende brindar confianza, resulta impredecible.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debería ser un ancla en medio de nuestros procesos electorales turbulentos. Una brújula seria y sólida que ofreciera certeza a todos: partidos, candidatos, ciudadanos. Dado que no son pocos los actores irresponsables, el Tribunal está obligado a tutelar la estricta y firme aplicación de la Constitución y la ley. Es la última instancia de apelación y sus resoluciones son definitivas e inatacables y por ello mismo su responsabilidad es mayúscula. Sabemos que una vez que su sala central decide, el litigio -por lo menos en términos jurídicos- debe cesar. Pero al parecer sus inconsistencias están generando turbulencias innecesarias, artificiales, lo que agrega una buena dosis de incertidumbre a la que de manera natural –la que se deriva de la auténtica competencia- acompaña a las contiendas electorales.
Como es del conocimiento público es necesario que los aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia de la República presenten el uno por ciento de respaldos en relación a la lista nominal de electores “con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección”. Es la manera de garantizar que cuentan con un mínimo de apoyo ciudadano y que no son unos ocurrentes con ganas de protagonismo artificial. Hay quien señala que se trata de un requisito excesivo pero creo que se olvida que quien pretende ser Presidente quiere ser el titular del Poder Ejecutivo en un país de más de 125 millones de habitantes y con un padrón que supera los 89 millones de electores. También es necesario que en 17 entidades de la República demuestren que tienen uno por ciento de respaldos. Es decir, una mínima inserción social a lo largo y ancho del territorio nacional.
En esta ocasión los aspirantes debían demostrar el apoyo de 866 mil 593 ciudadanos. Jaime Rodríguez entregó más de dos millones de presuntas adhesiones. El “pequeño” problema es que la mayoría resultaron fake, como se dice ahora. 266,357 duplicados; 11,748 en el padrón pero no en la lista nominal; 15, 938 bajas del Registro Federal de Electores; 6,630 no encontrados; inconsistencias 508,453; fuera del régimen de excepción 1,869; simulación 158,532; fotocopias 205,721 y documentos no válidos 23,644; por lo que los apoyos válidos fueron solamente 835, 511. Eso sí, con más del uno por ciento en 17 estados.
Precisamente porque Rodríguez tuvo derecho de audiencia es que pudo recuperar un poco más de 14 mil apoyos y que se le reconocieron al final 849,937. Pero ni aun así alcanzaba la cifra necesaria de respaldos por lo que el INE no podía otorgarle el registro.
No obstante, por cuatro votos a tres el Tribunal decidió incluir en la boleta a Jaime Rodríguez –repito- a pesar de que no alcanzó el uno por ciento de apoyos en relación a la lista nominal del año pasado. La razón del TEPJF: el INE violó el derecho de audiencia del precandidato. El Tribunal desconoció las 12 ocasiones en las cuales los representantes de Rodríguez ejercieron esa prerrogativa y además asumió que de haber practicado ese derecho en la llamada etapa de pre validación, quizá lo hubiese alcanzado. Fue una suposición que una vez más desconoce lo que hace el INE. De hecho, el Tribunal no pudo afirmar que Jaime Rodríguez logró los apoyos necesarios, sino que eventualmente hubiera podido alcanzarlos.
Si los cuatro magistrados –en sus propios términos- estaban convencidos que faltó una etapa de audiencia, entonces tenían la obligación de reponer esa parte del procedimiento, pero no suponer y dar por bueno que El Bronco había logrado los respaldos imprescindibles para ser, ni más ni menos que, candidato a la Presidencia. Fue lo que ellos mismos hicieron en el caso de Armando Ríos Piter. Pero no, de manera inexplicable, prefirieron utilizar dos varas y dos medidas.
Resulta preocupante, por decir lo menos, que vaya a aparecer en la boleta un candidato que no demostró cumplir los requisitos de ley.