Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma. 26/10/2008
Formado más que su opositor Andrés Manuel López Obrador en la política de corte convencional, el presidente Felipe Calderón es más ducho en su ejercicio: trocó en victoria la casi cabal derrota de su proyecto de reforma energética. En simetría paradójica, el dirigente del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo se mostró renuente a admitir que sus posiciones centrales salieron avante y convirtió en derrota un triunfo que había comenzado a serlo desde que el Senado imprimió un ritmo y un contenido diversos al planeado para discutir en abril las iniciativas presidenciales.
Todavía es tiempo de que López Obrador enmiende la errónea percepción que ha propagado sobre el desenlace de este prolongado y profundo proceso político y legislativo. Podría hacer que la resistencia civil pacífica que el jueves pasado intentó sin éxito impedir la aprobación de los dictámenes respectivos no reiterara esa pretensión en la Cámara de Diputados, donde está previsto que el martes sean aprobadas las minutas senatoriales. Él mismo y sus compañeros y seguidores podrían realizar un vigoroso acto de presencia, de protesta por la consumación de la reforma, pero no procurar dentro ni fuera del recinto que se suspenda la sesión ordinaria, en que se presentarán los dictámenes propios de los diputados, que serán votados a favor por una amplia mayoría, proporcionalmente semejante a la que se expresó en el Senado.
Como se hizo allí el jueves pasado, sin obtener respuesta siquiera, se buscará en San Lázaro que López Obrador sea recibido por diputados que escuchen su propuesta de adición al artículo 60 de la Ley Orgánica de Pemex, que ya fue planteada en comisiones y en el pleno del Senado y que busca prohibir expresamente que sea exclusiva la operación de contratistas en las áreas que les sean asignadas para explorar y producir crudo. Se trata de una expresión solicitada ad cautelam, por las dudas, porque no hay en el proyecto aprobado autorización en sentido contrario, pero que López Obrador y senadores perredistas propusieron para que la aplicación de la ley no genere sorpresas surgidas de una interpretación amañada de lo permitido.
Aunque es remota la posibilidad de que el dirigente opositor sea recibido y escuchado, su insistencia en este punto puede ser expresada en la sesión de la Cámara, pues no son pocos los legisladores que están en posición y disposición de presentarla, aunque con mayor razón que en el Senado la moción será desechada por la mayoría de panistas y priistas. Admitirla ahora significaría devolver el proceso a Xicoténcatl, extremo al que nadie está dispuesto a llegar. Pero ni aun esa negativa justificaría presiones políticas y físicas que buscaran reventar la sesión desde la calle o tomando la tribuna, porque el texto que se busca adicionar no contiene un riesgo expreso, real y presente para los intereses que defienden los proponentes de ese agregado. Esas presiones, por lo demás, serían estériles. Como ocurrió en abril, como sucedió el jueves pasado, los trabajos continuarían en una sede alterna, en que los opositores a la reforma perderían por ausencia el uso de la palabra, instrumento esencial de su función.
Desde que la Convención Nacional Democrática lo designó presidente legítimo, quedó claro que López Obrador ejercería ese modo particular de oposición en dos vías, con dos instrumentos, dualidad que sería eficaz en la medida en que se complementaran y que resultaría lo contrario en cuanto se estorbaran y chocaran
La movilización social y la acción parlamentaria -ésas son las dos herramientas de que dispone esa vasta corriente política- consiguieron frenar el espíritu privatizador de la reforma calderonista que esa porción de la sociedad juzgó lesivo para el país. Los legisladores del PRD se sintonizaron con López Obrador a pesar de que la mayoría de ellos, en una y otra Cámaras, son reticentes a las posiciones del ex candidato presidencial dentro de ese partido. Durante meses, en que el perredismo ha vivido discordias extremas, el único espacio común que compartían las corrientes antagónicas -Nueva Izquierda e Izquierda Unida, esta última afín a López Obrador- ha sido el de la defensa del petróleo. Por eso se explica que, tras el debate social conseguido por esa unión de fuerzas, la actuación propiamente legislativa se nutriera de la participación social auspiciada por López Obrador: un comité de expertos preparó una propuesta ciudadana bendecida por los dos polos del instrumental de esa porción de la izquierda, al punto de que fue acogida y presentada como iniciativa suya por el PRD (y el PT y Convergencia, que forman el Frente Amplio Progresista, FAP). El propio comité de expertos fue llamado por los grupos parlamentarios que le habían expresado su confianza para que los acompañara con su asesoría en la discusión de los dictámenes. De ese modo, tal comité se convirtió por aprobación implícita de la movilización social y los legisladores en aval de lo que estos últimos acordaran y en garantía de que no procedieron «en lo oscurito», en la penumbra donde se pacta la ilegalidad. Y el inequívoco, clarísimo veredicto de los expertos, fue que la reforma «puede respaldarse plenamente»
No dejaron de señalar pendientes y riesgos, y aun de enumerar líneas de acción para enfrentarlos, pero resultaba claro que la movilización social no debería recorrer rutas distintas de la acción parlamentaria. Y sin embargo, López Obrador no acogió la recomendación de los ciudadanos en los que confió y no respaldó «plenamente» la reforma, sino que condujo al rumbo contrario a la asamblea informativa donde ese dictamen había sido expuesto, a desconocer que su movimiento y sus legisladores, juntos, habían obtenido «un resultado que conjura el peligro privatizador, imposibilita los contratos de riesgo -desnudos o con disfraz- y elimina la mayor parte de las características más lesivas de la iniciativa oficial», para decirlo en palabras del embajador eminente Jorge Eduardo Navarrete, que durante más de 30 años sirvió de otros modos y en otros espacios a la misma causa nacional a la que ahora contribuye con su saber y pasión.
En vez de permitir que se ahonden las diferencias entre el sector radical de su movimiento y los legisladores, y aun con el partido que presidió, el curso futuro de las acciones de López Obrador debería incluir la cosecha de la semilla de concordancias que la defensa del petróleo le propició con sus antagonistas dentro del partido. Reticente como es a la negociación, desdeñoso con razón de las conductas convenencieras, no debe refugiarse en la zona estrecha y marginal contraria a la acción parlamentaria sino recuperar la eficacia del uso de sus dos instrumentos. No puede permitirse angostar el espacio de su acción política manteniéndose a las afueras del Congreso, impugnando y descalificando su funcionamiento siendo que puede contar para sus propósitos explícitos con una fuerza parlamentaria que podría no perdurar después de las elecciones de julio próximo.
Tendría que actuar en ese ánimo si no conciliatorio al menos no rupturista para frustrar a sus adversarios que ya paladean su arrinconamiento en el PRD y hasta una fractura que lo deje fuera. Al reaccionar hábilmente ante su derrota parlamentaria, a la que vistió de victoria para festejarla, Calderón alentó las diferencias internas en el PRD felicitando expresamente a su fracción senatorial por haberse sumado a la reforma. A los oídos de los extremistas eso constituye el beso del diablo, la más cabal demostración de que los legisladores de Nueva Izquierda son colaboracionistas traidores, a pesar de que la evidencia en este caso los muestra como eficaces negociadores de un propósito compartido por el segmento radical.
El triunfo de la política, de la negociación en que por convicción o respondiendo a presiones lícitas se da y se pide, se logra y se concede, que es el balance positivo de este episodio, se vio disminuido y afeado por la presencia de Genaro García Luna en el Senado. El secretario de Seguridad Pública no es el jefe de la Policía Federal Preventiva y por lo tanto infringió la ley todavía vigente de ese cuerpo al dar órdenes a quienes no le están subordinados y agredían a diputados sin derecho a entrar a la sesión senatorial pero con derecho a no ser golpeados.