María Marván Laborde
Excélsior
02/06/2016
La peor pesadilla para una autoridad electoral es que partidos y candidatos simplemente se nieguen a cumplir con la ley. La reforma electoral de 2014 introdujo muchos controles para hacer más eficiente el sistema de fiscalización.
Los principales reclamos después de la elección de 2012 estuvieron relacionados con acusaciones cruzadas sobre el rebase de topes de campaña, especialmente de la de Peña Nieto. Se denunció que existía utilización de recursos de los gobiernos en las campañas electorales; entrega de dádivas en especie para alentar la participación en eventos. Todos dijeron que el otro había comprado votos.
La reforma de 2014 reestructuró el sistema de fiscalización y constitucionalizó el sistema de nulidades. En papel, las exigencias son severísimas. Se obligó a la autoridad a hacer un sistema informático que le permitiera recibir en tiempo real los reportes de los gastos de campaña y hacer revisiones fast track para tener dictámenes finales antes de declarar las elecciones válidas. La pena máxima: anulación de la elección. La persona sancionada no puede volver a participar.
A pesar del generoso financiamiento público, siempre existe la presunción de que partidos y candidatos reportan mucho menos de lo gastado. Integralia Consultores, de Luis Carlos Ugalde, ha demostrado que en años electorales hay un mayor flujo de efectivo en la economía nacional. En 2012 y 2015 el incremento fue de 33 mil 265 millones de pesos en promedio. Inclusive Banxico dice en su reporte trimestral de julio-septiembre de 2015 que existe un “Efecto temporal que la celebración de elecciones en nuestro país tiene sobre la demanda de dinero” (pag. 35) Es prácticamente imposible seguirle la pista a ese dinero.
El domingo tenemos elecciones en 14 entidades federativas, incluida la Ciudad de México. El 53 por ciento de los candidatos simple y sencillamente se ha declarado en una silenciosa desobediencia civil. No han reportado un solo gasto de campaña en el sistema que el INE diseñó para el efecto.
Sólo 33% de los candidatos a una presidencia municipal ha reportado al menos algún gasto. De los candidatos a diputado, 66% ha subido al menos un reporte. Por razones obvias, los candidatos a gobernador son los más cumplidos, 99% ha ingresado reportes en el sistema. Sin embargo, 81% de los candidatos reporta cinco gastos o menos. Imposible pensar que se puede hacer campaña por tres meses con cinco facturas.
De algo han servido las presiones del consejero Ciro Murayama. En la semana del 20 al 26 de mayo se incrementó
en 55% el número de reportes. De cualquier manera la exigencia de reportar en tiempo real ya quedó rebasada por la realidad.
El sistema de nulidades introducido en nuestra Constitución en 2014 descansa en la eficiencia del sistema de fiscalización. Grosso modo las causas de nulidad son: a) rebase del tope a los gastos de campaña; b) compra o adquisición de cobertura informativa en radio o televisión, y c) uso de recursos de procedencia ilícita o recursos públicos. Lo menos que podemos preguntarnos es ¿con qué elementos va a dictaminar la autoridad si hubo o no rebases si tenemos este bajísimo nivel de cumplimiento?, ¿cómo asegurar la licitud de los recursos?
Para que el candidato o partido pueda hacer valer las causas de nulidad e impugnar la elección, la diferencia entre el primero y el segundo lugares tiene que ser menor al 5% de la votación válida. Para bien o para mal en las últimas dos semanas fueron muchas las campañas que se cerraron. Es probable que entre seis y ocho gubernaturas caigan en este supuesto, y gracias a que el sistema está diseñado para incentivar las impugnaciones podemos suponer que difícilmente un segundo lugar se abstendrá de hacerlo.
A pesar de que el Tribunal Electoral en el caso de David Monreal consideró una falta menor la impuntualidad e imprecisión en la entrega de reportes de gasto, la falta se convierte en mayúscula cuando puede significar la diferencia entre la validez o la anulación de una elección. La falta de rigor de hoy se convertirá en caricatura en 2018.