Pedro Salazar Ugarte
El Universal
01/12/2016
Cuenta el maestro Héctor Fix Zamudio que, cuando un colectivo de académicos y ciudadanos promovían la creación de un ómbudsman para México, él impartió conferencias en diferentes ciudades para impulsar la idea. En una ocasión, después de explicar a un auditorio atento pero ignaro la relevancia y las funciones del ómbudsman escandinavo, un asistente alzó la mano desde el fondo de la sala y preguntó intrigado: «¿quién era ese señor Guzmán?», del que el maestro Fix hablaba tanto. Hoy las comisiones de derechos humanos son instituciones consolidadas, conocidas y utilizadas por muchos mexicanos.
De esta anécdota pretendo extraer tres lecciones: a ) la creación y consolidación de instituciones suele desafiar y sacudir saberes, paradigmas y prácticas vigentes, pero; b ) es posible lograrlo, y; c ) en nuestro país, en diversas materias, esto ha sido posible gracias a la acción concertada entre ciudadanía organizada, academia comprometida y, por supuesto, autoridades del Estado legitimadas.
Valgan algunos ejemplos para apuntalar el argumento. No todas pero algunas de las principales reformas electorales que hicieron a la democracia posible fueron resultado de dinámicas de intensa interacción entre sociedad civil y actores políticos (partidos, legisladores, gobierno). Dos de ellas son emblemáticas: la reforma, al cuarto para las doce de la elección presidencial de 1994 y la reforma subsiguiente de 1996. El Grupo San Ángel, el IETD y el Seminario del Castillo de Chapultepec fueron los espacios en los que la academia y las organizaciones civiles maduraron sus aportaciones para los procesos legislativos que, como debe ser, fueron negociados y desahogados por el gobierno y el parlamento. Algo similar sucedió con la agenda de transparencia. El Grupo Oaxaca, primero, y a lo largo de los años, colectivos ciudadanos y académicos ( Red para la Rendición de Cuentas, Fundar, Artículo 19, CIDE, EJ-UNAM, y muchas más ) impulsaron y acompañaron la creación de normas y la integración de autoridades responsables de garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública. Son ejemplos de creación institucional exitosa y transformadora. Si bien los cambios en las dinámicas políticas y sociales no se sintieron de inmediato; con los años, el resultado de esos esfuerzos alteró en clave democrática la vida pública mexicana.
El recuento viene a cuento porque en estos años estamos siendo testigos de procesos similares. La creación normativa del Sistema Nacional Anticorrupción es un esfuerzo emblemático con el que, además, se estrenó la figura de la iniciativa ciudadana. En ese ejercicio, miles de ciudadanos y organizaciones como el Imco, la RRC, Transparencia Mexicana y el Centro de Estudio Espinosa Yglesias jugaron un rol fundamental. Como en los casos anteriores -y como es inevitable que suceda- el camino hacia las normas fue sinuoso y accidentado, pero el resultado alentador. Ahora está en marcha una nueva etapa, la del nombramiento de los operadores del sistema en la que, de manera legítima y responsable, organizaciones civiles y la academia no quieren quedar fuera. Respetando facultades legales se promueve y se espera que los procesos de designación sean abiertos y rigurosos. Y, parabién, todo indica que los actores políticos han tomado nota y se mueven hacia esa dirección.
Algo similar ha sucedido con la apertura del Ejecutivo para distender el ambiente político y generar las condiciones que permitan sumar voces e ideas durante el proceso de diseño y tránsito hacia la nueva Fiscalía General de la República. Y en estos días se ha activado un nuevo frente que busca provocar otra interacción sociedad/academia/Estado que evite un mal diseño de la nueva y necesaria Ley General de Archivos.
Lo que he descrito creo habla bien de nuestra democracia. Con tensiones y pasiones, con amagues y jaloneos, en México, sociedad, academia y autoridades se hablan y aunque no se gusten construyen. Nada mal.