Yarrington, el terror de 2018

Yarrington fue gobernador de Tamaulipas, salió del gobierno del estado en 2004 y fue hasta 2011 cuando se consideró que presuntamente estaba ligado al narcotráfico. Inició su carrera en la Secretaría de Programación y Presupuesto en el equipo cercano de Carlos Salinas de Gortari y Rogelio Montemayor. Su relación más cercana fue con Manuel Cavazos, quien le precedió en la gubernatura del estado. Antes de ser gobernador fue diputado y después, presidente municipal de Matamoros.

Como la mayoría de los gobernadores, soñó con la posibilidad de ser candidato a la Presidencia de la República (2006). No lo consiguió. Perteneció al grupo político que impulsó la candidatura de Arturo Montiel y quiso detener a Roberto Madrazo, el grupo “Todos unidos contra Madrazo”, conocido entonces como el TUCOM.

Fueron testigos protegidos los que en 2011 denunciaron su colaboración con el Cártel del Golfo y con Los Zetas. Ellos declararon que el gobernador negociaba con el crimen organizado, tanto las candidaturas de las presidencias municipales como los puestos clave para que los narcotraficantes pudiesen actuar a sus anchas en Tamaulipas. Les entregó puestos clave como la Procuraduría de Justicia del estado, el control de la policía, nombró jueces afines a los delincuentes. En 2010, la revista Forbes lo nombró uno de los diez hombres más corruptos.

Lo persigue la justicia norteamericana y también la mexicana; los medios de comunicación dicen que si llega a Estados Unidos le esperan dos cadenas perpetuas, pero que si es traído a México sólo le darán 20 años de cárcel. Los mexicanos confían más en la justicia de allende del río Bravo.

Podríamos suponer que sigue ligado a la delincuencia organizada, de otra manera habría sido imposible conseguir la credencial de elector falsa que le sirvió para inventarse la identidad con la que paseaba por las plazas de Florencia.

Yarrington había sido recientemente expulsado del PRI. Forma parte del elenco de gobernadores que se han convertido en vergüenza para el país y, de manera particular, para sus correligionarios de partido.

Si miramos a Yarrington, a Javier o a César Duarte, a Borges, a Padrés del PAN y muchos otros, la pregunta obvia es: ¿nadie se dio cuenta de quiénes eran antes de ser propuestos candidatos a la gubernatura de sus respectivos estados? Los partidos políticos no tienen filtros eficientes en el proceso de selección de candidatos. A pesar del inmenso poder de los partidos, son estructuras sumamente débiles en su organización, eficientes para comprar clientelas y completamente inútiles para conocer a los personajes que promueven.

¿Cuándo se lio Yarrington con el crimen organizado? ¿Mientras era presidente municipal de Matamoros? ¿Acaso mientras fue diputado? Es poco plausible pensar que desde que era estudiante del Instituto Tecnológico de Monterrey ya tuviese vínculos con grupos criminales. El caso es que nadie en el PRI detectó en qué estaba metido cuando lo hicieron gobernador. Ninguna institución de seguridad nacional, el CISEN, la Secretaría de Gobernación o la PGR advirtieron a Zedillo de los riesgos que suponía convertirlo en gobernador. Fue hasta 2012, ocho años después de terminado su mandato, que la SEIDO advirtió que su campaña política había sido financiada por el Cártel del Golfo.

El estado de Tamaulipas está deshecho gracias a la penetración del narcotráfico. En 2016, el PRI finalmente perdió el control del estado cuando ganó Francisco García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional, sin embargo, sabemos con certeza que éste no podrá rehacerlo en seis años. ¿Cuántos muertos y desaparecidos son responsabilidad de Yarrington?

¿De qué nos sirve tener un sistema de partidos tan fuertes si son incapaces de saber a quiénes nos están proponiendo como candidatos? Ahí está Yarrington en Tamaulipas, Abarca en Iguala, Fausto Vallejo en Michoacán y quién sabe cuántos más. ¿Qué nos espera para 2018?