Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
03/10/2016
La fama de Roger Waters colmó el Zócalo y alrededores como pocas veces. La música del gran fundador de Pink Floyd entusiasmó a quizá 170 mil personas. Fue una noche de regocijo. Pero más que por las interpretaciones del creador de The Wall —que ante el muro de Trump adquiere hoy un significado complementario al que tuvo cuando fue interpretada hace casi dos décadas en Berlín— el concierto de Waters será recordado por sus implicaciones políticas.
Habría que decir, más bien, que se trata de imprecaciones. Igual que en los conciertos de paga que ofreció días antes, la enorme pantalla que instalan los productores para los conciertos de Waters mostró una expresión alusiva a Donald Trump que los asistentes vitorearon. En otro momento de esos conciertos, el compositor británico hizo un comentario sobre la situación política mexicana:
“Señor Presidente, sus políticas han fallado, escuche a su gente. Los ojos del mundo lo están observando”.
En la pantalla apareció la frase “‘¡Renuncia Ya!’”.
De esa manera la insistencia para que el presidente Enrique Peña Nieto deje la responsabilidad para la que fue electo trascendió de las redes socio-digitales y de las manifestaciones de poca concurrencia a un acto de masas y, así, a muy variados medios de comunicación.
Es ocioso discutir si Waters infringió, o no, las leyes mexicanas acerca de la participación de extranjeros en asuntos políticos de nuestro país. Evidentemente lo hizo, pero también es claro que esa legislación forma parte de un México y un mundo distintos a los que tenemos ahora. Hoy en día todos tenemos o podemos tener opiniones políticas acerca de la situación de cualquier país y expresarlas. Ése es un rasgo de la globalización de la que formamos parte.
Pero no resulta inútil discutir la pertinencia política de la exclamación que Waters y sus productores exhibieron ante el alborozo de sus seguidores mexicanos. Sin duda hay muchos ciudadanos tan descontentos con el pobre desempeño del presidente Peña Nieto que encuentran adecuada la posibilidad de que renuncie. El mismo titular del Ejecutivo Federal parece empecinado en multiplicar los motivos de ese disgusto en la sociedad.
Apenas el miércoles pasado, 28 de septiembre, el presidente Peña dijo una de esas frases tan tajantes, pero a la vez tan ajustadas a las fallas de su propio gobierno, que de inmediato se le revierten. Al inaugurar la Semana de la Transparencia recordó el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces dijo:
“Porque este tema que tanto lacera, el tema de la corrupción, lo está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos. No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. Todos han sido parte de un modelo que hoy estamos desterrando y queriendo cambiar”.
Podría suponerse que quienes han sido parte no necesariamente son cómplices, sino acaso víctimas, de la corrupción. Pero la frase bíblica es tan literalmente lapidaria que se emplea para señalar a aquellos que, sin reconocerlo, son parte de una costumbre indeseable o de una práctica ilegal (“el que esté libre de culpas…”). Además el presidente Peña Nieto en otras ocasiones ha considerado que la corrupción en México es parte de la cultura política.
Por eso se puede reconocer que Peña, en esa generalización, nos involucró a todos los mexicanos. Con la misma contundencia y franqueza le podemos decir: Señor Presidente, se equivoca usted. En este país no todos somos corruptos. Su acusación nos ofende y me atrevo a considerar que los agraviados por usted son la mayoría de los mexicanos. En este país hay una enorme cantidad de personas que no reclama ni entrega cohechos, que no chantajea desde posiciones de poder, que cumple con su trabajo y con sus obligaciones legales.
En este país, señor Presidente, muchos mexicanos respetamos las leyes y cuando no nos gustan hacemos lo posible para reformarlas, pagamos impuestos, nos reconocemos como parte de una democracia imperfecta pero que preferimos a cualquier época anterior en la historia de México. Usted en cambio, señor Presidente, contradice los principios de esa democracia cuando hace una generalización injusta y agraviante.
La corrupción es una lacra nacional. Pero enfrentarla es tarea antes que nada del poder político. La corrupción en las instituciones del Estado no consiste únicamente en robar dinero público. También se le practica cuando se beneficia a familiares o amigos con contratos, concesiones o favores que implican el ejercicio de recursos públicos.
La investigación del reportero Irving Huerta, publicada ayer domingo por Aristegui Noticias, documenta una de las costumbres más cuestionables y ofensivas que el presidencialismo mexicano ha sido incapaz de desterrar. A sus giras al extranjero el Presidente sigue invitando a familiares y amigos cuya presencia en esos viajes no está relacionada con motivos oficiales.
Hermanos y cuñadas, además de sus hijos y los de su esposa, son asistentes frecuentes a esos viajes fuera del país. En el avión presidencial también viajan amigos personales de la familia Peña e incluso algún amigo de una de sus hijas. Se han beneficiado de esas invitaciones empresarios como Armando Hinojosa, el constructor de la casa en Las Lomas cuya adquisición implicó tanto desprestigio para el Presidente y su esposa, la señora Angélica Rivera. Y en alguno de esos viajes se dio el lujo de ocupar el asiento reservado al Presidente, y tuvo la desfachatez de retratarse allí, un actor llamado Eduardo Verástegui, que se ufana de las campañas que sostiene en contra del derecho de las mujeres al aborto.
Las listas de invitados a los viajes presidenciales son muestra de que algunas cosas cambian y otras no. Gracias a las reglas en materia de transparencia, un reportero con habilidad y perseverancia puede obtener información que antes no se conocía. Pero al mismo tiempo se comprueba que la costumbre para utilizar recursos del gobierno como si fueran su patrimonio personal y no de la nación sigue vigente en la casa presidencial.
Podría decirse que el presidente Peña Nieto tiene razón cuando habla en primera persona de lo extendida que está la corrupción. Pero él mismo se contradice porque hace apenas un mes, en la reunión con jóvenes que reemplazó a la presentación de su informe de gobierno, respondió de esta manera a una pregunta sobre el costo de las giras por el extranjero: “Parece que durante los viajes oficiales nos vamos de vacaciones, pero no es así. Y las personas que viajan conmigo son los funcionarios necesarios para entablar el diálogo con otras naciones”.
Pues resulta que no. La presencia de hermanos y hermanas, cuñadas y amigos, amigos de la familia y hasta de un predicador fundamentalista es injustificable.
Así que no escasean las causas para recelar de la gestión del presidente Peña. Ante declaraciones y revelaciones como las que hemos mencionado, y a las que no será sorpresivo que se sumen otras más, habrá mexicanos que coreen la frase a favor de la renuncia.
Esa eventualidad, sin embargo, no se encuentra dentro de los escenarios realistamente posibles. Y tampoco sería plausible. Al contrario. El presidente Peña fue electo para una gestión de seis años. La legislación mexicana no ofrece motivos para que los ciudadanos descontentos demanden la interrupción de ese periodo constitucional. Pero en la muy peregrina hipótesis de una renuncia, el remedio sería peor que la enfermedad.
El régimen político mexicano sigue articulado en torno a la figura presidencial. La administración pública y en general las instituciones del Estado tienen como principal referencia al Presidente de la República, por mucho que cada vez más los poderes Legislativo y Judicial funcionan, eventualmente, como contrapesos del Ejecutivo.
La ausencia del Presidente desataría una crisis política en donde sería altamente posible que quienes ganasen más espacios fuesen los sectores más conservadores e intolerantes dentro del PRI y en distintos segmentos del Estado. La gran mayoría de quienes ahora claman por la renuncia habrían estado jugando a favor de la antidemocracia.
Desplegado al margen de la institucionalidad legal y política, el movimiento por la renuncia es una expresión de disgusto que posiblemente resulta catártica para quienes la mantienen. Pero si se le toma en serio, como señalamos en este espacio hace tres semanas, esa pretensión pude tener implicaciones golpistas.
Es improbable que los ciudadanos que con tanto enojo exigen tal renuncia se miren a sí mismos como impulsores de un golpe de Estado. Pero eso son y si exigimos que los gobernantes sean responsables con lo que dicen y hacen, también es preciso que en la sociedad haya plena conciencia ante cada reclamo que se hace.
Al Presidente y al gobierno hay que exigirles que terminen su gestión de la manera menor peor que sea posible. Ahora mismo, la sociedad activa podría interesarse en la discusión acerca del presupuesto. El gobierno desarrolla una política económica que será muy costosa para la sociedad, pero entre los ciudadanos críticos son pocas las voces que se preocupan por asuntos tan mundanos, y tan aburridos, como la tasa de interés, el gasto social o la capacidad adquisitiva de los salarios.
Persistir en la exigencia por la renuncia puede concitar peroratas muy vehementes pero políticamente estériles y, como hemos señalado, contradictorias por la democracia. Esa insistencia sólo puede convenirles a quienes aspiran a reemplazar a Peña Nieto no ahora, sino dentro de dos años. Ellos son los beneficiarios de la campaña por la renuncia.