EL PAÍS NECESITA ELECCIONES LIBRES, LIMPIAS Y CONFIABLES.
POR ESO, MÉXICO NECESITA AL INE.
Instituto de Estudios para la Transición Democrática
Ciudad de México, 7 de noviembre de 2022
México forma parte de una desafortunada constelación de países que han seguido una tendencia de progresiva erosión de su democracia. Durante los últimos cuatro años, nuestro país enfrenta un acelerado proceso de destrucción institucional que, a diferencia de otros momentos en los que las democracias se han desplomado de golpe, la nuestra se está desmantelando pieza por pieza, producto de decisiones del ejecutivo y su coalición gobernante.
En nuestro balance sobre la democracia mexicana[1], desde el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), sostenemos que: “El Presidente de la República y su coalición (Morena) desde finales de 2018 y hasta la fecha han protagonizado una vasta operación política bajo la forma de leyes, decretos o de iniciativas que están trastocando a casi todos los elementos del sistema constitucional democrático. Desde la división de poderes hasta el federalismo; desde la libertad de prensa hasta la libertad de gestión y de cátedra en las universidades; desde la laicidad del Estado hasta la representación en el Congreso; desde la independencia judicial a la autonomía de las autoridades electorales”.
En este tiempo, el gobierno de México ha mostrado una abierta propensión a violar la Constitución y las leyes en distintos ámbitos y a negarse a estar sujeto al control de instituciones, agencias de transparencia y rendición de cuentas y órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE). El embate contra el INE no es nuevo, pero resulta cada vez más grave en virtud de que ha pasado de una retórica del Presidente y su partido para denostar a la autoridad electoral, a: ataques sistemáticos al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); amenazas a funcionarios electorales que han atentado incluso contra su integridad física; asfixia presupuestal que, año tras año, afecta las capacidades de arbitraje; y ahora, propuestas de reforma electoral que minusvalúan el pluralismo, merman la calidad de la representación política, debilitan la competencia electoral y tienen como propósito la captura de los órganos electorales.
Como se sabe, el 28 de abril de 2022, se publicó en la Gaceta Parlamentaria la “Iniciativa del Ejecutivo federal con proyecto de decreto, por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral”. Se trata de:
- Una iniciativa de reforma político – electoral que propone el Presidente de la República, sin escucha, consulta o diálogo con ningún actor político, social o académico, hecho que no sucedía desde 1977.
- Una propuesta de reforma que, por primera vez en el México democrático, se formula desde el poder en turno y no a partir de las exigencias de las fuerzas de oposición. Se trata de una auténtico punto de quiebre con el proceso democratizador de las últimas décadas.
- Un planteamiento de demolición que, de ser aprobado, deberá instrumentarse directamente en una elección presidencial. Este hecho no es menor: la reforma de 1996 fue puesta a prueba en las elecciones intermedias de 1997, la de 2007 – 2008 en las legislativas y locales de 2009 y la de 2014 se validó en 2015.
- Una intentona que trastoca el funcionamiento del sistema electoral que arroja buenas cuentas desde hace tres décadas y constituye un intento para refundar y mermar las condiciones de competencia y el pluralismo.
En suma, la propuesta de reforma que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados está claramente diseñada para destruir lo que en más de cuatro décadas hemos construido en colectivo las mexicanas y mexicanos.
UNA AGENDA PARA LA DESTRUCCIÓN.
La agenda del Presidente y Morena pretende modificar elementos sustanciales del sistema electoral y que han sido resultado de amplios consensos:
- El sistema de financiamiento de los partidos políticos consolidado en 1996;
- El acceso de los partidos políticos a la radio y la televisión con fines electorales, elemento central del reclamo de las fuerzas políticas que perdieron la elección del 2006 y regulado en 2007 – 2008;
- La selección de Consejeros Electorales y Magistrados del Tribunal Electoral por dos terceras partes de la Cámara de Diputados, a partir de amplios consensos, con criterios profesionales y meritocráticos, mediante la negociación y formación de acuerdos entre los representantes populares de las distintas fracciones parlamentarias. En sustitución, la iniciativa propone la elección directa de Consejeros Electorales y Magistrados, es decir, convertirlos en candidatos, inevitablemente apoyados por partidos, cosa que los enfrascaría en las mismas contiendas partidistas-electorales que están llamados a regular, deteriorando así, la indispensable imparcialidad;
- La coexistencia y coordinación del INE con los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs) en las entidades federativas, resuelta con la reforma de 2014 que convirtió al IFE en autoridad nacional. Con ímpetu centralista, la reforma plantea la unificación de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales y la extinción de los organismos públicos locales y tribunales electorales de las entidades federativas, negándoles su derecho constitucional y soberano a emitir leyes e instituciones electorales;
- La selección escalonada de Consejeros y magistrados y la continuidad constitucional y legal del INE y el TEPJF, a fin de inyectar certidumbre y mantener capacidades y procedimientos institucionales a lo largo de ciclos político-electorales. Contra ello, la iniciativa pretende la eliminación del INE y su sustitución por un incierto Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), así como la creación de una nueva Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una abierta vulneración a la autonomía de las autoridades electorales—autonomía que, dada la larga historia de autoritarismo de partido dominante en el país, ha sido la garantía esencial de la limpieza y equidad de las elecciones.
Por otra parte, la iniciativa incluye aspectos que trastocan las condiciones de representación política y el pluralismo existente:
- La elección mediante sistema de listas por entidad federativa y reducción del número de legisladoras y legisladores, un atentado a la pluralidad que se materalizó en los cuerpos legislativos desde 1986;
- El voto electrónico, un tema que transmuta la mecánica electoral actual y que debe construirse desde la confianza, los instrumentos tecnológicos idóneos y una gran inversión pública incompatible con el catecismo de la “austeridad”;
- La reducción de integrantes de Congresos locales, ayuntamientos y alcaldías lo que atenta, simultáneamente, contra el federalismo y el pluralismo.
Como se advierte, no se trata de un cambio, sino de una intentona de destrucción de un sistema electoral que funciona y cuya edificación ha sido fruto de un largo proceso de construcción política sostenida por el más amplio consenso, para regular la lucha política del país, ampliar el pluralismo, generar condiciones cada vez más equitativas en la competencia, fortalecer la imparcialidad y legalidad en el arbitraje comicial y garantizar el ejercicio del voto en libertad y en paz.
De la lectura de la iniciativa se pretenden reformar, derogar o adicionar párrafos a 17 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116, y 122). El corazón de la reforma propuesta implica:
- Debilitar a las fuerzas políticas de oposición, a través de un menor financiamiento público y menos tiempo en radio y televisión:
Disminución del financiamiento público: “…eliminar el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias…”.
En 1996 la discusión sobre el financiamiento de los partidos políticos, indispensables para cualquier democracia era ¿de dónde obtendrían sus recursos? Como respuesta “se optó por hacer preeminente el financiamiento público (el privado no está cancelado) por tres importantes razones: a) es transparente, b) equilibra las condiciones de la competencia y, c) intenta que los partidos no sean dependientes de los grandes grupos económicos y mucho menos de bandas delincuenciales. Y esos grandes propósitos siguen tan vigentes, entonces, como ahora. Privar a los partidos del “financiamiento ordinario”, es decir, aquel con el que mantienen sus actividades regulares, es debilitarlos, atentar contra su implantación territorial y contra la profesionalización de sus cuadros. Y dados nuestros lamentables “usos y costumbres”, beneficia al partido que se encuentra en el gobierno por los apoyos poco disimulados que recibe del aparato estatal”[2].
Reducción del tiempo en radio y televisión: “…desde el inicio del proceso [electoral] y hasta la celebración de la jornada electoral, se destinarán 30 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión a los partidos políticos, candidaturas independientes y al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas”.
La reforma de 2007 corrigió la que era entonces, la principal deformación de la democracia en México, es decir, la absoluta gravitación de los medios de comunicación sobre la formación de la representación política, las campañas electorales y su encarecimiento concomitante e imparable[3]. Gracias al uso de los tiempos del Estado, los partidos políticos no tuvieron que pagar para entrar a los medios de comunicación y al debate público, lo que mejoró las condiciones de equidad en la competencia. Con la iniciativa del Presidente, los partidos políticos, todos, contarán con menos espacio en radio y televisión (de 48 a 30 minutos diarios), un retroceso frente a lo ganado en más de una década de funcionamiento del modelo de comunicación política que tanto esfuerzo costó instrumentar frente a los poderes fácticos, a quienes ahora la iniciativa, les regala como un nuevo favor.
2. Reducir el pluralismo:
Disminución de la representación política: “…reducción del número de sus integrantes [del Congreso de la Unión] y su elección mediante una sola lista por entidad federativa…”.
La iniciativa acaba con los representantes uninominales. Los senadores se elegirían en listas de tres (por cada entidad) y se repartirían con un criterio de representación proporcional estricta. La Cámara de Diputados en treinta y dos circunscripciones (una por cada entidad) con listas que pueden fluctuar entre 2 y 40 legisladores. El pluralismo instalado en las cámaras de representantes, tanto Diputados como Senadores, se comprime con nuevas fórmulas sostenidas en la disminución de representantes. Es correcto avanzar hacia la representación proporcional estricta pero la trampa está aquí, en las pequeñas y muy pequeñas circunscripciones por estado. Por otra parte, la propuesta presidencial no dice una palabra sobre una de las funciones de los plurinominales: ajustan el porcentaje de escaños al porcentaje de votos de cada partido o coalición. En otras palabras, no busca que las Cámaras reflejen con exactitud la volutad ciudadana expresada en las urnas.
Reducción de integrantes en cuerpos de representación política en cuerpos legislativos federales y locales: “reducción de integrantes de Congresos locales, ayuntamiento y alcaldías…”.
Igualmente grave es la pretensión de recortar integrantes en congresos locales, ayuntamientos y alcaldías. En la iniciativa se desecha de plano la condición federalista de la república, y tiene el propósito no disimulado que hacer patente el poder central, cercenando esos cuerpos de representación y sus capacidades.
3. Centralizar la función electoral:
Extinguir la función electoral local (estatal): “…eliminar los distritos electorales y junto con éstos la estructura electoral distrital”, se trata pues de la “extinción de los organismos públicos locales y tribunales electorales de las entidades federativas”.
Cuando la iniciativa señala que las instituciones organizadoras de los comicios serán temporales, quiebra la columna vertebral del sistema electoral: la profesionalización de los servidores públicos que conforman el Servicio Profesional Electoral, en cuya responsabilidad la ciudadanía ha depositado su confianza desde la creación del IFE. Se sabe que al jefe del Ejecutivo Federal la lealtad es un mejor atributo que las capacidades, pero resulta que la alta confianza en el IFE – INE se ha logrado, precisamente, gracias al trabajo profesional de un servicio de carrera que ha encontrado en la especialización de centenas de mujeres y hombres, la garantía de aplicación de la ley en 300 distritos que se articulan bajo los mismos estándares. La limpieza y legalidad de cada elección depende de esta importante estructura que, junto con miles de ciudadanos, asegura que cada voto cuente y se cuente. Es la impecable instalación de mesas directivas de casilla la que ponde en riesgo esta iniciativa.
La pérdida de autonomía del INE trae otro riesgo mayúsculo: alteraciones al padrón electoral. Debemos recordar que la fundación del IFE trajo consigo la construcción de los cimientos de la competencia electoral, el más importante, un padrón electoral confiable para asegurar que cada ciudadano tenga derecho a un voto y que su voto se cuente bien. La intentona presidencial lo desaparece de un plumazo sin que aclare a donde se trasladaría la base de datos más grande y confiable de México. El nuevo INEC deja de integrarlo, y se queda solo con la tarea de confeccionar la lista nominal de electores. Dicho en una nuez: la manipulación de padrón electoral volvería a ser posible, como en los años 80. Ni más, ni menos.
4. Capturar el arbitraje electoral:
Mermar la autonomía de las instituciones electorales para alinearlas a la voluntad oficial: “A partir de candidaturas presentadas por las Cámaras de Diputados y Senadores, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la persona titular del Ejecutivo Federal, se propone que el voto popular decida la integración de la Sala Superior del TEPJF y del Consejo General del INEC”.
La iniciativa indica que los integrantes del INEC y los magistrados del TEPJF se elegirían por voto universal. Esta propuesta podría parecer simplemente estrambótica, pero lleva consigo la intención de capturar a los árbitros electorales. Implicaría una reforma constitucional y un horizonte de elecciones en que, inevitablemente, el Poder Ejecutivo llevaría la ventaja al nominar a la tercera parte de los candidatos y candidatas a ser votados por la ciudadanía, más los que pudiera imponer o negociar en el Poder Legislativo (o con sus respectivas mayorías, hoy Morena y su coalición conforman mayorías simples en ambas cámaras) y en el Judicial, sobre los cuales tiene también influencia. El modelo unos consejeros y magistrados seleccionados bajo el más amplio consenso y tomando en cuenta su competencia técnica, se cancelaría y con ello las garantías de imparcialidad y autonomía de las autoridades electorales.
Debemos subrayarlo: la intentona consiste también en que los estados dejen de administrar y organizar sus propias elecciones, que carezcan de autoridades administrativas y jurisdiccionales, que cedan sus facultades para emitir sus leyes electorales y que renuncien a su libertad y soberanía constitucional para determinar la dimensión de sus Congresos y la composición de sus ayuntamientos. La reforma no solo es antipluralista sino abiertamente antifederalista y en esa medida, anticonstitucional.
PRIMERA OBLIGACIÓN: DEFENDER AL INE Y AL SISTEMA NACIONAL ELECTORAL.
Defender al INE y su autonomía es hoy una obligación absoluta. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, el INE es la institución civil con mayor confianza de la ciudadanía con 60%, por encima de la Presidencia de la República que cuenta con el 52%. Estudios demoscópicos más recientes, como la Encuesta de El Financiero[4], revelan que al 26 de octubre de 2022, el 68% de las mexicanas y mexicanos aprueban la labor que realiza el instituto en la organización de las elecciones, esto es, 7 de cada 10 ciudadanos confían en el desempeño del INE.
Por otra parte, la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia) realizó una evaluación escupulosa sobre la reforma electoral. Sus resultados se publicaron el pasado 24 de octubre con las siguientes observaciones y recomendaciones:
a. Las enmiendas propuestas a la Constitución no ofrecen suficientes garantías de la independencia e imparcialidad del INEC y de los jueces del Tribunal Electoral.
b. El procedimiento propuesto para la elección directa de los Consejeros del INEC y jueces del Tribunal Electoral debe ser reconsiderado, ya que no se ajusta a las normas internacionales y a las mejores prácticas en el ámbito electoral, que prescriben que debe haber una representación equilibrada de las diferentes fuerzas políticas en los órganos de administración electoral (construidos de forma estricta o proporcional). Los miembros de estos órganos deben ser imparciales y profesionalmente competentes y, por lo tanto, no se les debe permitir hacer
campaña (presentarse como candidatos en las elecciones directas).
c. La creación de un INEC altamente centralizada debería ser reconsiderada ya que:
i. una centralización onerosa y compleja podría comprometer el
funcionamiento imparcial e independiente de la administración electoral en los diferentes niveles de la Federación;
ii. si se cambia el sistema electoral a uno proporcional con 32 circunscripciones y teniendo en cuenta las competencias propuestas por la INEC, su capacidad de intervención durante el proceso de elaboración de las listas por parte de los partidos políticos será muy limitada;
iii. La eliminación de los órganos de administración electoral de nivel inferior y la creación de estructuras ad hoc con personal temporal tendrán un impacto negativo en la calidad de las elecciones a diferentes niveles.
d. La concentración del proceso de quejas y recursos en manos de un Tribunal Electoral nacional también podría ser problemática a la luz de la estructura federal del Estado mexicano y creará una carga potencialmente muy alta ya que dicho Tribunal Electoral nacional tendrá que atender todas las quejas y recursos electorales en primera instancia. Las disposiciones correspondientes de la Iniciativa deben ser revisadas.
La evaluación de la Comisión de Venecia es un botón de muestra de los balances sobre la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador y al mismo tiempo, un llamado oportuno y pertinente para salvaguardar la democracia mexicana, pues dicha Comisión advierte que: “…cambiar un sistema que funciona bien en general y que goza de la confianza de los diferentes actores electorales sobre la base de varios ciclos electorales y años de evolución democrática conlleva el riesgo inherente de socavar dicha confianza”.
Por todas esas razones, decimos categóricamente que el país no necesita una reforma electoral para la elección presidencial, legislativas y locales de 2024:
- El sistema electoral funciona y cuenta con una aprobación ciudadana cercana al 70%. Las últimas elecciones, 2018 y 2021, mostraron el profesionalismo de las autoridades electorales ante comicios cada vez más complejos en contextos de exigencia muy altos. La elección más grande de la historia se realizó en medio de la pandemia y los niveles de eficacia y participación fueron los más altos de los que se tenga registro. El INE puede organizar las elecciones de 2024 y México puede volver a tener elecciones libres, imparciales, competidas, legales, objetivas y transparentes en 2024 con las reglas actuales, las mismas con las que el Presidente López Obrador ganó en las urnas en 2018.
- El INE es una institución central para las mexicanas y los mexicanos. Su defensa es un compromiso democrático. Los grandes cambios políticos que ha vivido el país se explican en buena medida, por la existencia de las autoridades electorales (especialmente la alta competitividad con 68% de alternancias y el pluralismo existente en los gobiernos y Congresos de todo nivel). El reconocimiento y la confianza en el INE se deben al esfuerzo sostenido de miles de mexicanos y funcionarios que se comprometen con la legalidad, la certeza y la transparencia de las tareas y decisiones del INE, institución encabezada por ciudadanas y ciudadanos que fueron designados como consejeros generales por unanimidad o por amplio consenso de las mismas fuerzas políticas que integran el Congreso, y que constituyen parte del reconocimiento a la institicionalidad electoral. A menos de un año del inicio del proceso electoral 2023 – 2024, aprobar alguna reforma que no se haya probado en una elección intermedia supone un riesgo alto e innecesario para el arbitraje electoral. Y mucho mayor si no está soportada por diagnósticos rigurosos que incluyan a la autoridad electoral.
- Como se puede ver, la iniciativa de reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador atenta contra el venturoso proceso de reformas electorales que desde 1977 se había empeñado en ampliar la pluralidad política y la representación, en dotar de reglas del juego claras, ciertas y transparentes, en hacer cada vez más equitativa la competencia electoral, lograr la imparcialidad de las autoridades electorales y la legalidad de los procesos comiciales. Por decir lo menos, la propuesta del Presidente implica una regresión, menos pluralismo, menores condiciones para la competencia equilibrada y pérdida de autonomía de los órganos electorales.
- El intento de regresión autoritaria formulado por el Presidente es una apuesta para volver a las condiciones predemocráticas del México previo a la transición a la democracia: a) partido hegemónico; b) presidencialismo de enormes capacidades constitucionales y metaconstitucionales, con un Presidente en el vértice del mecanismo de decisión y negociación; c) subordinación de poderes (Legislativo y Judicial) al Ejecutivo; d) federalismo formal, centralismo real; e) subordinación de organizaciones sociales, sindicales, empresariales al poder político; f) elecciones sin competencia; g) partidos políticos testimoniales; y, h) leyes electorales restrictivas.
- Es indudable que la propuesta de reforma electoral del Presidente de México constituye una amenza abierta y franca para destruir los últimos valladares de la defensa democrática del país, las autoridades electorales (el INE y el TEPJF) y con ello, colocar la voluntad ciudadana a merced de un sistema vulnerado en su autonomía y en su profesionalismo. Todo ello en contra los elementos que configuran el sistema electoral mexicano: certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia.
- En democracia, los pesos y contrapesos son indispensables. El poder legislativo tiene una responsabilidad central: vigilar que ninguna propuesta de reforma electoral atente contra el piso mínimo que hemos construido y ha funcionado muy bien durante centenas de elecciones federales y locales. En los últimos años también hemos sido testigos de un conjunto de iniciativas de reformas a la Constitución que al no lograr consensos ni mayorías, se intentan por la vía de cambios a leyes secundarias que terminan impugnadas por su ilegalidad. El Poder Judicial es responsable de garantizar la legalidad del marco electoral si, ante un fracaso de reforma constitucional, se presentan esos intentos, cada vez más frecuente.
- Las fuerzas políticas de oposición están llamadas a la responsabilidad pública. Tanto el Partido Revolucionario Institucional, como el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática están obligados a defender al sistema electoral en sus valores, principios e instrumentos y oponerse enérgicamente a cambios que erosionan el orden democrático. Nunca, como ahora, estamos obligados a crear un poderoso contexto de exigencia hacia todas esas fuerzas políticas.
La lealtad democrática obliga a que, quien accedió al poder con unas reglas, acuda a la siguiente cita, con esas mismas reglas. Pero ese valor parece no existir.
No obstante, México puede y debe ir a las elecciones de 2024 con las reglas con las que todos han ganado y perdido comicios de manera legal, bajo la convicción democrática de que con ello las diferencias políticas se han dirimido mediante elecciones libres, imparciales y pacíficas. Pero también, convencidos de que la estabilidad política del país depende del respeto a una institucionalidad electoral construida ardua y venturosamente por varias generaciones.
Firman, por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática:
Adrián Acosta Silva, Luis F. Aguilar Villanueva, Fernando Arruti, Cecilia Azuara, Francisco Báez Rodríguez, Patricio Ballados, Alonso Bassanetti, Ricardo Becerra, Elsa Cadena González, Rosaura Cadena González, Julia Carabias, Esperanza Carrasco Licea, Agustín Castilla Marroquín, Salomón Chertorivski, Enrique Contreras Montiel, Rolando Cordera, María Cruz Mora, Sebastián De Lara Gomís, Guillermo Ejea Mendoza, Arturo Espinosa Silis, Carolina Farías, Carlos Flores Vargas, Antonio Franco Gutiérrez, Jesús Galindo López, Christian Uziel García Reyes, Carlos Garza Falla, Luis Emilio Giménez Cacho, Francisco José Gómez Ruíz, Anamari Gomís, Fabián González, Asmara González Rojas, Germán González-Dávila, Teresa Gurza, Paulina Gutiérrez Jiménez, César Hernández González, Jorge Hernández, Rollin Kent, Laura Koestinger, Sergio López Ayllón, Mauricio López Velázquez, Javier Martín Reyes, Eduardo Martínez Leyva, María Marván Laborde, Patricia Mercado, Mauricio Merino Huerta, Rosa Elena Montes de Oca, Paloma Mora, Eliezer Morales, Rodrigo Morales, Patricia Ortega Ramírez, Itzel Ortiz Zaragoza, David Pantoja Morán, Dulce María Pascual Moncayo, María de los Angeles Pensado, Patricia Pensado, Martha Elvira Pérez, Jacqueline Peschard, Irene Pomar Montes de Oca, Lorenzo Alfredo Popoca García, Enrique Provencio, María del Carmen Rodríguez Juárez, Jesús Rodríguez Zepeda, Rosa Rojas Paredes, Alejandra Rojas Pérez, Jorge Javier Romero, Clemente Ruíz Durán, Luis Ángel Salgado Rodríguez, Guadalupe Salmorán Villar, Arturo Sánchez Gutiérrez, Mariano Sánchez Talanquer, Hortensia Santiago, Raúl Trejo Delarbre, Jaime Trejo Monroy, Fernando Tudela, Leonardo Valdés Zurita, Manuel Vargas Mena y Amezcua, Efraín Villanueva Arcos y José Woldenberg.
[1] Instituto de Estudios para la Transición Democrática, 2021: el estado de la democracia (el caso mexicano). 2021. Consultado en: https://ietd.org.mx/2021-el-estado-de-la-democracia-el-caso-mexicano/.
[2] Woldenberg, José. Ojalá que no pase, Voz y Voto, Junio, 2022.
[3] Becerra, Ricardo, La reforma de la democracia. 2008.
[4] Moreno, Alejandro. Mexicanos están con el INE; 68% aprueba desempeño en elecciones, El Financiero, 26 de octubre de 2022.