Ricardo Becerra
La Crónica
08/11/2022
No se cual sea su sensación -lectora, lector- pero para los más viejos (como yo) en más de cincuenta años, me percibo a las puertas de un inmenso retroceso en nuestra vida política, civil y democrática. Como en 1968, quizás como en 1971, ahora la presencia política del ejército mexicano es patente, actuante y omniabarcante. Y la sombra de ese militarismo campante, se complementa con un intento de reforma constitucional concentrado -en contenido e intención- en una sola palabra: desmantelar las piezas electorales fundamentales del orden democrático mexicano.
Si se fijan bien, en la iniciativa del presidente López Obrador domina la negatividad en sus verbos: suprimir, extinguir, disminuir, acabar, desaparecer, a instituciones e instrumentos vitales que hasta ahora han producido muchos de los principales bienes públicos que mantienen a México en pie.
Tales piezas fundadoras que le han dado a México, por primera vez en su historia, una vida democrática, son: el servicio profesional electoral (un cuerpo especializado de mujeres y hombres) que organizan nuestros comicios en todo el territorio; el padrón electoral, la base de datos personales más grande y confiable que tiene el país; la imparcialidad y la autonomía política de los magistrados y consejeros electorales -árbitros de los comicios- que hoy son seleccionados por amplio acuerdo y por consenso (no por una votación masiva); los contrapesos en ayuntamientos y municipios donde las oposiciones tienen presencia con labores de vigilancia; las entidades de la república son impedidas para elaborar sus propios acuerdos, sus propias instituciones y sus propias leyes electorales, en pos de un intento monstruoso de centralización; y la pluralidad en el Congreso es abatida por fórmulas de representación que favorecen al partido mayoritario. Entre otras demoliciones.
Para ser más explícitos, la destrucción que ha firmado el presidente se propone:
Debilitar a la oposición quitándole el financiamiento para el mantenimiento de sus estructuras y la profesionalización de sus cuadros en el territorio nacional.
Reducir al pluralismo, achicando las cámaras, las legislaturas de los estados y los cabildos, empobreciendo la representación del conjunto del sistema democrático.
Centralizar de una manera monstruosa e impracticable las actividades electorales del país dentro de un órgano que, además, habrá dejado de ser profesional y permanente.
Capturar al arbitraje electoral mediante supuestas elecciones en las cuales los jueces se convierten en parte, porque en realidad, competirán por ellos los partidos. Así, la condición de imparcialidad estará mucho más lejos que ahora.
Destruye uno de los fundamentos del pacto federal, al arrebatarles a las entidades federativas la posibilidad siquiera de emitir sus leyes, de establecer instituciones y sus acuerdos electorales, una de las columnas de su régimen interior.
De concretarse, esta intentona puede costarnos -a todos los mexicanos- años de autoritarismo, arbitrariedad, militarismo y una concentración inaudita de facultades en el poder presidencial, ahora también inmiscuido en los asuntos electorales.
Por todo eso hay que marchar el próximo domingo. Rechazar, categóricamente, el espíritu y la letra de la iniciativa electoral del gobierno e interpelar, respetuosa pero enérgicamente a los partidos democráticos a rechazar el conjunto de medidas destructivas que pretenden regresarnos a una nueva edad autoritaria al comenzar la tercera década del siglo XXI (más análisis y argumentos aquí www.ietd.org.mx).