Jacqueline Peschard
El Universal
10/10/2016
Es inmoral utilizar a niños como escudo de movilizaciones de protesta de adultos y lo es más cuando las marchas son promovidas por maestros que demandan que no se aplique la ley, a fin de preservar sus privilegios. Es reprobable que educadores que tienen en sus manos la formación de los menores aprovechen su principio de autoridad para involucrar a los niños en sus asuntos gremiales, e incluso en sus actos ilícitos, con lo cual violentan y desnaturalizan la función de la enseñanza, despojando a los alumnos de su derecho a aprender.
La semana pasada, maestros de la escuela Leonardo Bravo de la Ciudad de México salieron a las calles, apoyados por los padres de familia para reclamar que restituyan a los 32 docentes que han sido cesados, 11 de ellos por no presentar el examen de evaluación y 22 más por acumular 3 faltas en un mes, sin que hayan presentado justificación alguna. Lo grave de esta movilización fue que los maestros inconformes, apoyados por padres de familia, llevaron a los niños a encabezar sus marchas, lo cual se ha convertido en una práctica recurrente para legitimar sus actos y darles mayor visibilidad mediática. Pero, no contentos con ello, cerraron las escuelas y pretendieron `dar clase` en la vía pública y alentaron a los chicos a patear y pintarrajear las instalaciones de la SEP. Es decir, los movilizaron en respaldo a las demandas de sus maestros y para entrenarlos en golpear oficinas públicas. La respuesta de la autoridad educativa fue desautorizar el acto y el secretario Nuño desvirtuó lo sucedido, calificándolo de `show mediático`.
La protesta social está protegida por nuestra Constitución; es un derecho de la población a manifestar inconformidad, rechazo o crítica frente a acciones y decisiones del Estado y está claro que debe ser garantizada, pero que los educadores usen a los menores como punta de lanza para reivindicar sus demandas y para protegerse de una posible reacción de las fuerzas de seguridad pública, porque las movilizaciones van acompañadas de actos vandálicos, es reprobable. Estos actos del magisterio sancionado fueron liderados por el propio director de la escuela, Francisco Bravo, exlíder de la sección 9 de la CNTE, lo cual da cuenta de la degradación moral que sufre el sindicato, pero también de la incapacidad de las autoridades para impedir que la función educativa se trastoque, incumpliendo las normas y, desde luego, el derecho de los niños a tener clases regularmente.
El gran problema es que este tipo de prácticas que toman a los alumnos como escudo reivindicador de intereses ajenos a ellos es que se han convertido en recurrentes; son ya parte de nuestro escenario cotidiano de atropello al estado de derecho y tal parece que nos hemos ido acostumbrando a que sucedan, perdiendo nuestra capacidad de indignación.
Es cierto que aprovecharse de los menores parece menor frente a la violencia de normalistas e integrantes de la CNTE que se suceden en distintas partes del país. En días pasados la prensa (El País, 6/10/16) reportó que en los últimos cuatro meses en Turícuaro, Michoacán, en demanda de que se liberen a 8 normalistas aún detenidos y con la ayuda de la patrulla comunal, se han apoderado de cerca de 50 autobuses y camiones de carga, obligando a los respectivos choferes a permanecer secuestrados en sus vehículos para evitar que los despojen de sus mercancías.
En todo caso, no hay que dejar de insistir que también hay una carga de violencia simbólica en el hecho de que los maestros inciten a sus alumnos de primaria a cometer actos de vandalismo, disfrazándolos de protesta solidaria con las demandas de sus educandos. Es preciso denunciar por inmoral que los maestros utilicen a los niños como escudos de sus pretensiones y de los destrozos que cometen.