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El debate público

A diez pesos para regresar a la pobreza extrema

Ricardo Becerra

La Crónica

29/11/2020

Solicito a la lectora, al lector, seguir este hilo: la gran crisis del Covid-19 (y el desbarajuste consiguiente derivado de las decisiones del gobierno) ha echado a perder muchas cosas. De las que faltan a echar a perder está el ascenso en el salario mínimo, probablemente el principal acierto de política económica de estos dos años. En riesgo.  

Aunque es menestar decir que dado el fuste del Presidente López Obrador, fue instrumentado con pocos argumentos, sin política, sin objetivos claros y ruta explícita trazada (el voluntarismo que nos caracteriza).   

En 2019 el aumento colocó al mínimo en 102.8 pesos en todo el país (también se decidió un incremento de 100 por ciento para los salarios mínimos en la frontera, pero esa es otra historia).

Hoy, el salario mínimo en casi todo México se ubica en 123.22 pesos, por primera vez en 35 años, por encima de la línea de pobreza alimentaria. Esto quiere decir que un trabajador en actividad honesta, pudo surtirse a sí mismo y a un integrante de su familia, de lo indispensable ¡por fin! en 2020. Subrayo: de lo absolutamente indispensable: para comer ¿Comprenden en donde estamos? 

Bien: esos aumentos, hechos sin la suficiente argumentación pública, representaron una modificación histórica en la trayectoria de los mínimos, cuyo curso había sido deprimido -por decisión política, no económica- durante tres décadas y media. 

Quiero decir que seguimos en intemperie intelectual: desde diciembre de 2018, pasando por diciembre de 2019, no hemos conocido el planteamiento general de política que sostenga, en este sexenio, algo parecido a una política salarial. 

Por eso, ante la brusca perturbación que impone la pandemia, es importante reconstruir una discusión que lleva ya más de un lustro en México. 

No debemos olvidar la definición cardinal que orientó el aumento a los salarios mínimos cuando llegó el Presidente López Obrador: su valor no puede ser, nunca, menor al de dos canastas alimentarias (medidas por CONEVAL). O sea, aquel que trabaja honestamente y en la legalidad, no puede permanecer en la pobreza extrema (a él y a uno que sostiene como dependiente). Este es el principio de la política de recuperación, al que ya no podríamos abandonar.

Santo y bueno, pero se trata de un piso que sigue sin alcanzar la obligación fijada por el 123 constitucional. En las circunstancias actuales resulta imposble que el salario mínimo —de golpe y porrazo— ascienda a los 220 pesos que exigiría nuestra ley fundamental (para sostener dignamente a dos personas) pero por lo menos, esa cantidad debería orientar la política hacia 2024. 

¿Qué quiero decir? Que necesitamos de una política que se mantenga en el 2021, 22, 23 y 24, prudente e incremental que nos acerque progresivamente a ese objetivo deseable. ¿La tenemos?

Pero: se atravesó la pandemia.

Esto ha transtocado todo: las empresas y los negocios están en un predicamento, el shock que han vivido pone en entredicho todas las previsiones y los cálculos que eran perfectamente viables en condiciones normales. Eso debería colocarnos en una discusión muy seria: ¿es posible continuar una política de recuperación del salario mínimo en este año? 

Mi opinión es que, por prudencia, en este tiempo la decisión crucial consiste en no perder el territorio ganado en este tiempo. La inflación sigue galopando y hace que la canasta alimentaria mínima para dos personas, se sitúe en 112 pesos. O sea: el salario mínimo mexicano está a sólo 10 pesos de regresar a la pobreza extrema. Ese es el horizonte a cuidar, a plomo y piedra. 

Por lo tanto, el pandémico decreto razonable del salario mínimo en el próximo dicembre, debería cuidar la distancia entre lo ganado y la pobreza extrema, para hacer -un poco más decente- nuestro mercado laboral. No volver al vergonzoso escenario de los 35 años previos. 

La CONASAMI, por primera vez, debería dejarse de juegos de artificio y fortalecer el esquema de consulta y representación, abrirse y escuchar voces distintas, fuera de los círculos oficialistas y menos petrificada en las visiones “tripartistas” que, precisamente, anclaron al salario durante décadas y que -digan lo que digan- siguen dominando al pleno de representantes. 

Creo que el decreto pandémico debería basarse en la precaución y la sensatez: nadie que trabaje honestamente y gane el salario mínimo, debe estar en la pobreza extrema. Y la política salarial y laboral (si existe) debe aspirar a su decidida recuperación. 

Dado el macro-evento que vivimos -el Covid-19- tendríamos que decretar un salario que no perdiera lo ganado con tanto esfuerzo, y preparar a una segunda reunión, seria y documentada del Consejo de Representates, en junio de 2021 -pasadas las elecciones-. 

Sí: quisiera ver una CONASAMI que trabaje más, cuando los efectos de la pandemia y de su manejo estén bastante claros en el mercado laboral mexicano. Cuidar conservadoramente el poder adquisitivo en los siguientes seis meses y convocar, desde ahora, una revisión, luego de los comicios.

Una revisión anunciada claramente para que el salario mínimo se convierta en la señal que recompensa al trabajo duro y honesto que paga a las actividades escenciales, las que nos han permitido cursar en este tiempo de incertidumbre, enfermedad y de muerte. 

Es el salario mínimo, lo que ha mantenido nuestra vida en esta crisis. Por eso es crucial evaluarlo, cuidar sus avances y proyectar su trayectoria en lo que resta la pandemia.