Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
30/11/2020
México está peor que hace dos años. Tenemos más pobres, el desempleo ha aumentado, la violencia crece a diario, las expectativas del país son más malas.
La pandemia empeoró un escenario que ya era ominoso. Ante esa emergencia el gobierno del presidente López Obrador respondió con una mezcla de indiferencia, improvisación y negligencia. Todo el mundo ha tenido que enfrentar esta crisis pero las diferencias en el comportamiento de cada gobierno ya se pueden evaluar.
El estudio de Bloomberg sobre las medidas que se han tomado para atender la expansión del coronavirus es de una contundencia vergonzosa para México. Allí se analiza el desempeño de 53 gobiernos. El nuestro, está en el sitio 53.
Los analistas de esa empresa de información registraron las medidas en cada país a partir de varios indicadores (aumento en contagios, tasa de mortalidad, aplicación de pruebas, acuerdos para obtener vacunas, entre otros). Las naciones con mejor desempeño, Nueva Zelanda, Japón y Taiwán, alcanzaron 85.4, 85 y 82.9 puntos.
México, al final de la lista, tiene 37.6 puntos. Vietnam, con 74.3, tiene casi el doble. Bangladesh alcanzó 64.2, Egipto 63.2, Turquía 60.6, India 58.1, Nigeria 53.9. No se trata de grandes potencias económicas sino de países en donde los gobiernos supieron actuar a tiempo, atendieron las recomendaciones científicas, convocaron a la sociedad en vez de ignorarla y desdeñarla.
En América Latina, los 37.6 puntos de México contrastan con las calificaciones de Brasil (56.2) y Chile (55.9). La epidemia no ha sido plenamente dominada en ningún país. Pero en México perdimos el plazo que nos daba el espacio de más de dos meses entre la aparición del virus y su llegada a nuestro territorio. Nuestro gobierno se conformó con medidas modestas, no entendió las dimensiones de esta amenaza y, más tarde, se ha negado a modificar las rígidas interpretaciones que han definido su política frente al coronavirus.
El manido pero muy vigente asunto del cubrebocas sigue ejemplificando la cerrazón del presidente López Obrador. El manejo inhábil y fallido que el gobierno mexicano hace de la pandemia es un escándalo global. Tenemos más muertos, menos capacidad de atención, menos medicamentos y peores disposiciones para mantener la distancia social que la mayor parte de los países. Hoy en día, aunque hay acuerdos con tres laboratorios que producen vacunas, se ignora cómo serán distribuidas cuando estén disponibles.
En el comportamiento ante la epidemia, el de México ha sido un desempeño peor que el de otros gobiernos populistas. En el estudio de Bloomberg, frente a los 37.6 puntos del México de López Obrador, la Rusia de Putin alcanza 65 puntos, Estados Unidos con todo y Trump tiene 66.5 y el Brasil de Bolsonaro 56.2.
Las secuelas de la pandemia son y serán peores debido a la crisis que ya teníamos en la economía. La decisión de concentrar las capacidades del gasto público en proyectos de dudosa utilidad como los que el presidente considera prioritarios, las medidas que han alejado o intimidado a la inversión extranjera y privada y sobre todo la ausencia de decisiones de Estado para respaldar fuentes de empleo y garantizar el ingreso de los trabajadores debido a la epidemia, han empeorado la situación de las familias más pobres.
En mayo los expertos de BBVA estimaban que, con una caída del PIB del 7%, en México habría 12 millones de personas más con pobreza por ingresos y 12.3 millones más en pobreza extrema de la misma índole. Hoy en día se estima que el PIB puede desplomarse en 10%.
Otras evaluaciones aseguran que, por lo pronto, hoy tenemos 10 millones de pobres más que el año pasado. La OIT considera que 11.7% de la Población Económicamente Activa, en nuestro país, estará sin trabajo. Se trata de casi 7 millones de personas. Eso, sin considerar el creciente subempleo. El 44% de los asalariados, según la misma institución, padecerá reducción en sus remuneraciones.
Una reciente encuesta de Reforma encontró que 39% de las personas ha dejado de recibir ingresos debido al coronavirus. Al 34% de los entrevistados le han rebajado el salario y el 28% se ha quedado sin empleo.
El ingreso y el empleo de los mexicanos no tendrían por qué haberse desplomado de esa manera. En muchos otros países —no sólo en los más ricos— los gobiernos entregaron salarios de emergencia para los trabajadores que debían permanecer en sus casas, respaldaron a las empresas, auspiciaron actividades muy variadas (desde compras a los restaurantes hasta incentivos a la creación cultural) para sobrellevar el confinamiento.
En México el gobierno del presidente López Obrador dejó que cada quien se salvase (o no) como pudiera.
Aunque numerosas voces propusieron acciones de emergencia e insistieron en que el Estado debía ponerse al frente para potenciar las capacidades del país y garantizar empleo, bienestar, producción y consumo, el gobierno mexicano se desentendió de esas responsabilidades.
No hubo apoyo a las empresas. Ni salarios de emergencia. Las instituciones de salud pública, que ya habían sido erosionadas con la extinción del Seguro Popular, quedaron más desamparadas que nunca.
A los reclamos de los familiares de enfermos que dejaron de recibir atención, entre ellos niños con cáncer, la administración de López Obrador respondió con indiferencia y negligencia. Sólo cuando esos requerimientos crecieron en las calles y en los medios el gobierno federal ha tomado algunas medidas, insuficientes siempre.
Hoy la inseguridad es peor que en años anteriores. El gobierno espera que en 2020 habrá cerca de 41 homicidios dolosos. En 2019 hubo algo más de 37 mil. Violencia y delincuencia crecen, al mismo tiempo que se afianza la militarización del Estado. La Guardia Nacional quedó controlada por el Ejército, que además ha sido habilitado como constructor del aeropuerto y otras obras y controlador de las aduanas, entre diversas y hasta hace poco impensables tareas.
La asignación al Ejército Mexicano de responsabilidades que cumplían otras áreas de la administración pública o empresas privadas, expresa la creciente y preocupante dependencia del gobierno y del presidente respecto de las fuerzas armadas. López Obrador ha elegido apoyarse en el Ejército y, por otra parte, en la base social que mantiene gracias a la entrega discrecional de ayudas económicas.
En estos dos años —a veces con desplantes ominosos—ha ocurrido un proceso de captura de instituciones del Estado por parte de la Presidencia de la República. La independencia del Poder Judicial ha quedado en entredicho debido a la integración y a decisiones de la Suprema Corte y del Tribunal Federal Electoral.
A los organismos autónomos, desde el INE y el INAI hasta las universidades públicas, el gobierno ha querido debilitarlos privándolos de recursos suficientes y, cuando puede, entrometiéndose en sus decisiones internas. La CNDH fue desmantelada.
El presidente López Obrador ha querido expandir sus bases de apoyo con partidos políticos hechizos y con bien ganada fama de embaucadores como Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social y Encuentro Solidario.
Al mismo tiempo, se ha enfrentado con los científicos y centros de investigación más destacados, con las comunidades de artistas y creadores, con las organizaciones sociales más activas e independientes y con la prensa profesional y crítica.
El desprecio por el conocimiento es acompañado por la promoción de supersticiones, la reivindicación de una maniquea historia del país repleta de falsedades a modo y la promoción de consejas morales.
Al presidente le gusta el incienso: se empapa en él en ceremonias autóctonas y lo prefiere en las preguntas de los periodistas fingidos que lo ensalzan en sus conferencias de prensa. Pero, como resulta evidente cada mañana, el más prolífico reproductor de elogios sobre su gobierno es él mismo.
No hay una sola área de la administración pública de la que se pueda decir que tiene un desempeño adecuado. A estas alturas del sexenio, echarle la culpa a los gobiernos anteriores se ha convertido en un recurso desvergonzado e ineficaz. Las omisiones de hoy ya no se pueden justificar en las fallas del pasado.
Dos años después de su inicio, estamos peor. Lo único bueno, si acaso, es que hoy a este gobierno le quedan 731 días menos que hace 24 meses.
ALACENA: Fin a la inquisitorial Ley de Imprenta
La Cámara de Diputados aprobó, con 470 votos a favor, la derogación de la Ley de Imprenta que padecíamos desde hace 103 años. Promulgada por Venustiano Carranza en abril de 1917, esa ley ha sido utilizada para perseguir la opinión y la información que disgustan al poder político. La Ley sobre Delitos de Imprenta castiga con cárcel y multas expresiones con las cuales “se ultraje u ofenda pu?blicamente al pudor, a la decencia, o a las buenas costumbres”, las que busquen “desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del pai?s”, o con las que “se injuria a la Nacio?n Mexicana”, entre otras.
Mucha gente cree que esa ley no se aplicaba pero en años recientes hubo periodistas acusados, y en ocasiones sancionados, con sustento en subjetivas y arbitrarias causales como las mencionadas. Es de festejarse que desaparezca, para lo cual aún falta la votación del Senado.