Adolfo Sánchez Rebolledo
La Jornada
23/04/2015
Cuando las especulaciones de los aguirristas (de Ángel Aguirre) subían de tono para volver a las querencias del poder, salió al ruedo Carlos Navarrete y dejó entrever que el gobernador con licencia, autor de una carta hasta entonces desconocida, no volvería al cargo. Ha parado con ello especulaciones, versiones y ha dado certidumbre a la ruta que el Congreso del estado tiene que seguir, declaró el presidente del PRD, convertido en vocero oficioso del ex gobernador Ángel Aguirre, a quien sólo faltó rendirle un homenaje por su moderación. ¿Eso es todo?
Navarrete no dijo una palabra sobre la situación del estado; menos se refirió a quienes piden juicio político al ex mandatario, tampoco adelantó ninguna propuesta en firme al Congreso para nombrar al sucesor y superar el aguirrismo: la pura formalidad vacía de contenido, gatopardismo en estado puro para mantener el orden sin Aguirre; pobre contribución del PRD a la superación de los problemas del estado y ciega apuesta a la idea de que la legitimidad deviene del poder. Veremos.
Ni siquiera porque unas horas antes, en entrevista con La Jornada, el gobernador interino Rogelio Ortega había señalado algunos de los problemas más graves que, a querer o no, afectan la vida misma en amplios sectores de la cotidianidad guerrerense y, por supuesto, el curso democrático de las elecciones de junio. Ortega dijo algo que no por sabido es menos trágico y comprometedor: que las bandas delincuenciales ‘‘se han apoderado prácticamente de los territorios de cultivo y cosecha de goma de opio, que se obtiene a partir de la amapola. Guerrero es el primer productor de goma de opio en el mundo’’, lo cual tiene sin duda amplias y funestas consecuencias para el presente y el futuro del estado, en sus tres niveles. Los efectos devastadores derivados de esa realidad en términos de violencia, descomposición social e incertidumbre no pueden eludirse, menos en tiempos de campaña electoral, en los que se espera de los diversos contendientes la exposición de sus mejores propuestas.
Sin embargo, no ocurre así. El silencio de los candidatos en campaña y de los partidos que los postulan es una de las razones por las cuales crece la indiferencia, cuando no la indignación genérica y apolítica contra los procesos electorales. Hay afirmaciones que los partidos no pueden eludir sin alzar sospechas. Por ejemplo: cuando una institución reconocida por su seriedad, como el Centro Tlachinollan, escribe: No hemos escuchado de ninguno de los candidatos y la candidata propuestas relacionadas con los temas de fondo, sobre cómo combatir la inseguridad y hacer frente a la violencia. Y añade: la justicia y rendición de cuentas no han estado en el centro del debate público entre los candidatos a gobernador; no sólo evaden los temas, sino lo que es peor, ni siquiera saben qué decir, y mucho menos qué proponer. Y eso es grave.
Pero el problema adquiere tintes de tragedia cuando se pasa de las campañas de los aspirantes al gobierno para entrar en el pantanoso terreno de los municipios, que es el verdadero teatro de operaciones del poder de la delincuencia organizada. Según el actual gobernador existen en el estado 22 municipios presuntamente vinculados con la delincuencia organizada, en los cuales corresponde a los partidos deslindar a sus candidatos. Estos se ubican en colindancia con Michoacán, Morelos, Puebla y Oaxaca. Son 14 municipios de la Costa Grande y de la Costa Chica, y los de la Montaña Alta (y Tierra Caliente).
En estos casos, no se trata de municipios en riesgo o amenazados por la actividad delictiva externa, sino de espacios donde en un grado u otro la presencia del narco ya condiciona o determina la vida municipal, pues en ellos la fórmula Abarca se articula como forma de sumisión del poder político a los objetivos de la criminalidad. Después de la tragedia inconclusa de Iguala, podría creerse que denunciar la connivencia políticos- narco sería uno de los ejes de toda posible campaña en Guerrero. Aprovechar el momento para desnudar las cadenas de corrupción que impiden a los ciudadanos vivir en libertad y elegir a sus representantes. Pero no ha ocurrido así. No hay información suficiente para saber si en esos municipios señalados como focos rojos los partidos se han tomado la molestia de hacer visibles los nexos de sus aspirantes con probables fuentes ilícitas o si han doblado las manos a las inercias de un orden que ya es inseparable del uso y abuso del poder político.
Todos los partidos guerrerenses deberían rendir cuentas claras sobre sus candidatos, antes de que la vía confirme una vez más la infiltración del crimen en sus filas para articular el modelo de Iguala. Sin duda, el terror desempeña aquí un papel crucial, pero no se trata de que la procuraduría extienda un certificado de buena conducta a cada aspirante que sea investigado, aun cuando la autoridad tiene la obligación de velar por la seguridad allí donde las señales de alarma son tan notorias que el mismo gobernador las cita en la entrevista. Contra lo que se pudiera creer, no sólo se trata de garantizar el resguardo del proceso electoral, sino de asegurarse de que dentro de los propios partidos sus militantes ejerzan sin coacciones el derecho a nombrar a sus representantes. La pregunta que los lectores nos hacemos es si los partidos eligen en libertad o si, con el contubernio de sus jerarquías, se doblan ante las pretensiones de las mafias criminales. La respuesta está en sus manos.