Jacqueline Peschard
La Crónica
28/04/2021
La extensión de la presidencia del ministro Zaldívar por dos años en la SCJN es el mayor atropello a nuestro marco constitucional que ha perpetrado el gobierno del presidente López Obrador. Puede ser que efectivamente la adición del párrafo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que insertó subrepticiamente el senador Bolaños Cacho del PVEM, no haya sido redactada en las oficinas de la SCJN. Sin embargo, la falta de un deslinde expreso del ministro presidente por la fragrante violación al artículo 97 constitucional, habla de una alianza perversa entre los poderes del Estado que atenta contra la división de poderes que es un principio básico de nuestra república.
Si la intromisión del Ejecutivo en el Poder Legislativo puede explicarse, que no justificarse, por la mayoría absoluta que tiene el partido gobernante en el Congreso, su injerencia en el Poder Judicial no parece ser resultado de una acción unilateral de la presidencia, sino producto de la anuencia de quien encabeza nuestro máximo Tribunal Constitucional.
Esta alianza perversa ocurre en el contexto de una oposición parlamentaria no sólo fragmentada, sino que se ha visto arrinconada en la irrelevancia. Hay que recordar que la introducción del artículo transitorio tomó por sorpresa a los senadores de oposición y sólo unos cuantos, concretamente 7 -dos del PAN, dos del PRI, dos de MC y el independiente, Alvarez Icaza-, se percataron de la maniobra y fueron capaces de reaccionar a la manipulación de los procedimientos en el Senado. Al final, el debate sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial se vio oscurecida bajo un único dilema: si los senadores conocían o no el transitorio, anulando toda posibilidad de darle relieve al contenido mismo de la reforma al Poder Judicial.
El hecho de que el Senado aceptara la adición anticonstitucional por 80 votos a favor, 25 votos en contra y 4 abstenciones, evidencia que el atropello constitucional se consumó con más de los votos de Morena (60) y sus aliados. Tal parece que privó la distracción, o la ingenuidad entre los senadores de oposición, que no estaban conscientes de la urgencia que tiene la coalición morenista de aprobar las reformas necesarias que le garanticen el control de los poderes como fórmula para darle proyección a los programas y políticas de AMLO, frente a la eventualidad de que no conserven la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados a raíz de las elecciones del 6 de junio próximo.
Los 50 senadores de oposición tendrían que haber provocado un escándalo sonoro, no para evitar la aprobación de la ley en cuestión y su transitorio porque carecen de la fuerza necesaria, pero sí para evidenciar la invasión del Poder Legislativo en el Judicial, porque la Constitución deja en manos de los propios ministros la designación de su presidente por cuatro años estrictos, es decir, no es competencia del Congreso.
Resulta muy poco serio, de parte de senadores de oposición, reclamar que no se enteraron de la adición, pero dado el ambiente persecutorio que se ha generado desde la presidencia de la República en contra de cualquiera que tenga una opinión crítica frente al gobierno, la oposición tenía que haberse vuelto particularmente vocal en el momento mismo del atraco legislativo. Pasar la aduana del Senado implicaba que la minuta transitara a la Cámara de Diputados donde Morena cuenta con una holgada mayoría.
Una vez desvanecido el factor sorpresa, en la Cámara de Diputados la reforma en cuestión se aprobó sólo por 260 votos a favor y 167 en contra, sin embargo, no fue la presencia de la oposición la que resonó en la cámara baja, sino el discurso encendido de Porfirio Muñoz Ledo, quien asumió, desde dentro de Morena, la defensa de nuestro régimen constitucional.
Aunque la opinión publicada se ha volcado en señalar la contravención a la Constitución y a los principios esenciales de derecho que obligan a que cualquier reforma legal sea abstracta, es decir, que no esté dirigida a una persona en particular como en este caso que beneficia directamente al ministro presidente y a los consejeros de la Judicatura en concreto, las consecuencias de una oposición callada o ingenua están ya a la vista. Funcionó el factor sorpresa, la mecánica que ha generado la polarización, ha abierto la puerta a perros de caza, como el senador del PVEM, que se ofrecen para promover acciones alineadas a los designios del gobierno actual, aún a costa de cualquier violación a nuestro marco legal.
Esta lección de irrelevancia opositora ha obligado a los partidos de oposición a promover la acción de inconstitucionalidad para eventualmente corregir la violación a nuestra Carta Magna. El ministro presidente Zaldívar ha dicho que acatará lo que en su momento determinen sus compañeros ministros, dado que él habrá de excusarse por obvio conflicto de interés. En todo caso, la alianza perversa sigue viva, sólo así se explica que el presidente López Obrador haya afirmado que los ministros que eventualmente lleguen a declarar inconstitucional al mencionado artículo transitorio estarían incurriendo en un acto de corrupción. Una nueva intromisión verbal de AMLO en el Poder Judicial.