María Marván Laborde
Excélsior
17/05/2018
La propaganda gubernamental y la propaganda política no sólo son engañosas, son absolutamente incongruentes. Quizá nuestros políticos, candidatos y funcionarios sueñan con un mundo que dejamos atrás hace más medio siglo. Es plausible pensar que antes de la comunicación satelital, ya no digamos de internet 2.0 o de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, un político podía decir una cosa frente a un público y acto seguido decir la contraria en otro escenario.
En los albores de la segunda década del siglo XXI, no sólo resulta naïf, es una pésima estrategia que normalmente se revierte como búmeran en contra de quien la utiliza. La Reforma Educativa de Peña Nieto ha quedado hecha añicos por quienes la impulsaron e implementaron.
Difícil sostener con la mirada en alto y decir, sin el más mínimo rubor, que el interés superior de las niñas y los niños está en el centro de la Reforma Educativa y de las políticas públicas que de ella debieron haber emanado cuando la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Aurelio Nuño, gastó mil 86 millones de pesos en comunicación social en 2016 y mil 963 en 2017. En el primer caso, la Cámara de Diputados había autorizado un gasto por 76.7 millones y en el segundo por 70.6. ¿Para qué sirvió la Auditoría Superior de la Federación?
La propaganda gubernamental vendía los logros de la reforma al mismo tiempo que promocionaba las virtudes del secretario encargado de implementarla. En lugar de invertir en capacitación de maestros, equipamiento de escuelas, mejores programas escolares, desayunos, o simplemente eliminación de cuotas de los padres de familia, todo se fue a la propaganda de una Reforma Educativa que pudo haber sido y a la promoción de un aspirante a precandidato que tampoco fue.
Del otro lado tenemos a Morena, que fracciona su discurso de campaña y a cada público le dice más o menos lo que quiere oír. Para responder a la invitación del colectivo de organismos de la sociedad civil, Diez por la Educación, Esteban Moctezuma, que a decir de López Obrador será secretario de Educación si ganan la elección presidencial, envía un documento técnico, conciliador, que busca reencauzar cuestiones importantes de la reforma, pero que, en esencia, afirma la necesidad de una Reforma Educativa con procesos de evaluación personalizada a maestros y alumnos.
El documento enviado es extenso, consta de 31 cuartillas que pueden consultarse en: https://10porlaeducacion.mx/multimedia/1526086893-353.pdf En éste se proponen acciones como la capacitación permanente, dar prioridad al aprendizaje del inglés desde el preescolar, acceso a internet en todas las aulas, sostiene la evaluación a los maestros, pero ésta deberá atender a “la gran diversidad de condiciones donde se desarrolla el hecho educativo”, garantizar la formación continua de los docentes, etcétera.
Nada de estas 31 cuartillas se parece, en lo más mínimo, al decálogo que el candidato presentó frente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). 1) Fortalecer la educación pública; 2) Alimentación en todas las escuelas; 3) Beca para los estudiantes de preparatoria para evitar la deserción (Ojalá tenga el país el presupuesto suficiente para ello); 4) Todo alumno que quiera entrar a la universidad deberá tener lugar y beca garantizados (mismo comentario que el punto anterior); 5) Fortalecer escuelas normales y la Universidad Pedagógica (¿quién podría oponerse?); 6) “Se cancelará la mal llamada Reforma Educativa. Haré uso de las facultades del Ejecutivo para detener, como aquí se ha planteado, las afectaciones laborales y administrativas al magisterio nacional”. Por decreto y por su propia voluntad, por encima de la ley, cancela definitivamente, no replantea, no, ajusta: cancela. ¿Para qué poner los otros cuatro?